El empresario Carlos Mattos, condenado por sobornar jueces y funcionarios judiciales dentro de un proceso por la distribución de la marca Hyundai en Colombia, tenía tanto poder en la cárcel la Picota de Bogotá, que con la excusa de salir a citas médicas se reunió con amigos y familiares en una oficina ubicada al norte de Bogotá.
Esa es la hipótesis que la Fiscalía tiene en su contra y por la cual iba a ser imputado este miércoles, pero no asistió a la audiencia. Sin embargo, tres guardias del Inpec: Luis Alejandro Rojas Camacho, William Rene Caballero y Jorge Hernán Guerrero sí fueron judicializados.
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En la diligencia judicial se conoció que Mattos exigía a los guardianes hacer sus desplazamientos con su celular. Dispositivo que es prohibido en el interior de los centros de reclusión. Varias de esas salidas irregulares, que ocasionaron el retiro fulminante del director del Inpec, general Mariano Botero, se remontan a marzo de 2022.
Para esa fecha, un informe presentado por la unidad investigativa de Noticias Caracol reveló que Mattos salió de manera irregular de la cárcel La Picota, en un vehículo del Inpec, por lo menos en dos ocasiones y se trasladó a su oficina en el norte de Bogotá.
Uno de los seguimientos detalla que Mattos permaneció varias horas en su oficina reunido con el abogado Iván Cancino, pese a estar irregularmente por fuera de la cárcel.
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Mientras él estuvo en su oficina, la camioneta del Inpec permaneció en un parqueadero vecino esperando y horas después lo llevó de nuevo a la cárcel. Pese a que debería estar recluido, las imágenes mediáticas revelaron a Mattos caminando tranquilamente por la calle, sin compañía de ningún guardián.
Por esos hechos los funcionarios del Inpec fueron imputados por los delitos de prevaricato por omisión, peculado por uso, los cuales no aceptaron.
Basada en esos hechos, la Fiscalía tendrá que definir el camino para imputar a Mattos por los delitos de peculado por uso, cohecho y prevaricato por omisión.
El empresario está condenado a cuatro años por los sobornos que realizó a la jueza Ligia del Carmen Hernández, quien habría favorecido la comercialización de los vehículos extranjeros Hyundai.
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Adicionalmente, tiene otra condena de nueve años y cinco meses de prisión por el soborno del entonces juez Reinaldo Huertas.
El empresario es investigado desde 2016, cuando la casa matriz de Hyundai en Corea rompió relaciones luego de 25 años con la casa automotriz en Colombia, de la cual él era su representante en territorio nacional.
El empresario asumió una batalla legal en la que al poco tiempo se advirtieron irregularidades que él mismo confirmó en audiencias públicas luego de ser extraditado de España.
Para la Fiscalía, la acción del empresario no tenía otro fin más que el de direccionar a un despacho específico la demanda presentada por Hyundai Colombia Automotriz S.A., contra Hyundai Motor Company de la República de Corea.
