Ana Paola García Soto es congresista por el Partido de la U y ahora será investigada por cometer, aparentemente, compra de votos. La mujer, al parecer, se ofrecía a pagar los derechos de grado de estudiantes a cambio de que en las urnas depositaran el voto por uno de sus primos.
Las irregularidades se habrían registrado para las elecciones del pasado 29 de octubre. La representante de Córdoba, al parecer, ofreció dinero para impulsar en las urnas la candidatura de Luis Miguel Rojas, aspirante a la Asamblea Departamental.
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“La congresista y su primo Luis Miguel Rojas, aparentemente, se comprometieron a saldar el valor correspondiente a los derechos de grado si los alumnos lograban que sus familiares votaran por el entonces aspirante a la Asamblea”, señaló la Procuraduría en un comunicado.
De momento, la investigación solo es disciplinaria. Sin embargo, la compra de votos puede llegar a ser castigada con hasta ocho años en prisión y multas que pueden alcanzar hasta los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En uno de los videos difundidos, el candidato Luis Miguel Rojas develó el “compromiso” de los políticos en pagar los derechos de grado.
“Hoy nos hacemos unos compromisos aquí con ustedes para que estén tranquilos para su graduación porque eso tiene un costo y lo vamos a lograr. No les puedo decir que todo, pero sí podemos llegar a un acuerdo. Sabemos que hay espacios donde no se puede meter la política, pero en estos momentos estamos en campaña electoral y necesitamos de ustedes, de sus amigos y de su familia para llegar al objetivo”, dijo Rojas.
Luis Miguel Rojas fue la segunda votación más alta del partido de la U para la asamblea de Córdoba. Obtuvo 22.942 votos y se posesionará como diputado el próximo 1 de enero.
“La actuación disciplinaria que inició la entidad busca determinar la ocurrencia de la conducta por parte de la representante por el departamento de Córdoba, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, señaló la Procuraduría.
La representante García Soto ha participado como autora en 29 iniciativas legislativas y ninguna de ellas se ha convertido en ley.
