Antonia Urrejola, experta internacional de Derechos Humanos de la ONU, presentó este lunes las conclusiones de su investigación sobre los obstáculos de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y del supuesto entrampamiento en el caso de Jesús Santrich.
En un capítulo aparte, la investigadora descartó un entrampamiento contra Santrich, pero subrayó sobre un punto que llamó la atención: aparentes demoras de la Fiscalía para cooperar en la administración de Justicia con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
Un documento conocido por EL COLOMBIANO da luces de la historia que terminó en una enorme discusión jurídica entre la JEP y la Fiscalía de entonces y sería contradictorio a lo afirmado por la representante de la ONU.
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De acuerdo con Urrejola, desde la Fiscalía –para esa época bajo la dirección de Néstor Humberto Martínez– se habría “ralentizado” la entrega de algunos documentos a la JEP que llevaba la investigación contra el líder del partido FARC para decidir sobre las sanciones que estableció el Acuerdo para quienes incurrieran en delitos luego del 2016, fecha de la firma de la paz.
“Considero que existió por parte de la Fiscalía General de la Nación una obstaculización del procedimiento de la JEP para que tomara una decisión en el tiempo oportuno sobre la garantía de no extradición de Santrich”, señaló la investigadora de la ONU durante una rueda de prensa.
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Por esta situación, incluso la JEP denunció en marzo del año pasado a algunos funcionarios de la Fiscalía. De acuerdo con la querella, aunque existían órdenes de la Sección de Revisión de la JEP y de la Corte Constitucional, el ente acusador no entregó toda la información que requería el tribunal especial para tomar una decisión en el caso.
Jesús Santrich, finalmente, huyó de la justicia hacia Venezuela. En el vecino país –junto a los desertores de Iván Márquez, “El Paisa” y “Romaña”– fundó la Segunda Marquetalia y terminó abatido en mayo de 2021.
“Yo señalo expresamente que esta demora y el conflicto de competencias que ocurrió entre la Fiscalía y la JEP claramente generó una desconfianza de parte de las personas firmantes sobre cómo estaban operando las instituciones sobre las garantías de no extradición”, añadió la investigadora.
EL COLOMBIANO conoció, por fuentes que prefirieron mantenerse en reserva, un documento que probaría que la Fiscalía no tenía la totalidad de documentos que solicitaba la JEP en el caso Santrich y que, por el contrario, esas pruebas estaban en poder del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El 15 de mayo de 2019 llegó hasta la oficina de Ana Fabiola Castro Rivera –para entonces directora de asuntos internacionales de la Fiscalía– un dosier entregado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En la carpeta se incluía cinco pruebas que hacían parte de la investigación que llevaba Estados Unidos contra Santrich por delitos relacionados con narcotráfico. La importante de la historia es que exactamente en la misma fecha de la recepción de los documentos de Estados Unidos a la Fiscalía, ese 15 de mayo, la JEP concluyó que Santrich sí debía ser beneficiario de la garantía de no extradición, uno de los blindajes que acordaron los exguerrilleros de las FARC con el Gobierno Santos para cuidar actuaciones posteriores de la justicia norteamericana. Esto quiere decir que la JEP habría tomado esa decisión sin todos los elementos de juicio.
“Los papeles que pedía la JEP no estaban en poder de la Fiscalía y eso está acreditado con una prueba reina que emana de los Estados Unidos. Los papeles que pedía la JEP los compartió el Departamento de Justicia con la Fiscalía el 15 de mayo de 2019, fecha para la cual ya había concluido la actuación en la JEP”, indicó la fuente a este diario.
Esto es determinante en la discusión por una razón. Todo el debate de Santrich se dio en ese momento en varios frentes. Primero, si la JEP era competente para decidir de fondo sobre el caso o si solo tenía la función de concluir la fecha en la que se habían cometido los supuestos delitos acusados en contra del firmante, para determinar si le correspondía después o no decidir sobre la garantía de no extradición. Si la JEP encontraba que las pruebas contra Santrich daban cuenta de que la comisión de delitos habría sido luego de la firma en 2016, no podría darle la garantía. Si los delitos estaban en ese periodo posterior a la firma, le aplicaba la extradición.
El otro frente fue todo el debate de fondo sobre la operación- que varios sectores políticos calificaron de “entrampamiento”- realizada por agencias de Estados Unidos en alianza con la Fiscalía, porque presuntamente Santrich estaba interesado en enviar cocaína a Miami hasta por 5 millones de dólares, para lo cual tuvo reuniones con mexicanos que eran en realidad agentes infiltrados con el fin de exportar la droga usando un lenguaje en código. El propio Santrich realizó un cuadro que era supuestamente para un capo mexicano en agradecimiento.
El documento conocido por este diario señala que Estados Unidos envió la documentación probatoria sobre “la entrega controlada de cocaína y dinero del 1 de noviembre de 2017 y el 13 de febrero de 2018” con la promesa de ganar alrededor de cinco millones de dólares; la declaración completa de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez (también fugado del proceso) quien fue capturado, aceptó cargos y se convirtió en testigo de las agencias en contra de su excolega de armas. También fueron enviadas “declaraciones de dos fuentes sobre Jesús Santrich” y una versión juramentada del agente especial Brian Witek. Hasta ahora no se conoce si la ONU tuvo en cuenta estas consideraciones, pero lo cierto es que la JEP terminó definiendo que Santrich sí debía contar con la garantía de no extradición aparentemente sin evaluar estas pruebas. Uno de los argumentos de la Jurisdicción Especial en contra de la Fiscalía fue que esta no enviaba la evidencia completa porque no consideraba que el tribunal debía conocerla.
Este caso fue tan polémico que llevó a que Néstor Humberto Martínez renunciara a su cargo de fiscal general de la Nación, algo que no había sucedido en la historia moderna del ente acusador.
El documento entrega nuevas pistas sobre lo que verdaderamente sucedió con el caso de Santrich y el de Iván Márquez, quien estaría vivo al frente de una de las facciones de las disidencias que siguen enfrentadas con otros grupos armados por el control de economías ilícitas, especialmente en la frontera con Venezuela.
