La reciente decisión de la Corte del Distrito Sur de la Florida cobijó a nueve familias víctimas. Sin embargo, los proceso podrían venir en cascada contra la multinacional bananera. Los abogados calculan que son 4.900 las víctimas que demandarán por este caso.
Nueve familias de personas asesinadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) recibieron un mensaje de la justicia después de 17 años de una batalla legal que se desarrolló en los tribunales de Estados Unidos.
Es que este 10 de junio la Corte del Distrito Sur de la Florida encontró culpable a la empresa Chiquita Brands International por haber financiado al grupo paramilitar que comandaba Carlos Castaño durante las décadas de 1990 y 2000.
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Las víctimas acreditadas recibirán una indeminización de 38,5 millones de dólares. Sin embargo, este fallo podría abrir la puerta a más reclamos por parte de las víctimas del Urabá antioqueño y de la zona bananera del Magdalena.
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“Este fallo histórico marca la primera vez que un jurado estadounidense considera responsable a una importante corporación estadounidense por complicidad en graves abusos contra los derechos humanos en otro país”, señaló EarthRights International, ong que representó a las víctimas del caso.
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Chiquita Brands había admitido en 2007 que pagó hasta 1,7 millones de dólares a las AUC y alcanzó a pagar una multa de 25 millones de dólares. Sin embargo, insistieron durante todo el proceso que los desembolsos eran producto de extorsiones y que se realizaron para proteger a sus trabajadores. No pudieron probarlo.
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Lo que sí está documentado es una reunión que sostuvieron los ejecutivos de Chiquita con el comandante paramilitar Carlos Castaño en 1996 y 1997 en la mansión Montecasino de Medellín. Allí se pactaron los pagos y un acuerdo desembolsar hasta 3 centavos de dólar por cada caja de banano exportada.
“Los pagos hechos a la AUC eran revisados y aprobados por altos ejecutivos de la compañía, e incluían a gerentes de alto nivel, directores, y empleados. Chiquita sabía de los pagos a las AUC, y también conocía la naturaleza violenta de dicha organización”, se lee en el volumen No Matarás de la Comisión de la Verdad.
Los pagos de la bananera a los ilegales coincidió con un momento en el que la organización estaba adquiriendo tierras para expandir su presencia en la región bananera de Colombia.
Durante el proceso se tuvieron en cuenta los testimonios de las víctimas y de varios exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, alias HH y alias Pedro Bonito. También rindieron versión exjecutivos de Chiquita.
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Los pagos no solo eran en dinero. También se probó que Chiquita entregó vehículos blindados a Darío Laíno Scopetta, cabecilla del Bloque Norte. Incluso, antes de la reunión con Castaño, la empresa bananera ya había realizado giros a las denominadas Convivir y también alcanzó a hacer pagos a las guerrillas que operaban en la región bananera del país.
Ahora, la multinacional tendrá un mes para decidir si apela este primer fallo en su contra.
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Los procesos contra Chiquita podrían venir en cascada, el 15 de julio iniciará otro juicio con 10 demandantes. El universo de las víctimas que podrían buscar justicia en Estados Unidos por este caso –indicaron los abogados del caso– pueden llegar a ser de 4.900 y anunciaron que irán a la Corte el próximo mes.
