En 2021, en pleno hervor de protestas y manifestaciones en Colombia, el hoy ministro del Interior apoyaba un paro similar. “Hay que parar en cualquier momento durante el día contra el mal Gobierno”, decía.
El país completa cuatro días de paro camionero por cuenta de la decisión del Gobierno de Gustavo Petro de aumentar el precio del diésel, combustible que usan la mayoría de los vehículos de carga. En medio de los bloqueos viales que persisten en el país –que, según la Fiscalía, son un “riesgo” a la salud pública y “la seguridad alimentaria de los ciudadanos”–, sobresale un protagonista: el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Por su rol, el titular de la cartera es el encargado de avanzar en el diálogo social y acordar soluciones que permitan atender la problemática. De hecho, Cristo ha liderado el Puesto de Mando Unificado que instaló el Gobierno para atender las manifestaciones del sector.
Sin embargo, aun cuando Cristo ha reclamado que hay “sectores radicales interesados en mantener un conflicto”, este miércoles desde la oposición le enrostraron al hoy ministro su apoyo al paro camionero que se desató en mayo de 2021, durante el Gobierno de Iván Duque, cuando hubo protestas ante un controvertido proyecto de reforma tributaria.
En ese entonces, en plena pandemia, Cristo apareció en un video participando en una marcha y un cacerolazo contra la iniciativa: “Hay que parar en cualquier momento durante el día contra el mal Gobierno que no garantiza el derecho a la paz y a la vida en Colombia. Contra la reforma tributaria que afecta el bolsillo de la clase media y los pobres de Colombia, paremos durante todo el día”, decía el hoy ministro con una camiseta que decía “tienen huevo”.
Frente a ello, desde el Centro Democrático el senador Miguel Uribe cuestionó al funcionario y le preguntó: “¿quiénes son los que tienen huevo?”.
Justo este miércoles, el ministro del Interior instó a los camioneros a que los bloqueos que actualmente son permanentes sean “intermitentes”. Lo anterior, con miras a avanzar en el diálogo social que permita hacerle frente a los bloqueos y alteraciones del orden público.
“Queremos invitar a los camioneros a que reflexionen, a que piensen en esa oferta, a que cedan en sus pretensiones y, sobre todo, a que no sigan afectando el derecho a la movilidad, la salud, la educación, de millones de colombianos con esta actitud y estas vías de hecho que no contribuyen al diálogo y que no permiten avanzar. Por el contrario, perjudican a muchos colombianos, entre ellos, a ellos mismos”, manifestó el ministro.
El Gobierno empieza a ceder ante los camioneros que ajustan cuatro días de los bloqueos viales en diferentes regiones del país como respuesta a la reciente alza de $1.904 del galón de Acpm. La ministra de Transporte ofreció no hacer nuevos aumentos al precio del diésel en el corto plazo, hasta que se llegue a acuerdos con el gremio. Pero los camioneros zanjaron la discusión con una negativa, lo que piden es que se reverse el aumento y se discuta una nueva fórmula.
El Gobierno Petro y los transportadores llegaron a a este punto álgido en sus relaciones después de 13 mesas técnicas que se desarrollaron a lo largo de un año y 10 meses. Los transportadores pedían un cambio en la fórmula que fija el precio del Acpm, también conocido como diésel, con un costo razonable y no a un precio internacional, llamado Precio Colombia. Pero el Ejecutivo se decantó por un alza de $6.000 de manera gradual en tres momentos, y así no llegaron a ningún acuerdo.
La premura del Gobierno es cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc), una bolsa de recursos para subsidiar combustibles, que desangra las finanzas públicas. Estos subsidios al Acpm, según MinHacienda, le han costado $56 billones al Estado en el último año. Y la tarea, con el alza del precio del galón, es cerrar el déficit del Fepc en $11,9 billones.
Incluso, centros de pensamiento económicos como Fedesarrollo y Anif se sumaron a la postura del Gobierno al declarar que esta medida, la de aumentar el precio del Acpm, “es necesaria” desde del punto de vista fiscal y ambiental.
