La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y los excomandantes del secretariado de las Farc se enfrentan a un nuevo round por cuenta de los casos que avanzan en las etapas más cruciales hacia la “condena”.
Apenas una semana después de que los comparecientes le enviaran una carta al Gobierno pidiendo modificar el Tribunal y de que la JEP les respondiera que ellos no tenían por qué estar sugiriendo cómo debían funcionar, el exmáximo comandante de esa extinta guerrilla, Rodrigo Londoño, envió un derecho de petición exigiéndole ciertas condiciones a la Jurisdicción.
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Para empezar, el derecho de petición que fue enviado este martes hablaba fundamentalmente de un evento que se llevó a cabo este miércoles en las instalaciones de la JEP, en Bogotá, y que fue un “acto de comunicación de los decretos de amnistía de iure a los firmantes del Acuerdo de Paz”.
Según Londoño, en esa reunión se podrían revelar datos sensibles de él, de sus demás excompañeros del entonces secretariado y de los más de 11.000 comparecientes que siguen comprometidos con la paz.
Esto último, según alegó en esa carta, era aún más grave si se tiene en cuenta que “tenemos 408 firmantes asesinados, sin contar con el número de amenazas, desplazamiento forzado, desaparición forzada y tentativas de homicidio de los cuales hemos sido víctimas”.
Dicho eso, Londoño y los demás comparecientes que se acogieron a ese documento solicitaron cuatro puntos en los que, palabras más palabras menos, piden que la JEP no revele ningún dato particular y que especifique “cómo será el protocolo de seguridad de suministro de información interinstitucional que utilizará la JEP, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la ARN y demás entidades involucradas, con el fin de proteger nuestros datos personales”
Pero la reunión en la que ellos pensaban que ocurriría eso se dio en la tarde de este miércoles sin mayores complicaciones.
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A la cita acudieron Londoño, conocido en la guerra como Timochenko; el senador experto en paz Humberto de la Calle, el alto comisionado para la paz, Otty Patiño; y los magistrados de la JEP, entre ellos el presidente Carlos Vidal.
En esa audiencia, la Jurisdicción comunicó y renovó la entrega de los decretos de amnistía de iure a los firmantes del proceso de Paz de 2016. Eso significa que la JEP entrega perdón y deja de perseguir penalmente a esos comparecientes por todos los delitos políticos como rebelión, entre otros, que fueron amnistiados.
El alto comisionado Otty Patiño, por ejemplo, mencionó unas palabras muy emotivas en las que reconoció cómo esa amnistía lo ayudó a construir una nueva vida y a reinsertarse en la sociedad.
Esto último, por supuesto, teniendo en cuenta que él fue guerrillero del M-19, también firmó un Acuerdo de Paz similar al que logró las Farc y, finalmente, también accedió a beneficios jurídicos como la amnistía.
“(La amnistía) me permitió el ejercicio libre y pleno de mi condición de ciudadano. Con base en esos derechos, tuve el privilegio de participar en la Constituyente de 1991 y participar en la construcción de la nueva institucionalidad de Colombia”, dijo. Tal es el fruto de su nueva vida política, que hoy por hoy está en uno de los puestos claves del gobierno de Gustavo Petro.
Aún así, Rodrigo Londoño insistió en que, según él, la JEP tiene en incertidumbre jurídica a cientos de firmantes de paz.
“Es importante mencionar que, la amnistía se pensó para que todos aquellos que estuvieran investigados, procesados o condenados por delitos políticos o conexos con estos tuvieran resuelta su situación jurídica pronto y pudieran desarrollar su proceso a la reincorporación política, económica y social sin dificultades en materia legal. No obstante, de acuerdo con lo anteriormente señalado, los firmantes procesados o condenados por este tipo de delitos, han visto su situación jurídica en el limbo por las limitantes establecidas por la JEP en sus decisiones. En consecuencia, muchos han sido víctimas de asesinatos, amenazas, desplazamientos, pérdida de bienes, afectaciones a la salud el ser excluidos de los beneficios adquiridos tras el AFP y más grave aún, han aumentado las deserciones de los firmantes que temen al incumplimiento de la JEP”, aseveró el máximo líderes del Partido Comunes.
Según sus datos, prueba de lo anterior es que desde marzo de 2018, fecha en que empezó a funcionar la Sala de Amnistía e Indulto, “solo hay 690 amnistías concedidas y 3.854 amnistías no concedidas. Asimismo, hay un total de 470 solicitudes de libertad condicionada concedidas y 2.056 no concedidas”, dijo.
Lo cierto es que la JEP ha sido un tribunal ampliamente golpeado por las críticas de todos los sectores políticos que quieren reformarla, modificarla y hasta suprimirla. Aún así, tiene todo el respaldo internacional que se ha ganado por mostrar buenos resultados en términos de justicia restaurativa.
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Fruto de lo que el mundo está viendo en Colombia, por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz cuenta con todo el apoyo de la Corte Penal Internacional, CPI, que se mostró dispuesta a defenderla a capa y espada si los gobiernos de turno intentan cambiarla a la fuerza o quitarle recursos, por ejemplo.
Dicho eso, la misma JEP ha sido clara con que el funcionamiento de la Jurisdicción no es algo que le competa a los comparecientes.
“La Jurisdicción reitera a los firmantes de paz que se sometieron ante este tribunal, que no les corresponde emitir órdenes ni orientaciones acerca de la manera como la magistratura debe cumplir con su mandato constitucional”, dijo Vidal en un comunicado en tono diplomático, pero contundente, respondiendo a la pelea de la semana pasada.
