Consultar a las comunidades étnicas antes de intervenirlas con proyectos de infraestructura es una obligación desde 1991, cuando se expidió la Constitución. Cada año, según el Ministerio del Interior, se tramitan en promedio 2.222 consultas. Con el período legislativo para tramitar los acuerdos de paz (fast track), el Gobierno podría modificar la consulta previa.
Dentro de las leyes que se van a pasar vía fast track podría entrar una reglamentación detallada de las consultas, una tarea que lleva por lo menos 10 años en veremos.
Sin embargo, el Gobierno no la tendrá nada fácil. La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) rechazó, en un comunicado, el borrador que presentó el Ministerio del Interior para reglamentar la consulta previa, proceso que consiste, a grandes rasgos, en preguntarles a las comunidades indígenas, raizales y afrocolombianas si están de acuerdo con la ejecución de proyectos económicos en sus territorios.
La iniciativa del Ministerio contempla, por ejemplo, la creación de la “Agencia para la Consulta Previa”, que tramitaría todos los procesos; también delimita la consulta con una duración máxima de 6 meses y señala, además, que en caso de que las comunidades indígenas no asistan al proceso de consulta se entenderá que no manifiestan interés en el proyecto.
A estos elementos se suman reformas en la institucionalidad indígena. El proyecto cambiaría la Mesa Permanente de Concertación Indígena, que desde 1997 representa a las comunidades étnicas. También excluye proyectos del Plan Nacional de Desarrollo de la Consulta Previa y dice que “las comunidades étnicas en consulta no tienen poder de veto” de los proyectos.
Para la Onic, ese proyecto es “inconstitucional, inconveniente y desleal”, en buena medida porque el Gobierno lo tramitaría vía fast track. Con las reformas que propone, agrega la Onic, se estaría retrocediendo e incumpliendo el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que regula a nivel internacional los derechos de la población indígena.
