“Chiquita Brands internacional acepta ser culpable de hacer pagos a una designada organización terrorista y acepta pagar 25 millones de dólares como multa”. Este es el titular de un cable del Departamento de Justicia de los Estados Unidos fechado el 19 de marzo de 2007.
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La historia de la financiación a grupos armados organizados por parte de Chiquita Brands, una longeva compañía estadounidense con su sede principal de operaciones en Cincinnati, Ohio, no es nueva. Durante la década de 2000, la compañía aceptó haberle pagado a grupos organizados en el Urabá Antioqueño y en Magdalena, en donde estaban sus centros industriales de producción de bananos en cantidades millonarias.
La diferencia con la aceptación de responsabilidad de 2007 ante la justicia de Estados Unidos y la decisión de la Corte de la Florida esta semana, es que las víctimas en Colombia que perdieron a sus familiares en masacres horrendas perpetradas por las AUC durante los años más duros del conflicto por fin serán reparadas.
Chiquita Brands tendrá que pagar más de 38 millones de dólares a 16 familiares de los asesinados, aunque este número es una mínima expresión de lo que sucedió en Magdalena y en esa dura región del Urabá por los enfrentamientos entre las múltiples derivaciones de las guerrillas y los paras que llegaron en 1995.
Según documentos de la compañía que fueron descalificados y publicados, Chiquita Brands tenía una relación de pagos a guerrillas de izquierda como el ELN, las Farc y el EPL hasta su desmovilización en el 91, y luego a un grupo de pequeñas disidencias de esa última guerrilla que se formó en la región.
Durante años, hacia finales de los 80s, la compañía le entregó dineros en acuerdos a estos grupos, incluso como estrategia para mantener estable a los sindicatos internos y supuestamente por seguridad.
Una investigación del portal Verdad Abierta demuestra que entre 1989 y 1997 hubo por lo menos 54 masacres en Apartadó, Carepa y Turbo, en donde estos grupos tenían incidencia al igual que la multinacional. Esas masacres fueron cometidas preponderantemente por las FARC, el EPL y ELN a antes de que los paras llegaran a controlar militarmente el departamento.
Luego, los paramilitares comandados por los hermanos Castaño llegaron en el 95 y la empresa cambió su financiación hacia las AUC, que exacerbaron la violencia en la campaña de “exterminar al comunismo”.
Hay declaraciones a la justicia en las que los entonces directivos de la compañía aceptaron reuniones con Carlos Castaño luego del 97. Allí se comprometieron a cerrar los pagos a las FARC y el ELN y entregarle recursos a los paramilitares, quienes, a cambio, prometieron seguridad y compromiso con el desarrollo de la región y el sector privado.
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La historia fue muy diferente y los paras de Castaño cometieron innumerables masacres sn las que cayeron cientos de miles de víctimas civiles, así como militantes de las guerrillas que fueron torturados y desaparecidos. Los informes del Departamento de Justicia le llamaron a ese periodo “la guerra civil en Colombia”.
En el cable de las autoridades de la Unión Americana en 2002 se relatan detalles de la operación de financiación ilegal a las AUC desde el 97. “Chiquita Brands hizo pagos durante años a la organización terrorista de extrema derecha AUC”.
Las AUC fueron designadas por el Gobierno de los Estados Unidos como un grupo internacional terrorista (FTO, por sus siglas en inglés) desde el 10 de septiembre de 2001, y como un grupo especial global terrorista (SDGT) el 31 de octubre de 2001. Estas designaciones hacen un crimen federal que Chiquita Brands haya entregado dinero a las AUC. En 2003, Chiquita hizo una declaración total voluntaria al Gobierno sobre sus pagos a las AUC, dando inicio a la investigación.
Y continúa el texto: “Como cualquier compañía, una organización terrorista necesita fondos y financiadores para soportar sus operaciones. Por muchos años, el grupo terrorista de las AUC encontró a uno de ellos en los pagos que le exigieron a Chiquita Brands International (...) Financiar a una organización terrorista nunca puede ser considerado como hacer negocios. Los negocios americanos deben tomar nota de que los pagos a terroristas son una categoría completamente diferente. Son delitos”, dice la comunicación.
Los pagos de la bananera se hicieron desde 1997 hasta 2004 y se localizaron exactamente en Urabá y Santa Marta. Estos recursos fueron entregados a través de la subsidiaria de la compañía en Colombia llamada Banadex.
Tan enorme fue la operación de financiación al grupo de Castaño, que las autoridades americanas concluyeron que se hicieron pagos todos los meses durante esos años, alrededor de 100, para un total 1.7 millones de dólares. Evidentemente, esa financiación tuvo una repercusión inmediata en el escalamiento del conflicto que se convirtió en la historia más violenta del derramamiento de sangre en Colombia.
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“Los pagos de chiquita fueron revisados y aprobados por altos ejecutivos de la organización, así como oficiales de alto rango, directores y empleados”, dice el documento conocido por EL COLOMBIANO.
