El pacto suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y el concesionario de la Ruta del Sol II, para terminar de mutuo acuerdo el contrato de la vía, busca blindar a los acreedores de la obra.
Así lo sostuvo Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, al explicar a este diario los detalles del pacto. Insistió en que no se está protegiendo a Odebrecht y que para la firma brasileña habrá castigo.
¿Después de firmarse este acuerdo con el concesionario de la Ruta del Sol II, qué viene para la obra?
“La ley colombiana, específicamente la Ley 80, dice que si un contrato se obtiene a través de un delito, en el proceso del mismo se debe terminar y se pide la nulidad absoluta. Sin embargo es un proceso que se puede tomar varios meses. La ANI presentó una demanda ante un tribunal de arbitramento y todavía no se ha decidido. Realmente no es conveniente para el país seguir esperando porque las obras están suspendidas y queremos retomar el inicio del proyecto cuanto antes, por eso procedimos a terminar el contrato de mutuo acuerdo. Eso nos permite retomar la infraestructura y que el Invías abra licitaciones por obra pública y continuar con la ejecución”.
¿Pero este acuerdo sí es favorable para los intereses del país teniendo en cuenta que el concesionario habría obtenido el contrato mediante actos de corrupción?
“Este acuerdo tiene dos elementos supremamente favorables al Estado colombiano. El primero es que ellos renuncian a las pretensiones que tenían en el tribunal de arbitramento (por 700 mil millones de pesos). Si en la liquidación del contrato hay un saldo a favor, se comprometen a que lo mantengamos retenido para tener una garantía en caso de que surjan demandas contra el Estado o contra la concesión por el contrato Ruta del Sol II. Por ejemplo, si la SIC pone una multa al concesionario por violar el régimen de competencia, el pago saldría de esa plata. Si el Estado demanda por los sobrecostos que incurrió por liquidar el contrato iría contra ese saldo. La concesión no recibe nada. Queremos que tanto la metodología como el valor de lo pactado lo valide un juez para darle solidez jurídica”.
¿No le parece injusto tener que pagarle al concesionario ese dinero con los antecedentes de corrupción que ya le mencioné antes?
“Es que eso es lo que dice la Ley 80, hay que reconocer los costos en que incurrió y que le generan un beneficio al Estado. Es obvio y claro que han construido cientos de kilómetros en el Magdalena Medio, pero una gran parte ha sido con deuda. Por ejemplo, a los bancos el concesionario les debe 2,4 billones de pesos. El Gobierno lo que reconoce es que se le va a pagar a los bancos, a los empleados y a los proveedores que son terceros de buena fe, víctimas de un acto de corrupción”.
Sin embargo le insisto, si hay un antecedente de corrupción de un constructor como Odebrecht, el castigo debería ser que ellos paguen todo...
“Hay que diferenciar dos cosas: una situación es el castigo a los corruptos y es una prioridad del Estado colombiano, en la que hay plena colaboración nuestra, y Odebrecht está siendo castigado, así como los individuos que participaron en todo eso. Otra cosa son los terceros de buena fe. Si soy un proveedor que estoy ofreciendo servicios a la concesión, si soy un hombre de negocios decente no tengo por qué ser castigado. Si soy un banco y le presté dinero al proyecto, no puedo ser castigado. Por eso la ley lo dice: se debe pagar por lo que se hizo y luego se le debe dar prioridad a los acreedores, comenzando por los más débiles y luego aquellos que tienen garantía como los bancos. Pero este acuerdo va más allá y es que después de pagarles a los terceros, no le vamos a entregar dinero al concesionario. Esa plata quedará en cuentas por pagar para que respondan por todas las multas por los hechos de corrupción que se llevaron a cabo. En el país tenemos dos objetivos: uno es identificar y castigar a los corruptos, pero es igualmente importante proteger a terceros de buena fe y mantener el crecimiento de la economía. Además necesitamos reiniciar las obras de la Ruta del Sol II”.
¿Cuál es el saldo que se tendrá que pagar y de dónde saldrá ese dinero?
“Tenemos un periodo de cuatro meses para ir, kilómetro a kilómetro, para verificar la calidad y el valor de las obras que estamos recibiendo. Esto se hará con el acompañamiento de la interventoría porque no tenemos confianza en la integridad de la concesionaria. El saldo saldrá de ese análisis. Lo que sí sabemos es que las acreencias a los bancos son por unos 2,4 billones de pesos y a los empleados se les adeudan unos 100 mil millones. Lo que hará el Estado es pagar por un trabajo que se hizo y eso ocurre en todos los contratos. La mayoría de esos recursos ya están, tenemos 1,5 billones de pesos, nos queda faltando un billón de pesos que sale de recursos que estaban comprometidos en vigencias futuras”.
