Por 45 días al representante Jairo Cristo, de Cambio Radical, le embolataron en la Comisión Séptima de la Cámara el impedimento que radicó por un posible conflicto de intereses por los aportes a su campaña. La mesa directiva, en manos del Pacto Histórico, solo le dio respuesta después de torearlo durante ese mes y medio y lo sacó de la votación de la reforma laboral, según él, para impedir su voto negativo y salvar ese proyecto del Gobierno.
Según el Congresista, se trató de una ‘jugadita’ porque su impedimento lo aprobaron para sacar del camino un voto en contra y –alegó– no hicieron lo mismo con sus colegas que estaban a favor de la reforma, que terminó hundida, y que radicaron el mismo recurso. Este hecho configuró uno de los líos con los que la oposición intentará hacer que se frenen –e incluso hundan– los proyectos de ley estratégicos del Gobierno por vicios de trámite.
Por casos como este los impulsores de esas iniciativas están en una encrucijada, pues además de estos enredos hay más de 30 demandas ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado contra las leyes que el Gobierno logró aprobar en el Capitolio y contra las que continúan siendo tramitadas.
‘Jugarretas’ para pasar reformas
Un mes antes de posesionarse como presidente, Petro aseguró que el grueso de sus reformas sociales tenía que ser aprobado en el primer año de su gobierno o, de lo contrario, estas se hundirían. “No creemos que se puedan aprobar proyectos de esta magnitud después del primer año. O lo hacemos en este, con el viento a favor, o después la historia nos mandará hacia otros lares”, planteó en julio de 2022.
Pese al optimismo del Mandatario, ese propósito fracasó y la única reforma que fue aprobada por completo al inicio de su gobierno fue la tributaria, en noviembre de ese año, cuando todavía tenía las mayorías. Entre tanto, las reformas a la salud y pensional solo pasaron el primer debate y siguen en vilo, y se hundieron la laboral, la carcelaria y la que buscaba regularizar el comercio de cannabis en el país.
Ahora el escenario es distinto y podría jugarle en contra a la Casa de Nariño. Y es que el oficialismo tendrá que trabajar a contrarreloj para lograr que en el lapso de un año se aprueben las dos reformas que siguen vivas, pero ya no agarrará la sartén por el mango, pues desde el 20 de julio perderá el control de las mesas directivas del Senado y la Cámara, que quedarán en manos de la Alianza Verde y el Partido Liberal, respectivamente.
Y es que a los tiempos que le juegan en contrarreloj, se le suma esa ruptura en la coalición de gobierno que ha sido uno de los pesares que más le pesan a Petro al momento de tramitar las reformas. Lo cierto es que varias se estancaron porque no existe un diálogo constructivo y directo con el Capitolio, algo que ya tiene corriendo a varias de sus fichas para recomponer la situación.
Así las cosas, estos han sido los casos que más han sacado chispas entre partidarios y opositores al Gobierno, y que muy probablemente terminarán ante las altas cortes para alegar vicios en el trámite de las reformas:
Se embolataron artículos y se saltaron pasos
Una agitada rencilla política que se registró en la Comisión Séptima de la Cámara el 16 de mayo destapó una serie de duros reclamos contra la mesa directiva, liderada por el representante Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, por posibles irregularidades que habrían salpicado la reforma a la salud.
Según denunció el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, durante esa sesión de más de ocho horas se concretó la enmienda con la que el oficialismo buscaba desenredar la discusión, estancada hasta ese momento por la negativa de los partidos Conservador y La U de votar el articulado como lo había dejado Carolina Corcho.
De acuerdo con Forero, con esa enmienda el Pacto Histórico hizo una movida estratégica para gran parte del articulado con el que no estaban satisfechos Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro, jefes del Conservador y La U. El congresista opositor denunció que la enmienda “fue radicada por cuatro ponentes, pero habían quedado mal 57 artículos. No aparecían, no los metieron”.
Ante esta posible irregularidad, la representante verde Martha Alfonso defendió que se trató de una enmienda parcial, que está contenida dentro de la Ley 5 de 1992 como un recurso válido en el marco del trámite legislativo. “Por eso no se enmendó todo el articulado, sino una parte”, dijo.