La estrategia de Chiquita fue registrar estos pagos en los documentos de su propia contabilidad como entregas en las categorías de “seguridad” o “servicios de seguridad”. Mientras que para los pagos a las guerrillas antes del 97, había coordenadas y códigos que las autoridades tuvieron que interpretar.
Tras cinco años de realizar los pagos, solo en la región de Urabá, la compañía accedió a financiar a los paramilitares directamente en Santa Marta a partir de junio de 2002.
La historia contada por el Departamento de Justicia relata que un alto directivo se dio cuenta hacia 2002 que las AUC habían sido declaradas como una organización global terrorista por el Gobierno americano y que cualquier tipo de pago debía cesar inmediatamente. “No se pueden hacer los pagos, detener cualquier pago indirecto a través de las CONVIVIR”, decían los mensajes. Los directivos de la bananera discutieron la posibilidad de abandonar Colombia por la gravedad de lo que venía, una vez las autoridades americanas descubrieran que habían estado entregando recursos multimillonarios a una organización categorizada como terrorista.
Aunque esto no ocurrió en un primer momento, finalmente la financiación en Santa Marta y Urabá se paró y la compañía buscó al Departamento de Justicia para revelar los detalles de sus relaciones con los AUC de los Castaño a partir de 1997, así como los pagos que había hecho desde 1989 a los grupos terroristas de izquierda que abundaban en la región.
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Las víctimas
Otro documento de la investigación estadounidense en 2022 da cuenta de lo impresionante de las alianzas que terminaron con víctimas civiles por los pagos millonarios. “La carta ofrecida por el señor Camargo, de un investigador criminal, señala que el señor Mangones aceptó su participación en el homicidio”. Este apartado se refiere a José Lugo Mangones, un paramilitar de la región conocido también con el alias de “Tijera” que operaba delegado por los Castaño en Urabá y fue uno de los autores de los homicidios contra las víctimas de la sentencia de la Corte.
Tras conocer el fallo del tribunal de la Florida, las víctimas reaccionaron, señalando que han sido décadas de lucha para que su papel y su causa sean reconocidas. “Es un triunfo de un proceso que viene desde hace casi 18 años para todos nosotros, que hemos sufrido tanto durante estos años. En este proceso hay un debate de justicia y reparación, estamos luchando desde 2007. No estamos en este proceso porque queramos, fue Chiquita, con sus acciones, la que nos ha metido en él. Tenemos una responsabilidad con nuestras familias y debemos luchar por ellas”, dijo una de las personas afectadas.
También reaccionó el presidente Gustavo Petro con un cuestionamiento a la justicia colombiana. ¿Por qué la justicia de EEUU pudo determinar en verdad judicial que Chiquita Brands financió el paramilitarismo en Urabá? ¿Por qué no pudo la justicia colombiana? Si el acuerdo de paz del 2016, que ya sabemos es una declaración unilateral de estado que nos compromete ante el mundo habla de un solo tribunal de cierre de la verdad judicial, ¿por qué no lo tenemos?”.
A este último argumento, el presidente le ha dado cabida recientemente en medio de las divagaciones sobre la Constituyente, que, de acuerdo con las publicaciones de Álvaro Leyva y Eduardo Montealegre, es supuestamente un objetivo no realizado aún del Acuerdo de paz con las Farc en 2016.
Los negociadores y el propio expresidente Juan Manuel Santos aseguraron que no se puede considerar al Acuerdo como una vía para esquivar los mecanismos constitucionales para proponer una Asamblea Nacional Constituyente. Hoy son el de un proyecto de ley al Congreso con revisión de la Corte Constitucional y un llamado a elecciones.
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Sin embargo, Petro también ha puesto sobre la mesa la necesidad de tener un solo tribunal de cierre que pueda contar toda la verdad del conflicto en Colombia, porque, a su parecer, aún hay capítulos del conflicto que la Justicia Especial para la Paz no ha descubierto, y que no puede hacerlo por sus limitaciones a investigar el conflicto únicamente entre el Estado y las Farc.
El caso de Chiquita Brands abre un boquete sobre un debate extenso en la realidad y el contexto del conflicto colombiano. Este es el de la línea roja entre ser víctima de extorsiones por parte de grupos armados en regiones en donde en los años difíciles de los enfrentamientos no había seguridad garantizada por el Estado ni las fuerzas militares, y la financiación voluntaria a estos grupos terroristas, como sucedió según la justicia con el caso de la bananera, siendo responsables al mismo tiempo de las masacres y los crímenes contra civiles inocentes que cometieron estos grupos.
Lo último que se conoció es que la compañía alegaría no tener caja para pagarle a las víctimas. Y aseguraron que apelarían la decisión e la Corte de la Florida.
Chiquita Brands no pudo demostrar en los tribunales americanos que sus pagos obedecieron a una amenaza ilegal inmediata e inminente, y tampoco que no tenía otra alternativa razonable. Como está, la historia de compañías que financiaron el accionar de grupos ilegales, o que se vieron obligadas a hacerlo, es abundante. Con la condena a Chiquita Brands podría abrirse un nuevo capítulo de la verdad del conflicto, al que muchos dicen que le falta páginas.
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