Una tensa situación se registró durante la mañana de este martes, luego de que las autoridades identificaran en un puesto de control a varios cabecillas de las disidencias de las Farc quienes, al parecer, eran movilizados y escoltados por vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Si bien entre los guerrilleros figuran algunos que se encuentran en diálogos de paz, hay otros que tendrían órdenes de captura vigentes.
El hecho generó el descontento y el rechazo de algunos miembros del Congreso de la República, quienes instaron a detener a aquellos subversivos contra quienes haya órdenes de captura por hechos de terrorismo. Al parecer, entre los disidentes estaría alias “Firu”, cabecilla de las disidencias que no tiene salvoconducto.
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“El peligroso criminal cabecilla de las disidencias de las Farc alias “Firu”fue capturado en Barbosa, Antioquia en una camioneta de la UNP y el Gobierno no deja moverlo. ¿Pretenden levantarle la orden de captura?, ¿a quién estaba asignada la camioneta? ¿Qué más había en las camionetas? Este Gobierno hace para beneficiar a los violentos y que los ciudadanos sigamos bajo el yugo”, cuestionó la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.
A su turno, la también senadora de oposición Paola Holguín (Centro Democrático) respaldó el operativo del Ejército y sostuvo que la “paz total no puede ser impunidad total. La paz total no está por encima de la Constitución y la ley, y gracias al Ejército Nacional por cumplir su misión, porque ustedes están obligados a garantizar la vida y la seguridad de los colombianos, y su compromiso es con la Constitución, no con los gobiernos de turno”, manifestó.
Por su parte, el representante Christian Garcés sostuvo que la UNP debe explicar por qué se movilizaban disidentes con órdenes de captura vigentes en camionetas de la entidad. “Mientras los líderes sociales están desprotegidos en los territorios, el Gobierno Nacional facilita protección a criminales”, dijo.
En el mismo sentido se pronunció el senador Honorio Henriquez, también del Centro Democrático, quien cuestionó si los diálogos “incluyen protección de criminales que no entregarán armas ni se quieren desmovilizar”.
En un puesto de control, el Ejército interceptó una caravana de 12 camionetas de la UNP en la que se movilizarían, entre otras personas, tres reconocidos cabecillas del Estado Mayor Central (disidencias de las Farc). Sin embargo, se presentaron complicaciones para su detención, bajo el argumento de que todos tenían suspendidas sus órdenes de captura por las negociaciones que se sostienen con el Gobierno Nacional.
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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, manifestó que “en este momento tropas de la IV Brigada del Ejército adelantan un operativo en el Nordeste del Departamento. Tres cabecillas de las disidencias de las Farc están detenidos y se niegan a descender de los vehículos. Reconocimiento a los uniformados por su valor y a la espera de la captura de estos delincuentes”.
La intercepción de estos vehículos se realizó en la vereda Potrerito, en los límites entre Cisneros y Barbosa, y luego de que se anunciara este procedimiento, presentaron documentos con la suspensión de sus órdenes de captura que les habría entregado la Fiscalía, como parte de uno de los acuerdos del proceso de negociación.
Otros congresistas se han manifestado a favor de la detención de los disidentes que tengan orden de captura vigente.
Por su parte, la UNP señaló que ante la detención de los vehículos se solicitó que la caravana fuera llevada a un centro policial para su respectiva inspección.
“La UNP confirma que acompaña el proceso de negociación entre el gobierno y el ELN y un sector del EMC, al igual que otros grupos armados y, por tanto, implementa esquemas colectivos de protección referido a las personas indicadas por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz”, explicó la entidad.
Sin embargo, la Unidad precisó que en los vehículos de los esquemas está prohibido transportar personas con orden de captura o combatientes, ni visitar áreas de guerra, “como tampoco servir de apoyo logístico a actividades, transporte de pertrechos y elementos que afecten la política de paz”.
Además, señalaron que por razones de seguridad los vehículos “no deben ser forzados a ser abiertos en carretera y por ello deben ser conducidos a infraestructuras seguras y vigiladas por la autoridad”.
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