La conspiración mafiosa que tiene a Ecuador sumido en un caos político, ad portas de elegir a su próximo Presidente, tiene como protagonistas a siete colombianos, presuntamente contratados para perpetrar el magnicidio del candidato Fernando Villavicencio, y quienes fueron asesinados en una aparente operación criminal para eliminar los cabos sueltos.
Sus muertes no solo provocaron confusión en varios de sus familiares, que aseguran no saber de sus supuestas actividades delictivas, sino que desataron una tormenta en el Gobierno que dejó a varios funcionarios de alto nivel despedidos.
Para entender las complejidades de este caso, comencemos por el día que sumió a los ecuatorianos en la incertidumbre: las 6:14 p.m. del 9 de agosto de 2023, a once noches de la fecha inicial fijada para los comicios presidenciales.
A las afueras de un coliseo educativo de Quito, un grupo de sicarios acribilló al aspirante Fernando Villavicencio. Atravesaron con sospechosa facilidad sus tres anillos de seguridad y le dispararon cuando abordaba una camioneta desprovista de blindaje.
Los escoltas reaccionaron y se armó una balacera que dejó nueve heridos, entre ellos uno de los agresores, el colombiano Johan Castillo López. Con él ocurrió otra situación anómala, pues en vez de llevarlo a un hospital, los policías lo condujeron a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía, donde el joven caleño de 18 años murió desangrado en el suelo.
Primeras capturas
Entre esa noche y la mañana siguiente, las autoridades allanaron varias casas en los sectores quiteños Argelia Baja, San Bartolo, Monjas, Gamaní y La Ecuatoriana, capturando a seis colombianos sospechosos de participar en el magnicidio.
Ellos eran Adey Fernando García García, Jules Osmín Castaño Alzate, Andrés Manuel Mosquera Ortiz, Jhon Gregore Rodríguez Góngora, José Neider López Hitas y Camilo Andrés Romero Reyes, casi todos provenientes de la Costa Pacífica.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscalía expuso 22 pruebas en su contra.
“La autopsia indica que la víctima recibió disparos de larga distancia, mientras que el informe balístico determinó que las vainas calibre 2.23 coinciden con uno de los fusiles encontrados en los allanamientos, además de una huella dactilar encontrada en una moto abandonada por los ahora procesados”, informó el ente acusador.
El sexteto fue internado en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, ante la sorpresa de algunos de sus seres queridos en Colombia.
En diálogos con la prensa, contaron que Andrés Mosquera y José López, de 30 y 24 años, eran del barrio Potrero Grande, de Cali; que el primero era padre de dos hijos y vendía chatarra, mientras que el segundo era albañil de construcción. Aseguraron no saber cómo terminaron en Ecuador.
Mosquera tenía investigaciones en Colombia por hurto calificado, porte ilegal de armas, violencia contra servidor público y lesiones personales.
Adey García, de 36 años, era de Timbiquí (Cauca) y llevaba varios años en el país vecino. Tanto él como Jules Castaño habían sido detenidos en julio de 2023 por el delito de receptación, pero un juez les había otorgado el beneficio de la libertad condicional.
A García también le figuraban antecedentes por homicidio, hurto y tráfico de estupefacientes, por haber integrado una banda de fleteros en Cali; y a Castaño, de 40 años y oriundo de Florencia (Caquetá), una sentencia de cuatro año por tráfico de drogas (2016) y anotaciones por hurto y concierto para delinquir.
Por último, a John Rodríguez le aparecía una condena de dos años y 11 meses de prisión por un hurto (1997).
Segunda tanda de capturas
En la investigación subsiguiente la Fiscalía identificó a otros siete sospechosos, gracias a declaraciones de informantes e interceptaciones telefónicas.
Por haber brindado, presuntamente, apoyo logístico a los sicarios, entre el 7 y el 8 de septiembre arrestaron a seis ecuatorianos y a otro colombiano, llamado Víctor Alfonso Flórez (también de Cali).
Las detenciones fueron en las provincias de Pichincha, Chimborazo y Cotopaxi.
