A través del Decreto 0658 de 2024, el Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia) delegó varias funciones que el presidente Gustavo Petro tiene para que las puedan cumplir algunos de sus ministros.
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Algunas de las funciones tienen que ver con la posesión de funcionarios de distintos niveles. Entre ellos, los magistrados de las Altas Cortes que hoy posesiona el Presidente y donde tradicionalmente el mandatario hace un discurso.
En términos prácticos, el Decreto otorga distintas funciones según la cartera. Por ejemplo, en el Ministerio del Interior, Luis Fernando Velasco tendrá la posibilidad de designar alcaldes y gobernadores ad-hoc.
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“Delégase en el secretario jurídico del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la función de dar posesión a los funcionarios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición cuando por Ley o estatutos dicha posesión deba surtirse ante el presidente de la República”, dice el documento.
Desde ahora, el ministro de Defensa tendrá facultad para asignar medallas y condecoraciones militares, además del escalafón de las Fuerzas Militares. Igualmente, incluye el retiro del servicio activo y las reincorporaciones (como sucedió recientemente con el general del Ejército Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, quien había salido de la institución).
¿Qué busca el presidente Petro con este Decreto?
Más allá de las críticas en redes sobre si el Presidente va a trabajar menos, realmente esta decisión tiene implicaciones de otro tipo. Por un lado, a nivel administrativo suele delegarse algunas funciones para que subalternos asuman espacios concretos donde el mandatario no necesita exponerse. Pero, en este caso, algunos observadores señalan que tiene que ver con que el jefe de Estado querría desligarse de actos públicos o nombramientos que en el futuro pudieran ser problemáticos.
Esta visión coincide con un análisis hecho por este diario en el que evidencia cómo el mandatario en algunas salidas públicas, por ejemplo en barrios populares de todo el país, le hace creer que la gente que él está desligado al Estado y su lugar es el pueblo y no el aparato del Ejecutivo.
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“La estrategia de los barrios populares básicamente busca mantener ese vínculo directo con esos sectores más pobres. Es una manera de ganar legitimidad con la gente que supuestamente apoya las iniciativas de cambio”, considera la abogada y politóloga Patricia Muñoz Yi, directora de posgrados de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.
