Históricamente los indicadores que han rodeado al pacífico colombiano no han sido los mejores. Un ejemplo de ello es el índice de pobreza multidimensional, que actualmente se ubica por encima del promedio nacional (16,6 %), según las cifras del Departamento Nacional de Estadística (Dane). El territorio más golpeado en esta región es Chocó, con 64 %, seguido por Cauca, con 25 %, Nariño, 19 %, y Valle del Cauca, 8,3 %.
La región pacífica en general, por su ubicación, se caracteriza por tener gran variedad de riqueza ecológica, hidrográfica, minera y forestal. Sin embargo, estas mismas ventajas la ponen como eje central de fenómenos sociales de impacto negativo como el narcotráfico y el conflicto armado.
De acuerdo al informe ‘Problemática humanitaria de la Región Pacífica colombiana’, elaborado por la Defensoría del Pueblo y publicado en agosto de 2016, desde los años 80 esta parte del país enfrenta problemáticas sociales como el conflicto armado, la violencia política, violaciones y desconocimiento de los Derechos Humanos a causa de muchos factores.
Sin embargo, es el flagelo del narcotráfico y las condiciones de inseguridad que este genera el que últimamente ha puesto sobre el tapete las dificultades que enfrentan los pobladores de algunos municipios que hacen parte de esta región, sobre todo, luego de la firma de los acuerdos de paz con las Farc, que dejaron el espacio para que bandas criminales y disidencias de esta guerrilla entraran a disputar el territorio.
De acuerdo al último monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos en Colombia, publicado en julio del 2017, el Pacífico tiene 57,7 hectáreas de hoja de coca sembradas en todo el territorio, equivalentes al 39 % del total nacional, que se ubica en 146.000 hectáreas.
De ahí que la represión y la violencia en la región no haya cambiado, sino que se movilizara, porque ahora el terror no lo imponen las Farc, sino las nuevas bandas que quieren quedarse con el negocio del narcotráfico en la zona.
El silencio del miedo
“Cuando no pasa nada, hay problemas. Es raro que eso suceda en Buenaventura. Los nervios empiezan a crecer con los días, porque sabemos lo que significa: que algo muy malo va a suceder. Y generalmente relacionado con muerte”, dice Danny Ramírez, una socióloga de la ciudad puerto en el Valle del Cauca, que adelanta procesos sociales de lucha contra el racismo y las mujeres.
Sin embargo, no es el único silencio al que le temen los líderes de este municipio y de otras zonas del Pacífico, porque hay vejámenes, violaciones a los Derechos Humanos, falta de oportunidades y carencias sobre las que nadie dice nada. Ramírez advierte sobre uno de ellos: el femigenocidio. “No el feminicidio, ni asesinato, ni siquiera genocidio. No. es así tal cual, femigenocidio”.
Según esta socióloga, en Buenaventura las mujeres han pasado a ser un gran motor social, porque a causa del conflicto armado muchos hombres murieron y no les quedó más remedio que empoderarse. Es así como muchas pasaron a liderar procesos comunitarios y luchar contra las carencias de la población.
“De ahí que ya no nos asesinen por ser mujer, como es el caso del feminicidio, sino por lo que significa socialmente ser mujer, lo que representa socialmente. Las mujeres en Buenaventura son las que reproducen la dinámica cultural y el tejido del territorio. Al asesinarlas acaban con eso y crean el pánico. Se acaba la comunidad”, afirma Danny.
En esta parte de la región (Buenaventura) no hay energía, agua, ni grandes oportunidades de estudios, tanto en la zona rural como en la urbana. “No hay calidad de vida y, por lo tanto, ni siquiera proyecciones futuras. La guerra es la que controla la dinámica y desplaza a la comunidad. Por eso cuando asesinan a estas mujeres no hay quien reclame. Hay un silencio igual que cuando no pasa nada por varios días”, agregó la socióloga.
De acuerdo a los registros que tiene Ramírez, en lo corrido del año van tres muertes de este tipo. “Son muertes que golpean socialmente, porque no es un tema de cantidades, sino de calidades. Son muertes para callarnos. Por eso les digo las cigarras, porque hacen ruido antes de morir y luego llega el silencio”.
Otro de los temas que preocupa a esta líder está relacionado con los jóvenes y el narcotráfico. Para ella, la falta de oportunidades hace que muchos adolescentes terminen involucrados en este fenómeno. “Es doloroso porque cuando terminan el colegio no tienen oportunidades de seguir estudiando y si llega un narcotraficante que les ofrecen movilidad social a través de esta actividad, ellos la toman”, dijo Danny.
