La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) está en un periplo por varias cárceles del país, conversando con cabecillas de grupos delincuenciales para tratar de recomponer el jarrón de la “paz total”, fracturado por los escándalos de sobornos, conspiraciones y ofertas a narcos por debajo de la mesa.
Delegados de la Oacp, en compañía de algunos defensores de DD.HH. y congresistas del Pacto Histórico, han visitado en las últimas dos semanas las cárceles de Tramacúa (Valledupar), La Paz (Itagüí) y Cómbita (Boyacá), desarrollando actividades con los internos, sondeando su nivel de compromiso con el proyecto y escuchando sus quejas.
Son tres los aspectos que busca recuperar el alto Comisionado, Danilo Rueda, para enderezar el camino de la “paz total”: el interés de los grupos armados en conversar con el Gobierno, el respaldo de las organizaciones de DD.HH. y la credibilidad en su gestión.
Fuentes cercanas al proceso le explicaron a este diario que hay un descontento generalizado entre los grupos armados de origen no político frente al proyecto de ley para la sujeción de las bandas a la justicia, presentado por el Gobierno al Congreso.
La desazón radica en que los integrantes de estas estructuras armadas consideran que la Oacp y el Ministerio de Justicia no tuvieron en cuenta sus sugerencias sobre la norma que reglamentaría su dejación de las armas.
El asesor jurídico del Clan del Golfo, Ricardo Giraldo, señaló el 9 de marzo, en entrevistas con varios medios, que “a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan) no les gusta en lo absoluto los términos jurídicos de esa disposición, y yo como abogado veo que si se quiere una paz total, ese no va a ser el marco jurídico para ello”.
El mismo día se conoció un comunicado del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, dirigido a la Presidencia, en el que cuestionó el papel del comisionado Rueda, y advirtió que para que funcionara la “paz total” había que reconocer el estatus político del Clan del Golfo, situación que no está contemplada en el proyecto de ley.
“Porque si hay disidencias en el lado de la insurgencia, también hay disidencias por el lado de las Autodefensas, y todas ellas comparten como mínimo dos elementos. Uno, que tienen control territorial y suplantan al Estado en muchos lugares del país, es decir, son un actor político en esas regiones. Dos, que son el resultado de acuerdos incumplidos y falta de garantías”, afirmó, y recalcó que Rueda es un servidor público “ensimismado” que solo oye “las voces de los asesores de las Farc”.
En similar sentido se había pronunciado el pasado 9 de febrero el abogado Michel Pineda, asesor de la Mesa de Paz Total de la cárcel de Cómbita, en una entrevista con EL COLOMBIANO, al indicar que Rueda conversaba con unos actores armados “favoritos” y relegaba a otros.
“La paz se debe hacer incorporando a todas las personas, debe ser como una iglesia de puertas abiertas que recibe a todos. Cuando usted comienza a excluir a algunos, esos excluidos no se van a sentir con la posibilidad de construir esa paz”, acotó.
