Más de 50 años de conflicto armado y de disputas territoriales por la tierra y el poder le dejaron a Colombia una dolorosa cifra de 5.307 fosas comunes, cementerios ilegales y sitios de interés forense donde la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) intenta hallar los cuerpos de los 99.235 desaparecidos que tiene el país.
Descubiertos a cielo abierto, en cementerios o sedes de grupos armados y en el agua, los sitios donde podrían estar los cadáveres de esos desaparecidos son investigados a profundidad con los equipos forenses de la UBPD, que ha recibido a miles de informantes que aseguran conocer tumbas, enterramientos o mapas de donde fueron sepultadas las personas asesinadas en medio del conflicto.
Del fenómeno no se salva ningún territorio del país: todos los 32 departamentos –incluyendo las islas de San Andrés y Providencia que generalmente reportan las cifras más bajas de todas las victimizaciones del conflicto– registran fosas comunes y cementerios ilegales.
Eso sí, unos más que otros. Con 1.043 sitios de interés forense, Antioquia es la región con más sitios ilegales donde podría haber cuerpos del conflicto armado. Un dato que contrasta con las 23.077 personas reportadas como desaparecidas ahí (ver infografía). Los otros cuatro departamentos con más casos son Meta, con 724 fosas y cementerios ilegales; Cesar, con 220; Sucre, con 300 y Chocó, con 249.
Otro punto clave son los municipios donde más sitios de interés forense se reportan, pues coinciden con territorios altamente afectados por el conflicto. El territorio local con más registros es Puerto Berrio, Antioquia, que contempla por lo menos 319 lugares donde buscarán personas dadas por desaparecidas. Le siguen San José del Guaviare, con 108; San Onofre, Sucre, con 187, y Samana, Caldas, con 96. Medellín, por ejemplo, solo reporta 88 casos.
Intervenirlos: el punto clave
Después de registrarlos, el proceso de intervención es largo y requiere de tiempo por la cantidad de casos en los que actúa la Unidad de Búsqueda. En diálogo con EL COLOMBIANO, la directora de esa entidad, Luz Marina Monzón, detalló que a esa primera etapa donde reciben la información de un posible sitio se le denomina en etapa de “referenciado”.
Después se realiza un proceso de triangulación y verificación en el que el dato es registrado como “presunto”, pues la investigación permitió asignar una probabilidad muy alta de que el sitio hubiera sido dispuesto para ubicar cuerpos de personas desaparecidas en razón del conflicto armado.
Y, por último, los puntos calificados como presuntos son incluidos en los planes de intervención forense y posteriormente visitados por los equipos de la Unidad. “Es ahí cuando finalmente cambiamos el registro a confirmado o descartado. Si es positivo, entra a la lista de puntos a intervenir para extraer los cuerpos y realizar los estudios correspondientes”, dijo Monzón. Así, de las más de 5.000 fosas comunes y cementerios ilegales, 4.351 son referidos, 250 presuntos, 524 confirmados y 182 descartados.
Lo cierto, explica Monzón, es que el proceso con las fosas comunes y cementerios ilegales es aún más complejo de lo que parece. Además de la cantidad de sitios por revisar, las expediciones no siempre dan con resultados positivos: la memoria falla, los ecosistemas se mueven y, al final, es un golpe de suerte encontrar un cuerpo desaparecido en esos lugares hace varias décadas.
El proceso no para ahí. Encontrar ese cuerpo no es sinónimo de podérselo entregar a su familia, pues es necesario tener una idea de a quién podría pertenecer para hacer los estudios genéticos.
Por ahora, la Unidad de Búsqueda tiene quizás el reto más complejo de todas las entidades del país: encontrar a casi 100.000 personas desaparecidas durante el conflicto. No obstante, en ese objetivo, un solo cuerpo que vuelva a su familia vale por mil. En los cinco años de trabajo de esa entidad, que hace parte del Sistema Integral para la Paz, se han recuperado 667 cuerpos y 10 de ellos fueron identificados y entregados a su familia.
