Desde 1994, es decir, hace ya casi 30 años, la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Carlos Gaviria, despenalizó el consumo de dosis mínima. Pero desde entonces, y hasta hoy, cada gobierno ha tenido su debate sobre hasta dónde se permite o hasta dónde no a los ciudadanos portar y consumir sustancias alucinógenas.
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La dosis mínima en Colombia se aplica así: veinte gramos de marihuana, cinco de hachís y uno de cocaína. La última vez que la Corte Constitucional hizo la claridad fue en 2021, cuando absolvió a un ciudadano que fue capturado en 2015 con 19 bolsitas plásticas que tenían en su interior 5,6 gramos de cocaína y a quien se le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Dicha aclaración de la Corte tomó relevancia este fin de semana luego de que se conoció el Decreto 2114 del 7 de diciembre pasado, con el cual el gobierno de Gustavo Petro busca quitar la penalidad al porte y consumo de la dosis personal de estupefacientes. Con su decreto, Petro derogó otro, el 1844 de 2018 del gobierno de Iván Duque, que había permitido que las autoridades también persiguieran el consumo y la dosis mínima.
Se armó tremenda polémica. Varios líderes políticos como el expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguraron que la decisión iba a permitir el microtráfico y la mala influencia a menores de edad, pues está implícito que se pueden consumir sustancias en lugares públicos como parques.
Sin embargo, el presidente Gustavo Petro aclaró rápidamente que toda norma que penaliza comercializar drogas ilícitas y narcotráfico sigue vigente. “Al derogar las multas y el raqueteo que conlleva, la llevada al CAI y en muchos casos el golpe, la extorsión e incluso el abuso de mujeres cesan” y “podemos hablar de paz al barrio”, escribió Petro en la red social X. Y agregó que el Estado deja de “ejercer una persecución insensata contra los jóvenes de los que se sospecha son consumidores solo por ser jóvenes; la mayoría no son consumidores”.
Por otro lado, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aclaró que el Decreto 2114 “lo único que hace es derogar una sanción de multa que había puesto el gobierno anterior para el porte de dosis personal”. Y agregó que no se “elimina la prohibición de comercio, ni de tráfico ni de microtráfico, ni ningún comercio de drogas. Eso sigue severamente prohibido por la ley colombiana. No nos llamemos a engaños”.
También el ministro de Defensa, Iván Velásquez, manifestó que el decreto 2114 “solo pretende ajustar la normativa a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, desconocida por el Decreto 1844 del 2018 que ahora se deroga”.
Y es que en los últimos cuatro gobiernos cada presidente le ha dado su propia interpretación a las normas sobre consumo de drogas, según en la orilla ideológica en que esté plantado. Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque trataron de penalizar a los consumidores, mientras que Juan Manuel Santos y ahora Gustavo Petro se apegan a que los consumidores no pueden ser tratados como delincuentes.
Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, dijo sobre esta decisión: “Lo que hizo el Gobierno Nacional a través del nuevo decreto es derogar la facultad que se le había dado a la Policía Nacional y que es apenas consecuente con el hecho de que en Colombia es legal el porte de sustancias estupefacientes cuando se trata de fines exclusivamente de consumo, la prohibición se relaciona con la compra, venta y distribución de droga. Los consumidores pueden desplazarse portando este tipo de sustancias. En absoluto se modifican las funciones de la Policía, a partir de ahora la institución debe enfocarse no en el consumidor que ejerce su derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino en las ollas de microtráfico, el expendedor y en las personas que trafican drogas”.
Para entender mejor el contexto en el que se da el decreto de Petro vale la pena hacer un recorrido por las normas. La famosa sentencia de la Corte Constitucional, de 1994, con ponencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz, y con el argumento del libre desarrollo de la personalidad, tumbó unos artículos de la ley 30 de 1986 que imponía sanciones a quienes portaran o usaran dosis mínimas.
