Una de las banderas que Gustavo Petro más ha impulsado en su vida pública desde antes, incluso, de ser presidente de Colombia, es la defensa del medio ambiente. Sin embargo, las apuestas frente a este tema, en tiempos de cambio climático, requieren de mucho más que la voluntad.
Hace un par de días, en la posesión de los embajadores de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña Jaramillo, y en Chile, Sebastián Camilo Guanumen, así como al nuevo vicecanciller General, Jorge Enrique Rojas, el jefe de Estado dio una instrucción clara al corto plazo: “La COP16 tiene que lograr una declaración a favor del cambio climático inmediato, un cambio de deuda pública por acción climática”, señaló.
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El mandatario recordó que la COP16, que se realizará entre el 20 de octubre y primero de noviembre en Cali, “es un evento que nunca había visto Colombia en su dimensión, por la cantidad de países que van a venir aquí”, representaciones de más de 190 naciones. Se trata, agregó, “de la posibilidad de un Plan Marshall, pero en toda la Tierra, en función de mitigar, es decir, de dejar de emitir CO2, y en función de adaptarnos a lo que ya es una crisis climática”.
Pero, ¿qué es el cambio de deuda pública por acción climática? ¿Qué tan viable es?
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cambio de deuda pública por acción climática es “tiene como objetivo liberar recursos fiscales para que los gobiernos puedan mejorar la resiliencia sin desatar una crisis fiscal o sacrificar el gasto en otras prioridades de desarrollo. Los acreedores ofrecen alivio de la deuda a cambio de que el gobierno se comprometa, por ejemplo, a descarbonizar la economía, invertir en infraestructura resiliente al clima o proteger la biodiversidad de los bosques o los arrecifes”.
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En eso, el presidente Petro ha acertado en su diagnóstico; sin embargo, la evaluación no tiene avances significativos, no solo en Colombia sino en otros países.
Consultada por EL COLOMBIANO, Estefanía González, subdirectora de la organización Greenpeace Andino explica que “esto es algo que se viene proponiendo desde hace unos años, impulsado en el contexto de las cumbres de cambio climático por países como Colombia y Argentina. En concreto, no se han visto avances significativos en la propuesta. Estamos en tiempos en los cuales necesitamos acción climática y de biodiversidad ya, y esta no puede esperar y depender de acciones que no están ocurriendo”.
Para González, “es necesario que las naciones avancen en una ruta de abandono de los combustibles fósiles, porque el impacto que están teniendo hoy también a nivel local es tremendo. Esta es una responsabilidad que se debe asumir con la población de cada país, además de los compromisos adquiridos en materia internacional. Por eso, la acción climática y de biodiversidad no puede depender exclusivamente de terceros”, agregó.
En el diagnóstico que el presidente Petro ha hecho, en efecto, la responsabilidad de los países desarrollados es fundamental. Por eso, suspender la explotación de petróleo, por ejemplo, no marca la diferencia en el panorama mundial actualmente, dicho por varios expertos, pero sí produce posiciones simbólicas como las que el jefe de Estado colombiano ha hecho saber en varios escenarios internacionales.
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“Hoy existe una responsabilidad histórica de los países desarrollados, que son los que más han contribuido a esta crisis climática en términos de emisiones, y tienen compromisos financieros que cumplir: por un lado, la movilización de los 100 mil millones de dólares para la acción climática; y por otro, los 20 mil millones de dólares acordados en la Cumbre de Biodiversidad anterior y que necesitamos que se hagan realidad en esta Cumbre”, añade Estefanía González, subdirectora de la organización Greenpeace Andino.
Es indiscutible, sin embargo, que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, una de las funcionarias más destacadas del gabinete, ha tenido un liderazgo importante frente al impulso de iniciativas contra el cambio climático. Pero aquellos avances, en el contexto mundial, han tienen desafíos.
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