En la audiencia la Fiscalía explicó que “un día antes del asesinato, los procesados realizaron un reconocimiento de los alrededores del colegio donde el candidato iba a participar de un mitin político (...). La orden para ejecutar el asesinato habría salido, vía llamadas y mensajes de WhatsApp, desde el teléfono de uno de los ahora procesados, que guardaba prisión en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi el día del crimen”.
El preso que habría dado luz verde para el magnicidio es, al parecer, el ecuatoriano Carlos Edwin Angulo (detenido), y quien recibió su mensaje fue el caleño Johan Castillo, abatido en la escena del crimen. Analizando su celular fue que los investigadores desentrañaron esa pista.
El colombiano muerto fue clave también para relacionar con el magnicidio a otra de las capturadas en la segunda tanda, Laura Dayanara Castillo Velin. Al parecer, ella recorrió el coliseo la noche anterior, en un carro blanco robado, escoltada por dos motos.
Las autoridades la señalan de ser la cabecilla de una banda que delinque en el sur de Quito, dedicada al cobro de extorsiones, sicariato y tráfico de drogas, entre otras conductas.
A Laura ya la habían detenido el pasado 17 de junio en otro caso de porte ilegal de armas, junto al finado Johan Castillo, pero un juzgado los dejó en libertad.
Horror carcelario
Con 13 presuntos autores materiales y logísticos tras las rejas, los investigadores sentían que ya estaban cerca de llegar a quienes ordenaron el crimen. Pero la mafia no está dispuesta a dejar cabos sueltos.
El 6 de octubre fueron ahorcados en sus celdas de la cárcel del Litoral los colombianos Adey García, Jules Castaño, Andrés Mosquera, Jhon Rodríguez, José López y Camilo Romero. Días antes la Fiscalía había pedido su traslado, por un inminente riesgo de muerte, pero el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) ignoró la solicitud.
Al día siguiente mataron en la cárcel de El Inca, en Quito, al ecuatoriano José Leonardo Montaño Cuadro, otro vinculado al caso (capturado en la segunda tanda).
Las muertes de estos presos agudizaron la crisis institucional en ese país. El presidente Guillermo Lasso destituyó al comandante y al director de Investigaciones de la Policía; al jefe del SNAI y a los directores de las cárceles involucradas, quienes están bajo investigación de la Fiscalía.
Los seis sobrevivientes, incluyendo el último de los colombianos, Víctor Flórez, fueron trasladados a otras prisiones. El ente acusador logró proteger a un testigo clave, miembro de la banda de Laura, que está dando información importante sobre los autores intelectuales. De momento, se sabe que los sicarios habrían recibido $200.000 dólares por el encargo.
Sobre quiénes habrían ordenado el magnicidio, todavía no hay órdenes de captura, más allá de señalamientos en contra del expresidente Rafael Correa y sus seguidores, rivales del candidato Villavicencio.
La DEA y la Policía de Colombia rastrean a uno de los presuntos financiadores del hecho, un narcotraficante del Valle del Cauca, apodado “Flaco Rico”, quien tendría negocios con la organización criminal “los Lobos”, que a su vez es patrocinadora de la banda de Laura en Quito.
Se presume que él tendría nexos con los caleños implicados en el caso. Tal vez desatando ese nudo en nuestro país los investigadores encuentren el hilo conductor que le falta a toda esta conspiración.
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
ANEXO: Elecciones presidenciales en Ecuador
- Para este domingo 15 de octubre están programadas las elecciones presidenciales anticipadas en Ecuador, luego de que se hubieran aplazado las del 20 de agosto, por causa del asesinato del aspirante Fernando Villavicencio.
- Las elecciones son anticipadas porque el pasado mes de mayo, el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional (Congreso) de Ecuador, mediante un recurso constitucional conocido como “muerte cruzada”, justo cuando esa corporación se disponía a destituirlo por presunta malveración de fondos públicos. Desde entonces ha gobernado mediante decretos.
- En ese país está permitido que los presos voten, por lo que los internos comenzaron los sufragios el pasado 12 de octubre. Este domingo, la jornada en las calles será de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