Pero en 2009, en el gobierno de Álvaro Uribe, el Congreso aprobó un acto legislativo que reformó la Constitución, y en su artículo 49 quedó consignado que “el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”. Y luego, en 2011, la Ley de Seguridad Ciudadana, que reformó el Código Penal, permitió castigar el delito de porte de dosis personal.
Sin embargo, volvió a intervenir la Corte Constitucional, en 2012, interpretó la norma y dijo que la dosis personal se mantenía despenalizada y que el consumo de drogas seguía entendiéndose como el derecho al libre desarrollo de la personalidad. La Corte Suprema también ha dejado claro que la dosis mínima no está penalizada.
Por eso, entre los juristas hay una relativa unanimidad en cuanto a la decisión del presidente Petro, pues se alinea con la interpretación que ha hecho la Corte Constitucional del artículo de la Carta Política, pero como se trata de un tema crítico para la opinión pública, y las normas pueden dar lugar a confusión, la oposición puso el grito en el cielo.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, se pronunció sobre la derogación del decreto que definía el procedimiento policial para combatir el microtráfico en espacios públicos y que prohibía poseer, tener, entregar, distribuir y comercializar drogas o sustancias prohibidas: “Inexplicable afán del Gobierno por la permisión de todas las drogas en las calles de Colombia”. Y continuó diciendo que buscará revertirlo: “¡Lo que les suena 'moderno' es la miseria y destrucción de miles de jóvenes y familias! Como en otras oportunidades, aquí también buscaremos por la vía judicial tumbar estas torpezas”.
Por otro lado, la congresista del Pacto Histórico María Del Mar Pizarro se plegó a la Casa de Nariño: “La Policía todavía tiene todas las facultades para perseguir y combatir el narcotráfico y el microtráfico. Pero decir que ahora se permite comercializar drogas es mentira. Hay que recordar que el porte y consumo de sustancias psicoactivas no es un delito para la dosis mínima, así a muchos no les guste. De nada sirve perseguir al consumidor. ¿Qué más evidencia que la guerra fallida de las drogas?”.
También la representante Jénnifer Pedraza escribió en sus redes sociales: “Basta con leer las consideraciones del decreto para ver que no hay ninguna legalización ni promoción de las drogas. De acuerdo con una postura jurisprudencial extensa de la Corte Constitucional, sencillamente se deroga un decreto que criminalizaba una libertad individual protegida por la constitución”.
Justo el presidente Petro en sus precisiones abogó por la juventud: “Esa guerra contra la juventud ha terminado. La policía debe lograr acabar las desconfianzas barriales con la juventud y centrarse en lo que la ley prohíbe. Capturar al capo, al lavador de dólares, y capturar a los delincuentes que azotan a la ciudadanía. La juventud del barrio no es el enemigo, es la Nación futura (...) En otro mensaje de X, el jefe de Estado subrayó: “Ojo, no se deje engañar por los desinformadores. Lo único que ha hecho el Gobierno es derogar la multa por porte de dosis personal porque así lo indicaron las cortes”.
Ahora bien, aunque el decreto llama a la policía a no perseguir a los consumidores, cada municipio determina si aprueba el consumo en parques. Y sobre este tema ya habló el alcalde entrante de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, quien fuera pastor de una iglesia evangélica, donde hay una oposición férrea en contra de las drogas.
Justo Beltrán calificó como “inaceptable” esta decisión: “Inaudito e inaceptable. El presidente Gustavo Petro acaba de derogar las competencias de la Policía Nacional para combatir el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, situación que pone en peligro la vida, la salud y la tranquilidad de la ciudadanía”. Y agregó que esto era un acto “criminal el ejercicio que la fuerza de la Policía ha venido realizando al momento de restringir el consumo de droga”.
Por otro lado, Federico Gutiérrez, alcalde electo de Medellín, y quien repite gobierno en una ciudad con altos índices de consumo y una de las plazas de droga más grandes del país, el Barrio Antioquia, dijo: “Gustavo Petro le hace un gran daño a la sociedad colombiana prohibiendo que la Policía impida la venta de drogas ilícitas en las calles. En la práctica es una especie de legalización del microtráfico. Por cuenta de esta decisión irresponsable los alcaldes electos del país tenemos que prepararnos para enfrentar un aumento del microtráfico, de la violencia urbana, del crimen general, y de la destrucción de más familias por cuenta de este delito”.
