La difícil vía que conecta a Medellín y Quibdó y sobre la que este fin de semana ocurrió una tragedia con 38 víctimas fatales –y seis desaparecidas– tiene una larga historia de inversiones y trabajos de obra que no han logrado frenar los riesgos para los viajeros.
Solo para ese tramo de alrededor de 114 kilómetros, entre la transversal Ciudad Bolívar - Quibdó, el Estado ha invertido más de 1 billón de pesos entre 2012 y 2021, años de principal ejecución para ese corredor vial.
Dichas licitaciones han dejado como fruto un tramo con todos los kilómetros intervenidos y funcionando, pero con problemas de base que facilitan los derrumbes como el de este fin de semana que sepultó por lo menos a 50 personas en la vía. ¿Por qué?
En contexto: Video: así fue el impactante momento en el que el derrumbe arrasó con todo en la vía Quibdó-Medellín
Un tramo complejo
Lo primero que hay que saber es que la vía Medellín - Quibdó “es una carretera con una condición geológica y topográfica muy difícil. Entonces sí: allá se abrió trocha y se pavimentó, pero falta mucha más inversión en intervención de taludes, construcción de alcantarillas y otra serie de trabajos para darle estabilidad a la obra”, dijo en diálogo con EL COLOMBIANO José Fernando Villegas, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura seccional Antioquia.
En la práctica, lo que el ingeniero asegura es que en una vía tan compleja como estas no basta con pavimentar todos los kilómetros, sino que se requiere de intervenciones como túneles, muros de concreto, entre otras medidas, que ayudarían a que la carretera sea estable.
El lío está en que muchas de esas obras 4G que han solucionado los problemas viales en buena parte del país se concesiona con privados que invierten su dinero y recuperan la inversión con peajes y otro tipo de cobros a los viajeros.
“¿Entonces qué pasa en una vía que no es tan transitada como esta? Que los privados no tienen intención de invertir y le toca al Gobierno (...) No importa si por acá pasan muchas personas o no, lo que importa es que pasan vidas humanas, y las personas de Quibdó tienen tanto derecho como las que viajan de Bogotá a Tunja”, aseveró Villegas.
En efecto, el Estado ha hecho buena parte del trabajo asignando recursos. En 2012, el Gobierno de Juan Manuel Santos contrató $10.979 millones para un tramo de 76 kilómetros y más tarde, en 2016, firmó otro proyecto incluido en “Vías para la Equidad” que costó $87.485 millones para pavimentar 17,4 kilómetros y construir dos puentes.
De ahí le siguieron dos grandes contratos en 2017 durante la administración de Santos: uno inicial por $117.631 millones y otro que lo precedió por $621.256 millones para intervenir 23,3 kilómetros.
Por último, la intervención más reciente fue en 2021, cuando el Gobierno volvió a contratar $173.346 millones para un tramo que, de hecho, incluía el sector entre El Siete y La Mansa en el que ocurrió la tragedia.
Aún así, “lo que demuestra esta tragedia es que ese billón no ha sido suficiente y el Gobierno necesita destinar muchos más recursos para que no ocurran estas tragedias”, explica el director Villegas.
Ahí es clave recordar que la vía tiene condiciones que la hacen especialmente difícil: “es una zona geológicamente muy nueva y con alta lluviosidad, dos factores que la hacen muy inestable. Y lo otro es la misma topografía. Es una zona sumamente montañosa, por eso se presentan los derrumbes”, explica el experto.
Por ahora, la comunidad aún busca a sus desaparecidos mientras espera saber qué pasará con los $500.000 millones que prometió el Gobierno para concluir algunas obras en la vía y construir un puente aéreo urgente para el ingreso de alimentos a la región.
¿Será eso suficiente?, “es difícil saberlo porque el Gobierno no tiene estudios sobre cuáles son los trabajos mínimos que se deben hacer para estabilizar la zona. Pero es necesario y el Estado debe invertir más hasta que eso se traduzca en que no hay riesgo de morir sepultados en esa vía”, concluyó el director de la regional de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
