En desarrollo de un debate de control político en el Congreso de la República, este miércoles el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, denunció irregularidades y hechos de corrupción al interior de la entidad.
Según el funcionario, que acudió a un debate de control político en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, las anomalías tienen que ver –esencialmente– con los vehículos que se utilizan en la protección de personas. Sin embargo, también alertó por contratistas incumplidos que no son sancionados y hasta casos de ‘puerta giratoria’, es decir, funcionarios que luego terminan trabajando para empresas del sector.
Rodríguez puso el dedo en la llaga al hablar de los vehículos que otorga la UNP como medida de protección, que a la fecha suman 3.555 automotores. De acuerdo con el funcionario, tienen evidencia de camionetas que las empresas encargadas de arrendarlas hacen pasar como blindadas –lo que implica costos mayores frente a un vehículo convencional–, pero que en realidad no tienen ningún tipo protección.
“A uno de los vehículos se le hizo una inspección y se encontró que su blindaje era falso. Nos encontramos que esta camioneta lo único que tenía blindados eran los vidrios, pero no el techo ni el piso, y la UNP estaba pagando una cantidad de plata grande por ese vehículo”, reclamó.
Por otro lado, advirtió que hay casos en los que esos vehículos rentados presentan fallas mecánicas que los hacen casi inservibles, ejemplificando la problemática con el caso de un líder social que fue víctima de un atentado cuando se movilizaba en otro carro sin protección. ¿La razón? La camioneta asignada estaba averiada.
Para el funcionario, la protección en Colombia se volvió un “negocio”, pues el 70 % del presupuesto de la entidad (alrededor de $1,1 billones) se está gastando no solo en las empresas que contratan al personal de protección, sino en las compañías que rentan los vehículos.
A las irregularidades se suman alteraciones en los documentos internos de quién quita o concede medidas de protección, así como el caso de un exjefe de la oficina jurídica de la UNP que después terminó como apoderado de una de las empresa que renta los vehículos.
Rodríguez alertó que hechos de este calibre entorpecen y dificultan la debida protección que el organismo debe proporcionar a poblaciones vulnerables como defensores de derechos humanos: “Los líderes sociales están siendo asesinados porque no tenemos cómo protegerlos (...) El parque automotor es vetusto y acabado”, agregó.
Por ello, el director de la UNP declaró que buscará ampliar, de manera contractual, la oferta de vehículos en condiciones óptimas, pues se avecinan nuevos desafíos en línea con la política de “paz total” del Gobierno de Gustavo Petro. “Estamos en un proceso de paz total y eso implica que otra serie de actores armados deben ser protegidos”.
