“El 7 de agosto de 2022 todo cambió al interior del Ministerio de Salud. Desde la llegada del ‘gobierno del cambio’ se dejó a un lado el componente técnico para priorizar el ideológico. Empezó una especie de cacería de brujas que se reflejó en múltiples casos de acoso laboral en diferentes dependencias del Ministerio”.
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Quien habla es Fernando*, un funcionario de la cartera de Salud del Gobierno que aceptó dialogar con EL COLOMBIANO con la condición de mantener bajo reserva su identidad –por temor a represalias– y con la intención de hacer visible el acoso laboral que ha tenido que enfrentar desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, con la gestión de Carolina Corcho y del ahora ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
Este diario contactó a dos funcionarios de ese Ministerio que aseguran que han visto afectada su salud mental por asuntos laborales. Esto se debe a que han tenido que lidiar con una sobrecarga de trabajo que los obliga a cumplir jornadas hasta las 9:00 de la noche, atender llamadas de sus jefes a las 10:00 de la noche los fines de semana e incluso soportar hostigamientos hacia quienes son catalogados como ‘enemigos’ de la reforma a la salud.
Estos empleados del sector público coincidieron en que los suyos no son casos aislados y que, por el contrario, se trataría de un tema aparentemente sistemático de acoso laboral que estaría presentándose dentro de varias dependencias ministeriales y entidades del Gobierno Nacional.
Así lo respaldan las denuncias publicadas por distintos medios de comunicación y también las radicadas ante los entes de control. Estas quejas salpican a los ministerios de Salud, Ciencia y del Deporte, y a entidades como Artesanías de Colombia y el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Acoso ideológico en Minsalud
Asoness, el sindicato del Ministerio de Salud, reveló en octubre una serie de casos de acoso laboral que se están registrando dentro de esa cartera y lo hizo a través de una carta enviada directamente al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. En la misiva, varios funcionarios que hacen parte de ese sindicato denunciaron que el acoso se volvió paisaje porque se generó un ambiente de temor a la revictimización y las represalias contra quienes hagan públicos sus casos.
Fernando aclaró que a la fecha esa carta no tuvo ningún efecto en el Ministerio para erradicar la problemática, por lo que se animó a hacer públicas las que considera que son irregularidades, por ejemplo, en la contratación de profesionales sin experticia que no cumplirían con el perfil para realizar sus labores. Según él, esto ha implicado constantes presiones y sobrecarga de trabajo para funcionarios de planta.
“Uno de los temas más delicados es que han cambiado los manuales de funciones para acomodar profesiones que no tienen nada que ver con el perfil que se exige para algunos cargos. Eso ocurrió con la exministra Carolina Corcho y con el ministro Jaramillo y representó una destecnificación del personal al contratar a personas sin experiencia”, expuso Fernando.
Ese es el caso de Paula*, quien se desempeñaba como coordinadora de una de las dependencias del MinSalud y tuvo que lidiar con una sobrecarga laboral, luego de que en su equipo le impusieron a varios contratistas que no tenían un perfil profesional adecuado para cumplir con las labores profesionales que les pedía.
“Durante el proceso de empalme me encontré de primerazo con personas que no tenían certificada la experiencia para estar en algunos cargos y venían respaldados por el nuevo gobierno. El problema es que eso retrasaba los procesos de la dependencia y me obligaba a extender mi jornada laboral diariamente hasta las 9 o 10 de la noche”, relató.
Paula era una funcionaria de planta que no soportó lo que considera que fueron una serie de hostigamientos de parte de sus superiores como respuesta a sus reparos frente a procesos que, en su concepto, no se estaban haciendo bien, como gastos de recursos en cartillas para promover la reforma a la salud, aunque ese dinero tenía otra finalidad, según los contratos firmados.
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“Me choqué de frente con jefes que cuestionaban mi trabajo por el hecho de hacer reparos al desempeño de los contratista o por su insistencia con la reforma. Con la ministra Corcho era bastante difícil porque es una persona intransigente que no escucha los reparos. Empezó una persecución en mi contra por la que tuve que buscar acompañamiento profesional e incluso arriesgar mi carrera renunciando a mi cargo, que era de planta”, agregó Paula.
La ahora exfuncionaria apuntó que a todo aquel que tenga reparos frente a los procesos en el Ministerio lo “hacen aburrir” o tratan de “silenciarlo” ordenando su traslado, incluso planteó que los superiores suelen mencionar que al que no le guste el método de trabajo, se puede ir.
Este diario consultó al Ministerio de Salud para conocer si se pronunciarían sobre estas denuncias de presunto acoso laboral, pero al cierre de esa edición no hubo respuesta alguna desde el área de Comunicaciones de esa cartera.
¿Se volvió el ‘pan de cada día’?
La lucha contra el acoso en el gobierno de Petro parece que se quedó solo en el discurso. Y es que el mandatario aseguró en marzo de este año que la reforma laboral que está tramitando en el Congreso se encargará de erradicar problemáticas como el acoso sexual y el laboral, pero las denuncias dejan en evidencia que esa propuesta no se ha materializado ni siquiera en el Gobierno.
“Este proyecto de ley debe permitir, si se aprueba por el Congreso que inicia su trámite allí, que cese el acoso sexual y laboral en el país y debe permitir que el salario real pueda crecer en Colombia”, expuso el presidente en ese momento.
