A través de un duro pronunciamiento, este martes la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) condenó la crisis humanitaria y de orden público que persiste en la región del Catatumbo, en el Norte de Santander, donde se han recrudecido los combates entre el ELN y las disidencias de las Farc. En esa línea, el organismo pidió al Gobierno de Gustavo Petro desmantelar organizaciones criminales.
Al advertir que hay registro de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y abusos perpetrados por grupos armados, ONU Derechos se declaró “profundamente preocupada” por la muy grave situación del Catatumbo, en particular para la población civil.
En esa línea, llamó la atención por el “impacto nefasto” para los derechos de las comunidades, incluyendo a mujeres, niñas y niños, y a pueblos indígenas en municipios como Tibú, Teorama, Sardinata, Convención, El Tarra, San Calixto, Hacarí y Abrego.
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“Entre otros, la Oficina verificó con varias fuentes la ocurrencia del homicidio de al menos 60 personas; el desplazamiento forzado de más de 18 mil personas; el confinamiento de más de 1.000 personas, incluyendo 23 comunidades indígenas del Pueblo Bari y comunidades del Pueblo Yukpa; la privación de la libertad de al menos 30 personas; la desescolarización de 46 mil niñas, niños y adolescentes; amenazas y estigmatización de liderazgos sociales; y homicidio de firmantes de paz”, manifestó el ente.
Además, la Oficina llamó la atención por el homicidio de defensores de derechos humanos: los líderes Carmelo Guerrero y Pedro María Ropero, así como múltiples amenazas en contra de liderazgos sociales de la región, “quienes en muchos casos se desplazaron junto con sus familias a Ocaña y Cúcuta”.
Además de instar al ELN y a los otros grupos armados a respetar los derechos humanos, ONU Derechos Humanos pidió al Estado redoblar la protección de civiles y brindar asistencia humanitaria, en particular, en favor de la población desplazada y confinada. En ese sentido, insistió en la protección de defensores de derechos humanos y la adopción de “medidas eficaces y estructurales de protección que rompan los confinamientos”.
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También pidió articular acciones de prevención y protección de las comunidades que se encuentran en riesgo de ser afectadas por el accionar de los grupos armados, “en particular, se llama a avanzar en la aplicación de las acciones de inteligencia, previstas en esa política, para desarticular las organizaciones armadas ilegales”, precisa.
Por último, ONU Derechos Humanos exhortó a “iniciar a la brevedad” la implementación de la Política Pública de Desmantelamiento de organizaciones criminales “como una manera de iniciar los cambios estructurales y de transformación territorial necesarios para mitigar el flagelo de la violencia”.
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