Al listado de ministros y exministros del Gobierno de Gustavo Petro llamados a declarar por un presunto cónclave en el que se habría discutido el direccionamiento irregular de contratos en el entramado corrupto de la Unidad para la Gestión del Riesgo, se sumaron otros dos exfuncionarios del petrismo.
Inicialmente, se conoció que la Corte Suprema escuchará en declaración a los ministros Diego Guevara (Hacienda), Gloria Inés Ramírez (Trabajo) y Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud), además del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Sin embargo, horas más tarde, trascendió que también fueron citados el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
En este caso, la Corte Suprema avanza apoyándose en los testimonios de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes meses atrás admitieron su participación en actos de corrupción y se comprometieron a colaborar con la justicia.
En sus declaraciones, ambos mencionaron un presunto cónclave en el que habrían participado varios funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro para discutir el supuesto direccionamiento irregular y el descalabro de contratos gestionados desde esa entidad.
Para verificar la veracidad de este relato, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a varios funcionarios a rendir declaración con el fin de esclarecer los detalles de un supuesto encuentro realizado en el despacho de Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), en noviembre y diciembre de 2023.
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Según López, el 27 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023, en el Palacio de Nariño se habría gestado un presunto “cónclave” desde donde se habrían orquestado actos corruptos para comprar voluntades de congresistas.
En su momento, el exministro Bonilla negó las acusaciones, asegurando que “no hubo ningún acto indebido, ni expectativas de congresistas extorsionando al Estado”. Paralelamente, Bonilla también fue señalado de haber ordenado el direccionamiento de tres contratos en Saravena, Carmen de Bolívar y Cotorra por un valor total de 92.000 millones de pesos, presuntamente a favor de seis congresistas. A cambio, los legisladores habrían ofrecido su apoyo a las reformas del Gobierno.
Sobre el supuesto cónclave, la ministra Ramírez admitió que participó en reuniones, pero aseguró que su asistencia estuvo enfocada en discutir aspectos técnicos de las reformas del Gobierno.
Por su parte, el exministro Velasco, señalado por López de haber participado en dichas reuniones, sostuvo que no se trató de un cónclave secreto, sino de una sesión ordinaria del Comité Político.
“En esas reuniones se analizaban el estado de opinión del país, encuestas, avances del Gobierno”, afirmó.
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En cuanto a los actuales ministros citados a declarar, la Corte Suprema —que no tiene competencia para vincularlos formalmente al proceso— solicitó su testimonio para esclarecer qué ocurrió durante el encuentro, los temas tratados y las conclusiones alcanzadas. Guevara, Ramírez y Jaramillo podrán enviar su declaración juramentada por escrito en los próximos días a la Sala de Instrucción, encargada del expediente.
