Bien atina el dicho que reza: “en el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo”. Al menos esa lectura se podría hacer del cambio que el Gobierno implementa desde el 1 de mayo en el modelo de salud de los profesores del país, el cual —para quien no sepa— funciona distinto al que están afiliados la gran mayoría de colombianos.
Pero vamos por partes. Desde que se tramitó la Ley 100 de 1993 los maestros del país quedaron con un régimen especial de salud (aparte del subsidiado y contributivo, así como el de Ecopetrol y el de las Fuerzas Militares).
Así las cosas, la afiliación de ellos y de sus afiliados no se hacía por medio de entidades promotoras de salud (EPS), sino por operadores que funcionaban por regiones.
Y la plata que aportan a seguridad social no llega a la Administradora de Recursos de Salud (ADRES), sino al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), mientras que la Fiduprevisora asumía la competencia de la afiliación y de girarle la plata a los operadores de salud. Esos operadores se encargaban de contratar a las instituciones prestadoras de salud (IPS) que atenderían luego a los usuarios y sus beneficiarios.
“Esos operadores estaban entre la Fiduprevisora y las IPS y eran las encargadas de montar la red de prestadores, pagarles mediante contratos y hacer auditoría”, explicó el abogado especialista en seguridad social, Christian Rivera.
Con esto claro, ahora vamos con el cambio que hizo el Gobierno de Gustavo Petro, que no es tan radical como el que quiere hacer con el sistema general. En términos simples —y como lo explicó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla—, eliminaron la intermediación de los operadores y le delegaron sus funciones a la Fiduprevisora.
Esto quiere decir que los operadores saldrían de la ecuación y esa fiduciaria sería la encargada de celebrar contratos con las IPS y de hacerles auditoría, que es revisar que lo que le cobren clínicas y hospitales por la atención a los usuarios corresponda con lo que realmente hicieron.
No obstante, esto no es soplar y hacer botellas. Implica que la Fiduprevisora —una entidad sin experiencia en crear redes de servicios de salud— aprenda funciones nuevas, entre las que se encuentran la celebración de contratos y haga gestión del riesgo financiero (hacer que la palta alcance). Tareas para las que, además de experiencia, se necesita personal calificado que lo haga con eficiencia.
La idea del Gobierno es que, sin el intermediario a nivel regional, los miembros del magisterio y sus beneficiarios pudieran tener libertad de elección de su IPS. No obstante, las quejas en las dos semanas que va de implementado señalan barreras de acceso a servicios de salud, largas filas y demoras en la atención.
Tanto así que sindicatos de profesores de Bogotá han protestado en la sede la Fiduprevisora debido a la “desorganización” en implementar estos cambios. Incluso, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) emitió una circular en la que le pidió a sus filiales en el país hacer un informe sobre las dificultades que se presenten en el país.
“Esto que se inventaron para los profesores no es algo tan complejo, uno esperaría que el modelo madure, pero ese tiempo que se demoren es mucho cuando se trata de la atención de personas con enfermedades crónicas, que en últimas es la diferencia entre la vida y la muerte”, apunta el experto en economía de la salud, Paúl Rodríguez.
Y es que cuando se habla de salud, inexorablemente se trata de vidas, que si se pierden nada las devuelve. Por eso, tanto Rodríguez como Rivera coinciden en que precisamente por ese factor es que los tiempos de transición entre modelos es tan importante.
“La transición son las reglas para hacer cambios paulatinos y crear capacidades, pues la sola contratación es compleja y asumir la auditoría es una locura. Para eso se necesita tener estándares de calidad, verificar que se cumplan y garantizar redes de servicios”, argumenta Rivera.
Y Rodríguez se pregunta “si no pueden con el régimen de una población que es afín al Gobierno, ¿cómo será con toda la población del país?”.
En ese punto es donde giran también las lecciones que deja el cambio de modelo de los profesores: si con un régimen con poco más de 900.000 afiliados, ¿serán estas escenas y quejas en distintas ciudades un espejo o presagio de lo que será el cambio que el Gobierno de Gustavo Petro quiere hacer con el sistema en el que están 50 millones de personas?
Al respecto, Christian Rivera advierte que “esta transición horrible, mal planeada y en poco tiempo” puede terminar en que si no se audita correctamente “van a tener un incremento de costos muy bravo y será insostenible”.
Aún así, el profesor Paúl Rodríguez sugiere como solución para la falta de experiencia de la Fiduprevisora que “compren o subcontraten la nómina de esos operadores que hacían las contrataciones y auditorías”. “Es la única manera que puedan hacer esos cambios sin traumatismos”, aseguró.
910.000
es el número de afiliados al régimen especial de salud del magisterio.
