La puja por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno de Gustavo Petro pasó del Congreso a los estrados judiciales. La Corte Constitucional admitió para su trámite una demanda presentada por el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, contra el articulado que dio soporte a ese PND.
La querella alega los posibles vicios de trámite que tendría el PND, pues la conciliación de ese articulado se dio en la media noche entre el 4 y el 5 de mayo en un llamado a sesionar que no estaba previsto por parte de los congresistas.
“La costumbre de este Gobierno ha sido atropellar el debate, violar el procedimiento. Lo hizo con la reforma tributaria y hoy una demanda nuestra está siendo estudiada en la Corte Constitucional precisamente por la violación del procedimiento y la arbitrariedad en el trámite”, comentó Turbay sobre el proceso.
La demanda admitida por el máximo tribunal permitirá el estudio de cuatro artículos del PND de los que dos hacen parte de los puntos que le dan sustento al Plan presentando por el Gobierno Petro.
El primero de ellos se refiere a las líneas de inversión y, en palabras del senador Turbay, haría que todos los recursos para ejecutarlo se caigan, lo que pone en riesgo 1.154 billones de pesos destinados por la Casa de Nariño para ese articulado.
Si la discusión de ese punto prospera, dice Uribe Turbay que esto llevaría al Gobierno a tener que tramitar en más detalle sus presupuestos en Congreso anualmente.
El segundo artículo demandado es el 61 que habla de las discrecionalidad del Estado para la compra de tierras, un punto que la oposición ha catalogado como “expropiación”.
Un antecedente es la demanda por trámite del PND del Gobierno del expresidente Andrés Pastrana, articulado que se cayó por vicios de trámite y que, posteriormente, volvió a ser expedido por decreto presidencial. Ese nuevo articulado también se cayó y, entonces, Pastrana tuvo que gobernar vía ley de presupuesto.
Los otros dos artículos admitidos para su estudio por la Corte Constitucional son el de la política de vivienda del Gobierno y uno sobre créditos para alianzas comunales.
