La intimidación contra población civil campesina de la que son acusados soldados del Ejército Nacional en el municipio de Tierralta, Córdoba, abrió un nuevo frente de discusión entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa.
Tras conocerse los hechos, el Comando de la Comisión Séptima del Ejército Nacional emitió un comunicado en el que aseguró que los uniformados involucrados en estos actos, ocurridos en la vereda Bocas del Manso, son soldados que hacen parte del Batallón de Infantería N.33 ‘Batalla de Junín’.
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Los militares, que pertenecerían a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, son acusados de intimidar en la vereda Bocas del Manso, de Tierralta, Córdoba, a varios campesinos, entre los que se encontraban mujeres y niños, fueron intimidados.
Sobre esta situación, el presidente Gustavo Petro dijo que “volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública”. “Esto no puede pasar en este gobierno. Es el mismo ejército quien debe presentar públicamente, al lado del gobierno, su propia investigación en estos hechos”, indicó el jefe de Estado en su cuenta de X (antes Twitter).
Petro además señaló que es “el mismo Ejército el que debe presentar públicamente, al lado del gobierno, su propia investigación en estos hechos”. Ese pronunciamiento fue cuestionado por el fiscal Francisco Barbosa, quien le dijo a Petro que “las funciones de investigación en este país no están en cabeza suya, sino en cabeza de la Fiscalía General de la Nación”.
El ingrediente que agravó la situación fue el atentado que sufrió el equipo conformado por delegados de la Fiscalía y la Procuraduría cuando se dirigía a la zona para comenzar una investigación interdisciplinaria sobre los hechos.
“Le enviaremos un oficio al Presidente de la República, manifestándole esa preocupación, de que miembros de la Rama Judicial del Poder Público no pueden cumplir adecuadamente sus funciones en el territorio nacional”, aseguró Barbosa en una rueda de prensa.
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Además, el fiscal criticó que “no existen garantías de investigación en Colombia. El Ejército Nacional El Ejército no da garantías de seguridad a la justicia colombiana, a la Fiscalía General”.
En los videos por los cuales se conocieron los hechos se puede evidenciar cuando los uniformados apuntaban con sus pistolas y armas de largo alcance a las personas que estaban acompañadas de bebés en brazos y niños.
Incluso, uno de los soldados le quitó el seguro a su arma y apuntó por varios segundos a la persona que grabó el momento con su celular. En otra ocasión, trataron de enfrentarse a una mujer que tenía a su bebé en brazos.
“Usted a mí no me manda callar, porque yo tengo derechos y usted me los está vulnerando. Son criminales. Vamos a ver si son capaces de meterme un tiro con mi hijo en brazos. Dígame si esto les parece justo: compararse con nosotros, que no tenemos cómo defendernos”, le dijo la madre al hombre armado.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, calificó el hecho como “sumamente grave” y prometió “drásticas” sanciones para los uniformados involucrados.
