Según la investigación de la Fiscalía, la constructora giró 1’610.000 dólares a las cuentas del publicista ‘Duda’ Mendoça, quien prestaba servicios a la campaña. Al parecer, Zuluaga tenía conocimiento del aporte ilícito.
En desarrollo de las investigaciones por el entramado de corrupción que gestó la constructora brasileña Odebrecht para hacerse a obras de infraestructura, este martes la Fiscalía anunció que imputará cargos al excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga, a su hijo David Zuluaga –quien fuera su gerente de campaña– y a la exministra Cecilia Álvarez.
El organismo señaló que hay “abundante material de prueba” en contra de los implicados, mientras que informó que también archivó una investigación contra de la exministra de Educación, Gina María Parody por atipicidad de las conductas por las que fue denunciada.
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En el caso de Zuluaga, la Fiscalía recordó que en 2014, cuando era candidato presidencial, se habría reunido en varias oportunidades, en su apartamento del norte de Bogotá, con el exdirectivo de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Antonio Martorelli.
“En los encuentros, al parecer, se pactó un aporte de la multinacional brasileña para pagar parte de los servicios que el publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, conocido como ‘Duda’ Mendoça, prestaba a la campaña”, explicó el ente acusador, que dijo que Odebrecht giró 1’610.000 dólares a las cuentas de una empresa que el publicista tenía en Panamá.
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El organismo explicó que, de acuerdo con la Constitución, los partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos tienen prohibido recibir financiación de extranjeros para campañas electorales.
“Las evidencias dan cuenta de que Óscar Iván Zuluaga tenía conocimiento del aporte ilícito y presentó una contabilidad con tal omisión ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), a fin de obtener una reposición de votos por más de 25.000 millones de pesos, como en efecto ocurrió”, agregó el ente acusador.
Las investigaciones indican que Zuluaga, así como su gerente de campaña, ocultaron información sobre la financiación de Odebrecht. Por ello, imputará a Óscar Iván Zuluaga los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular, mientras que David Zuluaga Martínez el delito de fraude procesal.
Por otro lado, imputará a Cecilia Elvira Álvarez Correa-Glen, quien fungiendo como ministra de Transporte del expresidente Juan Manuel Santos (entre septiembre de 2012 y agosto de 2014), habría avalado la celebración de dos otrosíes al contrato ‘Ruta del Sol II’, los cuales adicionaron al proyecto vial la construcción del tramo Ocaña (Norte de Santander) – Gamarra (Cesar).
“Para cumplir varias clausulas contenidas en los otrosíes y garantizar más fuentes de financiación a la concesionaria, de la que hacía parte Odebrecht, la entonces ministra emitió una resolución el 22 de julio de 2014, que permitió a la concesionaria ‘Ruta del Sol’ instalar dos nuevas estaciones de peaje y subir el cobro en otras cinco que estaban en funcionamiento”, determinó el organismo, reclamando que las actuaciones se hicieron sin estudios técnicos y sin autorizaciones.
Para la Fiscalía, la exfuncionaria, al parecer, favoreció a la concesionaria ‘Ruta del Sol’ y benefició un proyecto fluvial sobre el río Magdalena que planeaba poner en funcionamiento una terminal en Gamarra (Cesar), pues le garantizó una vía de acceso principal que sería el trayecto Ocaña – Gamarra, adicionado a la ‘Ruta del Sol II’.
“Es evidente el interés particular en el caso que le impedía a la señora Álvarez Correa – Glen participar en la adición del tramo Ocaña – Gamarra, pues antes de asumir el Ministerio de Transporte hizo parte de la junta directiva de varias sociedades vinculadas a la construcción del citado proyecto portuario con enfoque multimodal, en donde tenían intereses económicos familiares de su pareja”, concluyó el ente.
Por último, se archivó la investigación contra la exministra de Educación, Gina María Parody D’echeona, como posible responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La exfuncionaria era investigada por supuestas conductas ilícitas al participar en el CONPES que modificó el plan de inversión de la ‘Ruta del Sol y permitió adicionar la construcción del tramo Ocaña – Gamarra. “Los denunciantes indicaron que, con esa intervención, la exfuncionaria favoreció el proyecto fluvial sobre el río Magdalena que impulsaban sus familiares y permitió que tuviera una vía principal de acceso”.
Sin embargo, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia no encontró configurado el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, pues la exministra no participó en el trámite y celebración del otrosí cuestionado. También se descartó el delito de interés ilícito en la celebración de contratos, pues el cargo que desempeñó no tuvo relación alguna con el objeto contractual.
