Metido en su celda durante 23 horas al día, incomunicado con el resto de los reclusos y sin poder hablar con ningún miembro de su familia: así ha pasado sus días el exjefe del Clan del Golfo Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, uno de los narcotraficantes más poderosos e importantes del país, desde que fue extraditado a los Estados Unidos el pasado 4 de mayo de 2022.
Además de estar en una de las cárceles de extrema seguridad más imponentes de Norteamérica, Úsuga fue cobijado bajo las Medidas Administrativas Especiales -más conocidas como SAM, por sus siglas en inglés- que son aplicadas solo a los criminales más peligrosos del mundo.
Entre las restricciones que incluyen las SAM, se encuentran monitoreos intensivos y aislamientos de presos que ya tenían decretados el confinamiento solitario. Eso, en términos prácticos, significa que reos como Otoniel se pueden pasar días enteros sin siquiera ver a otra persona. No pueden hablar con nadie y son vigilados, incluso, mientras conversan con sus abogados mediante un grueso vidrio de seguridad y un teléfono de lado y lado.
Todo ello con el objetivo de que Úsuga, o cualquier otro criminal cobijado con las SAM, no pueda retomar la línea de mando del grupo armado al que pertenecía o planear su fuga. “SAM fueron implementadas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y buscan prevenir cualquier amenaza a la seguridad de los Estados Unidos”, se lee en la página web de el Departamento de Estado de ese país.
Dichas medidas son tan extremas, que para 2017 solo había 57 prisioneros en todo Estados Unidos vigilados bajo ese régimen.
Con todo eso en mente, los abogados de Úsuga David emprendieron una batalla jurídica solicitándole a los jueces estadounidenses retirarle las SAM y, en general, bajarle las medidas de seguridad a Otoniel que, según ellos, “se encuentra en terribles condiciones de encarcelamiento”.
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Hay riesgo de que mate testigos
La pelea jurídica para intentar “liberar” un poco al exjefe del Clan del Golfo comenzó exactamente el pasado 2 de junio. Ese día su abogado estadounidense radicó una petición que solicitaba explícitamente eliminar las Medidas Administrativas Especiales bajo el argumento de que Úsuga se había declarado culpable y, por ende, no intentaría amenazar o asesinar testigos, el cual fue el principal motivo para que le impusieran ese encarcelamiento de máxima seguridad.
“Lejos de querer castigar a los que fueron testigos en su contra, mantiene cariño por algunos de ellos e incluso los ha ayudado de diversas maneras”, se lee en el texto de la defensa.
Sin embargo, y pese a que Úsuga ya aceptó todos sus cargos por narcotráfico en EE.UU., el Gobierno de Joe Biden ya desestimó la petición y envió un concepto el pasado 23 de junio en el que asegura que Otoniel debe continuar con las SAM porque son apropiadas para el tipo de criminal que es y el poder que tuvo dentro de su grupo armado.
En el documento, el Gobierno pide no olvidar que Úsuga “era el líder supremo del clan del Golfo (CDG), uno de los grupos criminales más violentos y poderosos del narcotráfico en el mundo”.
Además: “Otoniel” negociará acuerdo de culpabilidad con la justicia de EE. UU.
Apenas siete días después de ese movimiento jurídico, la defensa volvió a insistir con una petición radicada el 29 de junio. Ese día, los abogados del exnarcotraficante alegraron que a Otoniel ni siquiera se le permitía recibir atención médica sin la orden de un juez y que constantemente se le obligaba a dormir con la luz encendida.
Por ahora, se espera que los jueces evalúen a profundidad el caso y decidan de fondo sobre si Otoniel aún requiere las SAM y los aislamientos prolongados. Mientras eso ocurre, las autoridades judiciales de EE. UU. ya tienen preparada la fecha del juicio: el próximo 8 de agosto el país conocerá cuál será la condena del excapo que el Gobierno llegó a calificar como “el narcotraficante más importante desde la era de Pablo Escobar”.
