Este último elemento es el que conocía todo el país, pues Sneyder Pinilla reveló que le había entregado, supuestamente, el dinero directamente a Calle en su apartamento y que en el caso de Name fue la alta consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, quien le entregó el otro valor a Name.
Por cuenta de esa versión, de hecho, Ortiz salió del Gobierno. Name y Calle, hasta ahora, han negado recibir cualquier tipo de coima y están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia en su calidad de aforados.
Según la cronología de la investigación, el “cónclave” al que hace referencia López se habría dado el 27 de noviembre de 2023 a las 8:00 a.m., junto a Carlos Ramón González y “exposición del ministro de Interior sobre las negociaciones”, quien para la época era Luis Fernando Velasco.
Además, como lo reveló Noticias Caracol, una pieza clave de este entramado habría sido el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
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En la declaración de López se lee que “para la época de los hechos, el Ministro de Hacienda, quien según el interrogado se encargó de aprobar mediante resolución $700.000.000.000 pesos para los recursos de la UNGRD los cuales al parecer tenían una destinación específica e hizo parte de la reunión de ministros que denomina como ‘cónclave’ e indicó que se había compro (sic) a 6 congresistas de la República, para la comisión de crédito público y lograr mantener y sacar provecho de los emprésitos y proyectos que tuvieran que ver con el Ministerio en la comisión de crédito público (sic)”.
Sobre Velasco, López indicó que el jefe de la cartera de la política “le envió la lista de los congresistas del Pacto Histórico que no votaron en una de las convocatorias del partido político para cerrarle las puertas en la Ungrd, con los proyectos que presentaran (sic)”.
Pero los nombres no se reducen a estos funcionarios.
La lista de los nombres nuevos
Además, hay una lista de los nuevos nombres salpicados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd). Este diario tiene en su poder la declaración de las diligencias en donde se mencionan otros nombres.
Se trata de Camilo Romero, embajador de Colombia en Argentina, Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, y César Augusto Manrique, director general del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Aparece además el nombre del representante liberal Germán Rozo, quien no solo pertenece a la Comisión Séptima de la Cámara –donde el Gobierno de Gustavo Petro tramitó reformas como la laboral, pensional o salud–, sino que es proveniente de Arauca. Justamente, se trata de la región que también representa la congresista Karen Astrith Manrique, señalada de ser un enlace con la guerrilla del ELN para proporcionarles contratos estatales como mecanismo de financiación.
El contacto de Rozo fue proporcionado por el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a Olmedo López. Lo anterior, en medio además de las denuncias que indican que el exdirector de la Ungrd habría recibido instrucciones directas del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para direccionar millonarios contratos para congresistas en medio de la discusión de una adición presupuestal para la entidad.
Adicionalmente, figura como otro de los salpicados César Augusto Manrique, nada menos que jefe del Departamento de la Función Pública, señalado de haber puesto como una de sus cuotas en la entidad a Luis Carlos Barreto Gaviria, entonces subdirector de Conocimiento de la Ungrd y quien “era el encargado de manejar todos los temas científicos (estudios)”.
“Luis Carlos Barreto fue designado por el señor Olmedo López como el encargado de todos los temas de La Guajira, y cuota de César Augusto Manrique, jefe del Departamento de la Función Pública (...) Olmedo López le comenta a Sneyder Pinilla que el contrato de los 40 carrotanques sencillos es para Luis Carlos Barreto”, sostuvo Pinilla en el interrogatorio.
En los documentos también sobresale el nombre del senador Julio Elías Chagüi Flórez, de Córdoba y quien pertenece al Partido de La U. El congresista, cuyo contacto fue facilitado por el entonces ministro Velasco, se reunió con Olmedo López. Lo anterior, justo cuando se discutía un proyecto de obras de protección y ampliación de canales para mitigar inundaciones en el municipio de Sahagún, en Córdoba, por $28.141 millones.
Otros de los nombres que aparecen en el listado de números y que ahora deberán dar explicaciones sobre su presunta participación en el ramillete de irregularidades son Diego Enrique Vargas Vega, exsubdirector de la Ungrd; Camilo Henry, agente de comunicaciones de Olmedo López; Sara Lucía Sepúlveda Morales, asistente de Carlos Ramón González, y Nelsy Chincangana Collazos, secretaria general de la Unidad.
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