En lo que va del 2023, la Defensoría del Pueblo ha documentado 166 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales. El dato podría ser mayor, pero persiste un subregistro.
La entidad recalcó que entre las familias de los menores reclutados existe miedo a desplazamientos, amenazas “y, en el peor de los casos, asesinatos”, por lo que muchas prefieren guardar silencio y no reportar a las autoridades.
De la cifra de reclutamientos de este año, el 75% corresponde a indígenas menores de edad. La JEP ha documentado que, a lo largo del conflicto armado, el enrolamiento obligado de indígenas se ha ejecutado, aprovechando sus vulnerabilidades, con el propósito de acceder a sus saberes ancestrales y a sus conocimientos de ciertos territorios.
Para el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, ante el alto número de reclutados de las poblaciones indígenas “se requiere una atención diferencial y una articulación entre autoridades administrativas y autoridades étnicas, para fortalecer las acciones de prevención”.
Entre todos los casos, la Defensoría indicó que poco más del 59% corresponde a niños y adolescentes de sexo masculino, mientras que un porcentaje levemente superior al 40% corresponde a niñas y adolescentes de sexo femenino.
En relación con los departamentos con más reclutamiento de menores, Cauca es el que más ha reportado episodios, con 124 casos. Le sigue Nariño, con nueve; Arauca y Putumayo, cada uno con seis, y Caquetá, con cinco casos.
“Los departamentos de frontera y con alto flujo migratorio también se ven afectados por este fenómeno, a ello se suma el control territorial y social que ejercen los actores armados, lo cual hace más difícil que familias, lideresas y líderes sociales y sociedad en general denuncien”, explicó la Defensoría del Pueblo.
La Defensoría viene documentando casos de reclutamiento desde la creación de su estrategia para denunciar a través del ‘Botón de registro de casos’. El Botón fue habilitado en 2021, y desde entonces se han documentado 344 casos, de los que en 2023 se ha presentado el 48%.
El panorama este año resulta más preocupante si se tiene en cuenta que al menos 29 Alertas Tempranas, entre las 35 que ha emitido la Defensoría del Pueblo en 2023, están relacionadas con el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes.
Las disidencias de la Farc, desde el Estado Mayor Central hasta la Segunda Marquetalia y otras facciones, representan una sustancial mayoría de los casos de reclutamiento, con un 91,1%. A esos grupos les sigue el ELN, con un 7%, y los grupos residuales descendientes del paramilitarismo, como las Autodefensas Gaitanistas o Los Caparros, con un 0,6%.
“Los grupos armados ilegales deben abstenerse de reclutar, usar y utilizar niñas, niños y adolescentes. Respeten el derecho internacional humanitario y los derechos humanos de toda la población, especialmente los de los menores de edad”, exigió el Defensor del Pueblo.
La Defensoría le pidió a las entidades que conforman la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento (Ciprunna) adoptar una implementación efectiva de la Línea de Política Pública de Prevención del Reclutamiento.
“A la institucionalidad, le solicitamos fortalecer los entornos protectores y generar estrategias que permitan prevenir esta grave violación a los derechos humanos”, concluyó Camargo Assis.
