No ha sido poca la controversia al rededor del anuncio del presidente Gustavo Petro de que el “país va hacia a una Asamblea Constituyente”, luego de su derrota en el Congreso con la reforma a la salud. Mucho se ha especulado y es casi que nula la información sobre cómo, cuándo y de qué forma será tramitada.
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Frente a esto, y acogiendo los temores de la ciudadanía, la Defensoría del Pueblo envió un contundente mensaje al Gobierno Nacional para que, lo más pronto posible, establezca la ruta a seguir y los mecanismos que se usarían ante una eventual Constituyente y de esta forma, mandar las señales correctas de tranquilidad y confianza al mercado y a la economía para no afectar los distintos derechos de los colombianos.
Considera el organismo que “los anuncios que ha realizado el Presidente de la República, Gustavo Petro, no han terminado de ser entendidos por la población, establecen un cambio de las reglas de juego sobre los mecanismos para hacer un proceso constituyente, lo que pone en tela de juicio todo el marco jurídico y conceptual que soporta al Estado de derecho y a la sociedad”.
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Lo grave, según la Defensoría, es que la economía está siendo golpeada por la incertidumbre: “las perspectivas de crecimiento económico no son las más favorables para el país que venía con una senda positiva (descontando el año de la pandemia), la inversión se está reduciendo, el desempleo empieza a transitar hacia las cifras de dos dígitos, el ahorro de los colombianos está decreciendo y la morosidad en las carteras bancarias está creciendo”.
El organismo entregó un detallado panorama de la realidad actual del país “la pobreza sigue latente. La inflación no parece ceder terreno, el valor del peso sigue fluctuando, el endeudamiento y los déficits fiscales están en condiciones poco favorables y el recaudo de la DIAN no ha sido el esperado haciendo que todo esto afecte el goce y disfrute de los derechos económicos y sociales de los ciudadanos”.
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En su comunicación, le solicitan al Gobierno aclarar si se mantendría la autonomía y las funciones de las distintas instituciones del estado, que garantizan los pesos y contrapesos del poder. “Se pone en entredicho la estabilidad jurídica que es garante de mantener una economía saludable que, obviamente, repercute en el goce de los derechos de la población”.