Maite Rosales, que trabaja con adolescentes de esta zona del Pacífico, dice que todos estos fenómenos son intentos de supervivencia de la población, porque no tienen hospitales, no hay suficiente educación, carecen de acueducto y servicios básicos. Según el DANE, esta región solo tiene el 36 % de la educación media básica y hay un déficit de vivienda del 27,7 %.
“Todo es complicado porque somos una zona apetecida por los grupos al margen de la ley. La población vive con miedo. Pero lo que más nos preocupa es que no les estamos dando las herramientas a los jóvenes para que puedan realizar su proyecto de vida. Pero nadie hace ni dice nada”, dijo Rosales.
En Chocó, los problemas no varían tanto, en comparación con los de Buenaventura. Katherin García Giol, coordinadora de la corporación Jóvenes creadores del Chocó, que agrupa a 300 jóvenes al rededor de la danza tradicional, el teatro y las artes, afirma que muchos de los jóvenes le dicen que el arte no les suple las necesidades.
“Nos preocupa que se estén exterminando los jóvenes del departamento. Pasa algo curioso, porque ellos son víctimas y victimarios. Unos hacen parte de grupos armados y otros terminan muertos en medio del conflicto. Es un problema social muy fuerte que se da básicamente por la falta de oportunidades que tienen en estos momentos”, afirmó García.
Y es que en Chocó, en lo que va corrido del año, calcula la líder, van más de 50 jóvenes asesinados debido a las fronteras invisibles y a la cantidad de grupos al margen de la ley que se disputan la zona. “Lo que sucede es que los grupos delincuenciales crean las oportunidades que no tienen. Al menos así lo ven ellos. Aquí la tasa de desempleo está alrededor del 16 % y la mayoría trabajan en la informalidad”, agregó la líder.
Un fenómeno que inquieta aún más a Rosales tiene que ver con los menores. Afirma que desde que los niños cumplen siete u ocho años están delinquiendo y con grandes prontuarios a cuesta. “Es de no creer esta situación, sin embargo, desde hace 15 días no matan a nadie. Todos están a la expectativa porque en cualquier momento pasa algo. Hay una tensa calma”, dijo Rosales.
La situación en Tumaco (Nariño), tampoco es diferente ni nueva, pese a que los hechos ocurridos en los últimos días, en los que murieron siete campesinos al parecer a manos de la fuerza pública, la hicieron visible.
Para Adriana González, de la junta de acción comunal del barrio Obrero, la falta de oportunidades de los jóvenes es la base de todos los conflictos. “Hace dos semanas asesinaron a 20 jóvenes. Esto duele mucho porque no es fácil levantarse y que todos los días hayan tres muertos. Pero nadie habla de eso. Los líderes estamos amenazados y luchamos contra tantos conflictos que lo que pasó el jueves es solo una muestra de ellos.
Y es que este municipio está secuestrado en medio del mar y la basta naturaleza. Afirman los líderes que es tan álgido el conflicto interno, que después de las 6:00 de la tarde, es mejor quedarse a dormir donde marcó el reloj para no arriesgar la vida. “Pude aparecer muerto al día siguiente”, dice González.
Los indígenas
En el Pacífico colombiano hay aproximadamente 62.738 indígenas en los diferentes municipios, que enfrentan los mismos conflictos sociales que mencionan los líderes afrodescendientes, con la diferencia de que temas como el de cultivos ilícitos tienen tratamientos diferentes por ser comunidades protegidas por la ley.
Baltazar Mecha Forastero Chocó, docente de la etnia orewá, que acompaña a la comunidad en los procesos educativos en la zona del Chocó, afirma que lo que más les preocupa es la salud. “No hay presencia del Gobierno, si no fuera por la sabiduría ancestral ya muchos habríamos muerto”.
En cuento a la educación, afirman que no existe una política de cobertura especial para ellos porque después que cumplen la mayoría de edad no hay posibilidad de continuar con estudios superiores y por esta razón, los jóvenes están vulnerables.
“El Gobierno no ha podido implementar una alternativa para mantener a los jóvenes en materia educativa y eso los hace presa fácil para los grupos al margen de la ley y los narcotraficantes, porque no somos ajenos ninguno de los conflictos que azotan al Pacífico”, dijo Mecha.
El líder hizo énfasis en lo doblemente vulnerable que son las mujeres indígenas en el territorio en relación a los abusos sexuales y asesinatos.