En medio de ese rifirrafe, la oposición elevó su voz de protesta y aseguró que se trató de un claro vicio en el trámite y le sumó reclamos sobre el corto tiempo que consideraron que no fue suficiente para discutir el contenido de la reforma y por la interrupción de una votación en curso sin clara justificación y errores en la numeración del articulado, lo que generó confusión y críticas.
“El trámite de la reforma a la salud estuvo viciado. Por ejemplo, se vio que por falta de quórum suspendieron la votación antes de que se cumpliera la media hora reglamentaria y volvieron a poner el mismo tema a consideración de la plenaria”, reclamó el representante Forero.
Así, la oposición reclamó que la mesa directiva se habría saltado los pasos adecuados para la aprobación, pero en su momento Escaf desacreditó toda sospecha de vicios en el trámite. “La oposición siempre habla de vicios, pero no los hay. Hemos sido claros y explícitos, además de garantistas, durante todo este proceso. Hemos ido avanzando y no ha habido razones para impedir el debate”, apuntó Escaf.
Tan solo tres días después de esa belicosa sesión del 16 de mayo, la mayor parte del articulado de la reforma había sido aprobado y Forero anunció que llevará las presuntas irregularidades ante la Corte Constitucional. “La reforma fue pupitreada, pero la pelea sigue en la plenaria (en segundo debate) y también ante la Corte Constitucional. El que se cansa pierde”, dijo el opositor.
Hubo enredos en la votación e impedimentos
A tan solo una semana de concluir la legislatura, el 13 de junio, sorpresivamente se destrabó la reforma pensional con la aprobación de la mayoría de sus artículos, pese a que la iniciativa estuvo estancada durante más de dos semanas ante repetitivas desbaratadas del quórum, lo que generó altercados y discusiones en la Comisión Séptima del Senado.
Ese día la jornada se extendió por más de 8 horas y la prioridad del Gobierno era clara: aprobar sí o sí la reforma pensional. En medio de esa carrera surgieron serios cuestionamientos porque la mayor parte del proyecto fue aprobada por un máximo de 8 senadores de los 14 que conforman la Comisión Séptima.
Y es que de los 14 representantes hubo 6 que se ausentaron de la sesión después de ser recusados porque algunos de ellos tienen hijos y en el articulado se incluía un beneficio pensional para las madres. Los legisladores decidieron faltar a la sesión hasta que el Comité de Ética resolviera esas recusaciones, pero esto no fue impedimento para que el oficialismo sesionara y votara.
Con 8 senadores presentes se configuró la mitad más uno y no había inconvenientes legales según la mesa directiva. El problema fue que en un momento de la discusión quedaron 7 en total, pero esto no fue impedimento para que se votara el articulado, por lo que se habló de un posible vicio de forma en la aprobación, pues la sesión se dio aunque los ausentes dejaron constancia.
A esto se le suma la polémica citación a la sesión del 8 de junio de esa misma Comisión del Senado, pues se hizo a través de WhatsApp y se le envió a los parlamentarios casi a la media noche. Forero calificó lo ocurrido como una irregularidad y señaló que se citó “ilegalmente a la sesión a las 11:58 p.m. para discutir la reforma pensional. La bancada de gobierno parece empecinada en viciar las reformas de Gustavo Petro”, apuntó.
Otra supuesta jugada con la votación se dio en la Comisión Séptima de la Cámara el 16 de junio mientras se discutía la reforma laboral. Allí, según denunció el representante Cristo, la mesa directiva aceptó impedimentos a conveniencia para tratar de descartar los votos de opositores.
“Hubo representantes que presentaron un impedimento igual que el mío y a ellos se lo negaron, mientras que a mí sí me lo aprobaron. Entonces, vimos cómo el ‘Gobierno del cambio’ utilizó jugadas para que los representantes no pudieran hablar”, cuestionó Cristo, quien señaló al oficialismo de intentar hacer trampas para favorecer a las reformas.
El Congresista denunció que con esa situación se habría violado el artículo 13 de la Constitución relacionado con el derecho a la igualdad, argumentando que con la decisión de aprobar los impedimentos estuvo basada en el apoyo a la reforma, que finalmente se hundió porque no alcanzó a pasar ni un solo debate.
