El reciente paro armado en el sur del departamento del Chocó desató una controversia y un enfrentamiento de opiniones entre el Defensor del Pueblo, Julio Balanta, y el Ministro de Defensa, Iván Velásquez. El debate se centró en el dilema de incentivar denuncias contra los grupos armados ilegales que ejercen control sobre las comunidades más vulnerables.
Inicialmente, el Defensor Balanta advirtió que promover la denuncia, en referencia específica al confinamiento en el Chocó, podría exponer a indígenas y campesinos a represalias o a una nueva revictimización.
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“A mí me parece que pedirle a las comunidades que denuncien, pues, es revictimizar precisamente a quienes están en el territorio. Aquí es un hecho claro y evidente lo que está pasando en el territorio. Lo que está pasando en el río San Juan y no hay necesidad de denunciarlo, ellos públicamente (ELN), han dicho que han decretado un paro armado, entonces, ¿qué debemos de denunciarlo? Lo que necesitamos es la presencia del Estado en ese río”, afirmó el funcionario.
Tras conocer este pronunciamiento, el ministro de Defensa adoptó una postura contraria, afirmando que el Defensor del Pueblo está equivocado.
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“Decir que pedirle a la comunidad colaboración con información para adelantar la Fuerza Pública en su conjunto, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Militares, operaciones que tiene que desarrollar de control del territorio, de protección de la propia población, decir que esa solicitud de información que se hace revictimiza a la población, creo que es una afirmación equivocada”, respondió.
El ministro insistió en que la colaboración y entrega de información por parte de la comunidad es indispensable para el ejercicio de las tropas en el territorio.
“Siempre, naturalmente, con las mayores garantías para la población que no puedan verse sometidas a retaliaciones, a afectaciones por la información que suministra, pero yo creo que es importante por el contrario. Siempre hemos reclamado de la población que contribuya precisamente en las labores de inteligencia que la policía nacional, que las fuerzas militares adelantan”, añadió.
Durante una semana, más de 50 mil personas, entre indígenas y campesinos, se vieron afectadas por el paro armado decretado por el ELN en gran parte del Chocó. En ese periodo, se desató una crisis marcada por el desabastecimiento de alimentos y la propagación de enfermedades.
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La Defensoría reclamó la presencia de las autoridades que, según dijo, durante 20 años han mantenido abandonas estas comunidades.
“Se necesita la presencia del Estado para que las comunidades realmente puedan desarrollar sus actividades. La gente está reclamando presencia del Estado en todo ese territorio. Más de 20 años estas comunidades tienen unas medidas de protección especial y el Estado no ha llegado a estas comunidades. Llegamos nosotros el fin de semana pasado y lo que nos reclama la comunidad es mucha más presencia y cumplimiento de esos compromisos que se tiene en esas tierras”, añadió el Defensor.