Y es que, aunque el decreto no habla de permitir el microtráfico, para la oposición hay una línea roja porque asumen que será más fácil la venta si no rebusca entre los consumidores al vendedor. Quizá en este punto cobra relevancia el caso con el que empezamos este texto: ¿quién tiene 19 bolsitas con cocaína?
En una entrevista hecha en Noticias Caracol, la presentadora le dijo al ministro Néstor Osuna que le preocupaba que su hija se encontrara con consumidores de drogas en el parque, a lo que este contestó: “Lo mejor para su hija es que usted, con todo el amor que le tiene, le explique cuáles son los riesgos de consumir drogas, por qué es nocivo hacerlo, pero que si va a decidir hacerlo, lo haga en determinadas circunstancias, que lo haga por ejemplo en la casa, que es mejor que en la calle, así es cómo se previene”.
Solo basta darse una vuelta por los parques de Medellín para darse cuenta de que el consumo sigue en las calles, que los operativos policiales que se centran en los consumidores no funcionan y que la política contra las drogas se ha agotado, al menos en su mirada humana.
Paréntesis: las diferentes visiones de los mandatarios colombianos frente a la dosis mínima
Gustavo Petro quiere garantizar las libertades individuales
Su apuesta es enfocarse en la persecución de los grandes capos de la droga y los jíbaros, y no en los consumidores, a quien defiende que se le deben respetar sus libertades individuales. Por esa razón, derogó el decreto que firmó Iván Duque, su antecesor que permitía que la Policía incautara incluso la dosis mínima a los consumidores. La política antidroga de Petro busca además proteger a los cocaleros frenando incluso la erradicación forzada, lo que se ha traducido en un rezago en términos de erradicación de cultivos de coca, según él, con el objetivo de enfocarse en la incautación de grandes cargamemos de cocaína.
Iván Duque dio aval a la Policía para incautar dosis mínima
Cuando llegó al poder le presentó al país su política contra las drogas que denominó “Ruta Futuro”. Se concentraba en cinco puntos claves: atacar el consumo, la disponibilidad y producción de la droga, las estructuras criminales y el lavado de activos. Dejó claro estar en contra del consumo en cualquier cantidad, incluyendo la dosis personal, pese a que está protegida por la Constitución. En 2018 firmó el decreto que prohibía el porte de la dosis mínima y le daba facultades a la Policía a realizar procedimientos para incautar droga así fuera en dosis mínimas, mismo decreto que tumbó Petro el 7 de diciembre.
Juan Manuel Santos quería desestigmatizar a los consumidores
En el contexto de los diálogos con las Farc, el expresidente flexibilizó la mano dura de Uribe, su antecesor, y apostó por enmarcar su política antidrogas dentro de un contexto de derechos humanos, que tenía la intención de dejar de victimizar a los consumidores de drogas. Su idea era que la sociedad no estigmatizara a los consumidores de drogas y se implantara el tratamiento obligatorio para los consumidores de drogas. Tras dejar la Presidencia, Santos aseguró que no es imposible legalizar la cocaína en el mundo, y que no hay que “pedirle permiso” al gobierno de los Estados Unidos.
Propuso castigar la dosis mínima, garantizada por la ley
Su enfoque fue prohibicionista y con un proyecto de reforma constitucional hizo que se echara para atrás una decisión de la Corte Constitucional, que en 1994 había derogado una norma que penalizaba a los consumidores. A lo largo de su carrera política, Uribe Vélez dejó claro que la penalización de la dosis personal era una de sus prioridades y esto quedó en evidencia en las cinco veces que propuso al Congreso proyectos para penalizar el consumo. Esta apuesta, que no prosperó, tenía la intención de “solucionar el tráfico y microtráfico de estupefacientes en Colombia” pasando por encima del consumidor.
