Durante un debate de control político en la plenaria del Senado, Carlos Ramón González instó a los congresistas a ayudarlos a investigar presuntas anomalías en el funcionamiento de la entidad.
Si bien este martes sectores petristas intentaron frustrar el debate de control político contra el director de Inteligencia Nacional, Carlos Ramón González, finalmente la discusión –promovida por la oposición–, se realizó y allí el funcionario dio explicaciones sobre hechos de presuntas interceptaciones ilegales o chuzadas.
Al ratificar que el gobierno de Gustavo Petro “jamás haría una cosa de esas, porque no está en su ADN”, González negó que durante el actual mandato se incurra en actividades de persecución o chuzadas contra miembros de la oposición, periodistas o exintegrantes del anterior Gobierno y oficiales retirados de la Fuerza Pública.
Le puede interesar: Carlos Ramón González, de sombra de Petro a faro de los escándalos en el ‘Gobierno del cambio’
Sin embargo, el director de Inteligencia Nacional instó a los congresistas a estar atentos y no descartó que algún funcionario asociado al sector esté protagonizando algún tipo de irregularidad que deba ser analizada e investigada por la Fiscalía.
“Las puertas están abiertas para cualquier visita que nos quieran hacer para verificar lo que hacemos. No tenemos absolutamente nada qué ocultar. Al contrario, tenemos mucho qué contarles de lo que hemos avanzado en procedimientos, procesos y controles para que esto no suceda. Pero les pedimos que por favor nos ayuden a investigar. No descartamos que algún funcionario X o Y de alguna inteligencia esté haciendo alguna tropelía o cometiendo algún delito”, manifestó González.
El debate fue convocado por el senador de oposición David Luna (Cambio Radical), quien formuló un cuestionario de 20 preguntas en el que indagó si la Dirección Nacional de Inteligencia ha adquirido equipos especializados que se usan para interceptación de comunicaciones y otros que son invasivos; si hay procesos de seguimientos ilegales e interceptaciones, o si hubo actividades de control y verificación de mensajes de WhatsApp a través de una agencia en Brasil.
Ante ello, González aseguró que “todas las respuestas son no”, al tiempo que insistió en que en este Gobierno “no reconocemos enemigos políticos, reconocemos opositores”. Sin embargo, González precisó que solo puede responder por el actual Gobierno, más no por la actividad de Dirección Nacional de Inteligencia en otros periodos.
Lea aquí: Se conoce decreto con el que el Gobierno busca centralizar los servicios de inteligencia del país
Luna insistió en que hay preocupaciones sobre el cargo de director Nacional de Inteligencia, “uno de los más importantes del país y que hoy está en manos de un político, como nunca lo había estado, porque siempre había estado protegido por intereses superiores de la patria. Queremos saber si pensar distinto amerita que haya operaciones o en su defecto, si esas operaciones son ciertas o no”, agregó.
Este martes, previo a la intervención de González, otra polémica proposición hizo tránsito en el Congreso. Días después de la proposición con la que se tramitó la reforma pensional y la que apenas este lunes buscó frustrar la moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, este martes se conoció otra con la que el petrismo buscó que evitar que sea público el debate de control político citado contra González.
La proposición fue respaldada, entre otros, por senadores oficialistas como Iván Cepeda o María José Pizarro (Pacto Histórico). Allí se señalaba que por tratarse de asuntos de seguridad nacional e inteligencia –que abarcan temas confidenciales e información sensible–, se declarara una sesión reservada, lo que implicaría que no sea pública ni se transmita por los medios de comunicación.
“No es que no queramos debatir, pero podemos incurrir en problemas jurídicos, disciplinarios y penales. En ningún momento estamos preocupados porque se haga un debate de control político porque sobre las labores de inteligencia y contrainteligencia, máxime cuando hemos sido en el pasado –como miembros de la oposición o defensores de derechos humanos–, víctimas de interceptaciones ilegales, sino de montajes que han afectado y vulnerado derechos”, explicó la senadora Gloria Flórez (Pacto).
En respuesta, el senador citante, David Luna, negó que durante la discusión se vaya a pedir un reporte de inteligencia, ni divulgar información que tenga reserva legal. “Si esas preguntas tienen respuesta que considera el hoy citado (Carlos Ramón González) deben gozar de algún tipo de reserva es él quien tiene la responsabilidad decirle al país que no puede oírla ninguno de los ciudadanos”, manifestó.
Le puede interesar: De las chuzadas del DAS a las de Laura Sarabia
Ante la controversia, el propio director Carlos Ramón González hizo un llamado a la responsabilidad de este tipo de temas y defendió que “todos somos sujetos de control político”. Por ello, pidió “suscribir el debate a lo que es público, a lo que se puede decir públicamente, sin revelar secreto alguno sobre personal, medios técnicos, misiones ni procedimientos, que es lo que la ley nos obliga a preservar. Sobre esa base creo que es un debate sano”.
En esa línea, González ratificó que el Gobierno de Gustavo Petro, “nunca, jamás” incurriría en chuzadas o interceptaciones ilegales. Todo esto, “por principio fundante de nuestro Gobierno”.
Siga leyendo: Procuraduría ordenó inspección disciplinaria al Dapre por el caso Laura Sarabia
Ante la controversia y el cruce de versiones e interpretaciones frente a si tenía lugar o no la reserva reservada, el oficialismo –en cabeza del senador Ariel Ávila (Alianza Verde)– informó que se retiraba la polémica proposición.
