Un considerable giro dio este miércoles el proceso penal que la justicia adelanta a Nicolás Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Se trata de la decisión de apartar del caso al fiscal Mario Burgos, quien se encargó de liderar la investigación, llevó a cabo la acusación y formuló la solicitud de mantener privado de la libertad al hijo del presidente, Gustavo Petro.
En este caso, la defensa había solicitado remover al fiscal Burgos de la investigación al considerar que sobre él recayó un impedimento cuando el pasado 7 de junio la Comisión de Disciplina Judicial le formuló pliego de cargos por presunta actuación irregular en todo el proceso.
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Para formular cargos en su contra, la Comisión encontró que al parecer hubo irregularidades cuando se filtró información reservada sobre la investigación, como el video donde fue documentado el procedimiento de captura de Petro Burgos. Además, cuestionó el organismo disciplinario que el fiscal haya acudido a prácticas de presión durante el interrogatorio al hijo del presidente, llevándolo a declarar contra su propia familia.
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Consideró la defensa de Petro que dicho pliego de cargos era meritorio para que fuera removido. Argumento que finalmente fue acogido por la Fiscalía General.
“La delegada para la Seguridad Territorial determinó que la decisión disciplinaria del pasado 7 de junio constituye, por sí sola y de manera objetiva, causal de impedimento para el doctor Burgos Patiño. Por ello, este fiscal ante Tribunal Superior de Distrito no podrá continuar como delegado para adelantar la investigación contra el ciudadano Nicolás Petro”, detalló el ente investigador en un breve comunicado.
Aclaró la Fiscalía que la recusación está probada, toda vez que la queja, en contra de sus actuaciones, ocurrió con posterioridad a la imputación de cargos contra Petro.
“De acuerdo con la resolución 372 del 10 de julio de 2024 de la delegada, del pliego disciplinario de cargos surge la causal objetiva 11 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, según la cual “(...) si la denuncia o la queja fuere presentada con posterioridad a la formulación de la imputación, procederá el impedimento cuando se vincule jurídicamente al funcionario judicial””, añade.
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Burgos es el fiscal que hizo toda la indagación y logró, incluso, que en un primer momento el hijo del presidente hiciera una declaración cuando fue capturado en Barranquilla y trasladado al Búnker en Bogotá. En ese entonces, habló de los dineros que supuestamente recibió por parte de “el Turco Hilsaca” y Santander Lopesierra, alrededor de $800 millones, que tenían el fin de financiar la campaña del Atlántico, pero que se quedaron en las manos de Petro para comprar supuestamente una propiedad y otros lujos.
Allí también habló de Euclides Torres y aseguró que sí participó en la financiación de varios eventos. El fiscal también tomó la declaración de Day Vásquez, la exesposa de Nicolás, y accedió a toda la evidencia que ella recopiló durante meses en la campaña a la Presidencia.
En marzo pasado, el presidente Gustavo Petro pidió que Burgos fuera sacado del caso por la filtración del video de la captura del CTI en Barranquilla, en la que también aparece su nueva pareja, Laura Ojeda, con quien tiene un hijo.
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El proceso ha sido polémico por el vaivén de denuncias y quejas entre todas las partes. Desde que inició, Petro y su defensa insistieron en que Burgos fuera apartado, lo que ahora puede considerarse como una pequeña victoria para el hijo del jefe de Estado.
