Una amenaza de muerte del Clan del Golfo llegó en plena sesión del Concejo de Barranquilla. El teléfono le sonó al concejal José Trocha Gómez. Al otro lado de la línea estaban los delincuentes que amenazaron con asesinar a su familia por negarse a pagar una extorsión.
–¿Me va a matar a mi hijo?
–Se lo mato, se lo mato. Paga o se muere su hijo señor concejal.
Los hechos ocurrieron este miércoles durante las discusiones de la comisión tercera de la corporación. El funcionario le notificó a su extorsionista que estaba siendo grabado y que procedería a hacer pública la denuncia: al señalado delincuente no le importó.
“Que quede bien grabado. Así que llame a la fuerza pública porque le vamos a acabar con todo su núcleo familiar (...). Cuando aparezca el chulo ahí sí va a creer, por parte del Clan del Golfo va a tener un muerto, porque lo va a tener”, continúa el extorsionista al otro lado de la llamada.
Lea más: Sujeto se movió por Bogotá con tantos explosivos como para tumbar un puente
Una vez se conocieron las amenazas, el Concejo municipal convocó a una reunión extraordinria con el coronel Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. La fuerza pública se comprometió a evaluar y proteger la seguridad del funcionario.
De acuerdo con Trocha, las amenazas provienen de miembros del Clan del Golfo y buscan extorsionarlo a él y a su hijo.
Entérese: Fiesta de 15 años terminó con doble homicidio en Apartadó
“Mi hijo me contactó insistentemente porque lo habían llamado para exigirle una suma de dinero para no atentar contra su vida. Yo en ese momento le dije que les dijera a esos extorsionistas que me llamaran porque él solo es un estudiante. Estando en la plenaria con el micrófono abierto me llamaron e inmediatamente realicé la denuncia pública”, dijo Trocha a El Heraldo.
El presidente del Concejo, Juan Ospino Acuña, pidió mayor control al interior de las cárceles del país porque se estaban convirtiendo en “universidades del delito”. Aseguró que el Inpec, autoridad penitenciaria, debe tener mayores controles para detectar el ingreso de objetos prohibidos, como los celulares, a las cárceles.
