La decisión de la droguería Cruz Verde de suspender a partir del 15 de noviembre la entrega de medicamentos no cubiertos en el Plan Básico de Salud (PBS) a los pacientes de la EPS Sanitas añade más incertidumbre sobre lo que va a pasar con la atención en salud de los colombianos.
Si bien este es un caso puntal, y que en teoría afectará solo al 10 % de los seis millones de pacientes de Sanitas en el abastecimiento de sus medicamentos, sí devela un grave problema estructural del sistema de salud que el Gobierno nacional aún no resuelve y que tiene que ver, en parte, con el pago de deudas pendientes por 2,6 billones de pesos a las EPS, una parte de ellas por Presupuestos Máximos (PM) de 2022, cercanos a los $819.000 millones.
El lío puntual que hoy vuelve a poner la lupa sobre las cuentas del sistema de salud compromete a Sanitas porque la EPS le debe a Cruz Verde cerca de $400.000 millones. “Tras más de tres años de negociaciones y de diversas solicitudes planteadas a la EPS Sanitas para generar un pago de la cartera adeudada, a la fecha, no ha sido posible su saneamiento”, aseveró Cruz Verde en el comunicado que se difundió el lunes en la noche en el que anunció la suspensión de medicamentos fuera del PBS.
En una respuesta casi inmediata, el Gobierno le pidió a la EPS resolver cuanto antes el problema y garantizar el suministro de medicamentos, en su mayoría destinados a enfermedades de alto costo. “Sanitas tiene que cumplir, están obligados. Los afiliados pueden estar tranquilos, van a tener sus medicinas. Sanitas cumple porque cumple”, sentenció el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, al enviarle un ultimátum a la EPS y a instarla a que busque otro proveedor.
Tal como explicó el ministro, Cruz Verde solo se negó a seguir entregando medicamentos que no están cubiertos por el PBS, lo que, según él, genera un problema para menos del 10 % de los afiliados.
“Más del 90 % de los afiliados pueden estar tranquilos porque Cruz Verde seguirá entregando los medicamentos normales. Lo que no va a entregar son medicinas muy específicas, y muy costosas, que generalmente son para enfermedades huérfanas y otros padecimientos graves”, dijo el ministro.
En respuesta a la situación anunciada por Cruz Verde, desde la EPS Sanitas indicaron que “desde que recibimos la notificación unilateral y abrupta por parte de Cruz Verde estamos buscando alternativas y activando planes de contingencia para que la dispensación de medicamentos no PBS se vea lo menos afectada posible”.
Hay déficit en pagos
En respuesta a esas críticas que apuntan a que lo que está pasando con Sanitas tiene que ver con el estado de las cuentas, el ministro de Salud insistió en que la actual crisis no fue responsabilidad de su ministerio ni del Gobierno Petro.
“A Sanitas se le ha pagado todo” lo que le corresponde a la Nación, por lo que insistió en que esa EPS “no puede echarnos la culpa”.
Otra razón da el presidente de Sanitas, Juan Pablo Rueda Sánchez, para explicar por qué persiste la deuda desde hace tres años. “Cada mes las atenciones no PBS generan un gasto de $55.000 millones y aquí es importante decir que, de esa plata, el Estado –a través de Presupuestos Máximos– solo nos reconoce $32.000 millones ”, es decir, deja de cubrir cerca de $23.000 millones que se han venido acumulando a lo largo de estos tres años hasta llegar a $400.000 millones que hoy le debe a Cruz Verde.
Sanitas aseguró que el Estado es quien debe garantizar a los pacientes el cumplimiento de los servicios que no están incluidos en el PBS y que las EPS o las droguerías no son las directamente responsables. Por eso, para alivianar la situación, esa prestadora de salud le propuso al Gobierno que gire los recursos de manera directa a la farmacéutica.
“En este caso particular le proponemos al Gobierno que desarrolle un pago directo desde el Estado hacia los gestores farmacéuticos o los prestadores sin intervención o participación de la EPS”, dijo Rueda Sánchez.
El investigador en Sistemas de Salud de la Universidad Johns Hopkins, Andrés Vecino, consideró que este asunto entre Sanitas y Cruz Verde “es solo la punta del iceberg de un problema estructural del sistema de salud que el Gobierno está siendo negligente en resolver”. A su juicio, si la deuda lleva 3 años, “¿por qué suspender la entrega hasta ahora?”. Y la respuesta la centra en las “expectativas”, pues considera que “muchos agentes del sistema durante este año han perdido la confianza de que el gobierno cumpla sus obligaciones”, unido a la “incertidumbre por la reforma que no les permite tomar decisiones de mediano/largo plazo”.
Al analizar cuál es el problema estructural, Vecino explica que después de la Ley 1751 de 2015, Colombia comenzó a tener un paquete implícito de beneficios. “Es decir, el sistema cubre todo, excepto lo que está en la lista. Por tanto, una mezcla de tecnologías costosas tanto de alto como de bajo valor, son pagadas con PM (presupuestos máximos). Eso agota recursos valiosos”. A ello se suma, agrega el experto, que “el gobierno no parece tener ningún interés en solventar el problema que precipitó” y además se ha retrasado también en pagar recursos de UPC: “servicios y medicamentos que sí están en el PBS, lo cual agrava el problema no solo de flujo de recursos sino de incertidumbre”.
Entre las soluciones que plantea Vecino para superar esta crisis, es que el Gobierno solvente la coyuntura para evitar la interrupción en los tratamientos vitales, archive la actual reforma a la salud para acabar con la incertidumbre y proponga “una reforma sencilla concertada con todos los agentes y evaluada”.
