La Comisión instó a escoger a la sucesora de Francisco Barbosa “a la mayor brevedad”. Alertó que la ausencia de una persona titular y la designación de encargos “puede afectar independencia y autonomía” del organismo.
Justo el día que la vicefiscal Martha Mancera asumirá como titular encargada de la Fiscalía General de la Nación –en reemplazo de Francisco Barbosa–, este martes se conoció un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que ‘alentó’ a la Corte Suprema de Justicia “a cumplir con su deber” y elegir a la próxima jefa del ente investigador. Sin embargo, le pidió al gobierno de Gustavo Petro que no haya “interferencias”.
Al señalar que “sigue de cerca” el proceso de selección, el organismo alertó que la falta de designación de una persona titular “podría debilitar el sistema de justicia colombiano”. En esa línea, recordó que la elección –según el cronograma de la propia Corte–, debería concluir el 7 de diciembre de 2023. Lo anterior, luego de que el gobierno Petro envió “oportunamente” la terna de personas “de reconocida idoneidad profesional para el cargo”.
“Sin embargo, debido a la falta de quórum y, posteriormente, a la falta de acuerdo político entre las personas magistradas, la institución quedará bajo un mandato interino a partir del 12 de febrero de 2024, fecha en la que culminó el periodo del anterior fiscal”, reclamó la Comisión, un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Por ello, instó a la Corte “a cumplir con su deber constitucional” y finalizar el proceso de selección de la titular de la Fiscalía “a la mayor brevedad posible”. No obstante, también le pidió al Gobierno garantizar las condiciones para que dicho proceso culmine “sin interferencias”. Según la CIDH, el llamado es a todos los estamentos del Estado para que se priorice la institucionalidad democrática colombiana en el ejercicio de sus funciones.
El organismo se refirió también a las marchas del pasado 8 de febrero, cuando decenas de manifestantes intentaron presionar a la Corte Suprema de Justicia en Bogotá y terminaron acorralando y asediando a sus magistrados, quienes llegaron a sentirse secuestrados.
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Al retomar la tesis que ha esbozado el presidente Gustavo, Petro, la CIDH destacó las 71 movilizaciones que se registraron en el país como pacíficas, “con excepción de momentos de desorden en Bogotá y Medellín”. También retomó lo dicho por el Ejecutivo al indicar que “ninguna persona magistrada o funcionaria del Palacio de Justicia fue objeto de agresiones físicas; y que, la Policía brindó seguridad y facilitó la salida del personal de las instalaciones, sin que se presentaran anomalías”.
Con todo, la CIDH informó que registró distintas versiones oficiales sobre la protesta que van desde considerarla como un ejercicio ciudadano mayormente pacífico, hasta calificarla como una forma de asedio y amenaza a la independencia de la justicia.
“En esta oportunidad, la Comisión destaca que la Fiscalía, al tener el monopolio de la acción penal, juega un papel fundamental en la lucha contra la impunidad, el acceso a la justicia y en la preservación de la democracia y del Estado de derecho en Colombia. La ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar a su independencia y autonomía”, agregó la Comisión.
Citando estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos, la CIDH insistió en que el proceso de selección debe realizarse “con transparencia y acceso a la información, asegurando los criterios de igualdad, no discriminación, formación y mérito”. Además, dicho proceso debe realizarse libre de todo tipo de interferencia, asedio o presiones indebidas.
La Comisión concluyó explicando que “toma nota” del compromiso presentado por el Estado para que se brinden todas las garantías y condiciones necesarias para que la Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus funciones, elijan a la persona titular de la Fiscalía General de la Nación bajo los preceptos de imparcialidad e institucionalidad.