Además, el frente de Petro en el Congreso también ha rechazado el acoso. La representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, le ha hecho campaña en redes a la iniciativa reformista argumentando que acabará con el acoso en el trabajo.
Lo cierto es que la lucha contra el acoso en los entornos laborales se convirtió en una paradoja para Petro, pues en el año y cuatro meses que lleva en el poder se han destapado una seguidilla de denuncias ante las que él ha preferido guardar silencio, al igual que la mayoría de las entidades salpicadas.
La más reciente entidad donde estalló un escándalo de presunto acoso laboral fue en Artesanías de Colombia, donde se señala a la gerente, Adriana Mejía –quien llegó al cargo por ser amiga de la primera dama Verónica Alcocer–, de hostigar a los funcionarios llegando al punto de gritarles, insultarlos y calumniarlos.
La denuncia fue revelada por la revista periodística digital CasaMacondo, que publicó un reportaje en el que recogió testimonios de funcionarios que aseguraron que Mejía suele preguntarles si son de planta o contratistas para saber si los puede “botar” de la entidad. Y, además, se encarga de revisar las quejas disciplinarias para evitar que haya voces de protesta. Uno de estos casos está en manos de la Procuraduría.
También está salpicado el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, a cargo de Yesenia Olaya Requene. Medios como El Tiempo revelaron denuncias de funcionarios que aseguran haber recibido malos tratos y presiones. Pero la situación no se quedó allí, pues un grupo de funcionarios así como el sindicato del ministerio le enviaron cartas por separado al presidente denunciando casos de acoso que han motivado a renuncias incluso en cargos directivos.
Deyanira Duque, quien representa al sindicato, denunció que hay contratistas desempeñando funciones sin contrato vigente y jornadas laborales extensas que están perjudicando la salud de los funcionarios. La ministra Olaya Requene le respondió al diario citado que la sobrecarga es un problema estructural y no de la cartera de Ciencia.
El tercer ministerio salpicado por presunto acoso laboral es el del Deporte. Las denuncias fueron recogidas por la W e implicaron a la exministra María Isabel Urrutia, investigada por firmar irregularmente decenas de contratos, y a quien ella nombró como director de posicionamiento y liderazgo, Edwin Cabezas.
A la exministra Urrutia la señalaron de tratar de tomar las decisiones relacionadas con los deportistas vinculados al programa de apoyo Atleta Excelencia. La acusaron de meterle mano al programa para intentar promover, excluir o mover de categoría a los deportistas a su antojo.
El caso de Cabezas fue llevado a la Procuraduría y a la Fiscalía, en donde se le acusó de acoso laboral, calumnia y conflicto de intereses porque, según los denunciantes, estaba intentando mover influencias para que a su esposa la llevaran a competencias internacionales aunque no pertenecía al Comité Olímpico Colombiano, pues ella es entrenadora en levantamiento de pesas.
La otra entidad que también está relacionada con presuntos actos de acoso laboral es el Centro Nacional de Memoria Histórica, que el presidente Petro dejó en manos de María Gaitán Valencia, arquitecta y política que es nieta de Jorge Eliécer Gaitán.
Medios de comunicación como El País de España y El Espectador recogieron denuncias de funcionarios que dicen que han tenido que presenciar dentro de la entidad hechos de acoso que van desde la violencia verbal y las burlas, hasta despidos sin justa causa.
Las denuncias fueron respaldas por la Asociación Sindical de Servidores Públicos por la Memoria (Asmepaz), que publicó una carta cuestionando que los casos de acoso laboral se estarían incrementando durante el gobierno Petro y la directora Gaitán Valencia se desentendió de los reclamos asegurando que no es una jefe que maltrate al personal ni que despida sin justificación.
Y aunque los más sonados se han dado en los ministerios y entidades, el círculo político más cercano del presidente no ha sido ajeno a este tipo de polémicas. Por ejemplo, Laura Sarabia, su exjefe de gabinete y ahora directora de Prosperidad Social, está bajo la lupa por un caso de presunto abuso de poder, por la persecución y la práctica de polígrafo a la que fue sometida su exempleada doméstica, Marelbys Meza. Por ese caso una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia la citó a un interrogatorio el 18 de enero, luego de que Sarabia solicitara ser escuchada al respecto.
Además, el senador Álex Flórez, del Pacto Histórico, también ha estado en el ojo del huracán por un caso de presunto abuso de poder por insultar y señalar de “asesinos” –en estado de embriaguez– en septiembre de 2022, a un grupo de policías en Cartagena, hecho que le costó una suspensión e inhabilidad de 8 meses –anunciada en mayo por la Procuraduría–. El ente de control expuso en un comunicado sobre la suspensión que Flórez “arremetió con expresiones calumniosas contra los uniformados”.
Entra tanto, la representante Susana Gómez, más conocida como Susana Boreal, fue denunciada por exintegrants de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) quienes la señalaron en redes sociales de maltrato laboral y la acusaron de incumplir pagos y contratos que había pactado. Por ese caso la Procuraduría le formuló cargos Gómez, o Boreal, y a su pareja, Christian David Guzmán (miembro de su UTL), por el presunto “trato irrespetuoso contra varios miembros de su equipo”.
*Nombres cambiados por solicitud expresa de la fuente.