Figura de ley ordinaria para tener flexibilidad
Desde el primer momento las reformas del Gobierno Petro desataron un duro debate en torno a su concepción legal. Y es que desde la Casa de Nariño se decidió radicarlas como leyes ordinarias, lo que desató críticas y advertencias de quienes plantean que, por ejemplo, la reforma de salud debe ser tramitada como ley estatutaria bajo el argumento de que toca derechos fundamentales.
Esta situación ha generado un intenso debate en el Capitolio, donde se ha señalado al Gobierno de radicarla como ley ordinaria como una estrategia para garantizar dos años hábiles para lograr su aprobación y hacer que su trámite no sea tan exigente como ocurre con las leyes estatutarias.
El abogado constitucionalista Andrés Úsuga explicó que las estatutarias son normas de procedimiento especiales que tienen revisión constitucional automática, lo que hace más estricto su trámite frente a las ordinarias, que por lo general son revisadas por la Corte si las demandan. Además, las primeras deben superar 8 debates y las segundas solo 4.
A esto se le suma que en el trámite los tiempos también son distintos, pues las leyes estatutarias deben ser aprobadas dentro de una sola legislatura (un año), mientras que las ordinarias tienen un plazo de hasta dos legislaturas (dos años) antes de ser archivadas.
“En el caso de la ley ordinaria su control constitucional es posterior si hay una demanda que lo amerite. En la estatutaria es obligatorio el control previo de la Corte Constitucional, por lo que el trámite se hace más dispendioso y demorado para quienes impulsan la ley, en el caso de las reformas sociales el Gobierno Nacional”, explicó el abogado.
En la oposición se ha advertido que la Corte podría declarar inexequible la reforma a la salud, o parte de ella, cuando sea aprobada porque será demandada. “La reforma a la salud debe tramitarse como una ley estatutaria porque toca el derecho fundamental a la salud y exige mayorías calificadas para poder salir adelante”, aseguró el senador David Luna, de Cambio Radical.
Múltiples demandas en curso
Además de los posibles vicios de trámite y de forma que pueden traducirse en evaluaciones de constitucionalidad, hay una serie de demandas en marcha que buscan tumbar los proyectos aprobados.
Ese es el caso de la reforma tributaria, que suma en la Corte Constitucional más de 30 demandas que piden tumbar una serie de artículos e incluso el proyecto completo.
Una de las más recientes la dio a conocer Petro, quien aseguró que el sector petrolero está inconforme con la imposibilidad de deducir las regalías del impuesto de renta. “Los petroleros interpusieron la demanda ante la Corte esperando que les falle a favor y nos quiten la mitad de la reforma tributaria”, aseguró.
Contra el Plan Nacional de Desarrollo hay al menos 10 demandas y una de ellas es la del senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, quien cuestionó que el proyecto tuvo “vicios de procedimiento en el trámite legislativo”. También está demandado el estancado Ministerio de la Igualdad, pues se reclama que el informe de ponencia para primer debate y el articulado no podían ser aprobados mediante votación ordinaria, sino que se requería de votación nominal.
En medio de esta oleada de procesos, el Presidente decidió dejar quietas sus reformas y no las llevó a las sesiones extras a las que citó porque su coalición está fracturada y tratará de recomponerla junto al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien enfrenta un reto porque, por ejemplo, ni con la ayuda del polémico Julián Bedoya ha convencido a la mayoría del Partido Liberal de que marche al paso del Gobierno.
Petrismo pide recomponer la coalición de Gobierno
Al interior del Pacto Histórico se reconoce que la principal razón para el estancamiento de las reformas ha sido la ruptura de la coalición oficialista en el Legislativo, por lo que las cabezas de esa colectividad le pidieron el Gobierno que trate de recomponer el camino para evitar que más iniciativas reformistas se queden varadas en el camino como ocurrió con la laboral. Uno de los que hizo ese llamado fue el presidente del Congreso, Alexánder López, quien planteó que debe haber un diálogo más constructivo entre el Gobierno y el Capitolio, pese a las presiones que el presidente Gustavo Petro ha ejercido en las calles. “Tenemos una comisión que va a trabajar en esos acercamientos, buscando que lleguemos al inicio de la legislatura con unos consensos, con unos acuerdos”, aseguró López. Por ahora se sabe que tres emisarios de la Casa de Nariño se han acercado a la jefa del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, para restablecer relaciones.
