Por presuntamente inducir a varios alcaldes para que escogieran a personas afines a su estructura para celebrar diversos contratos y obtener beneficios económicos para él y terceros, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exsenador de la República Mario Alberto Castaño Pérez.
Para la Procuraduría, el excongresista determinó a los alcaldes de Piendamó y Suárez, en Cauca; Samaná, en Caldas; y Balboa, en Risaralda, para intervenir indebidamente en diferentes contratos estatales de manera que se garantizara su adjudicación, así como el posterior disfrute de los recursos que de ellos obtenían.
“De igual manera, el organismo de control adujo que Castaño Pérez posiblemente intervino en el amañamiento y direccionamiento de los contratistas del consorcio San Miguel, para apropiarse de más de $1.500 millones, que si bien fue celebrado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres estuvo siempre bajo la directriz del grupo liderado por el exsenador”, señaló un comunicado del Ministerio Público.
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De la misma forma, el “ente de control explicó que el excongresista hizo que una persona miembro de su organización hiciera creer que $2.000 millones del Ministerio de Cultura se iban a destinar al desarrollo íntegro de un proyecto, y desviar $300 millones para la coautora y él mismo”.
Finalmente se reportó que “la Procuraduría indicó que en los tres casos el funcionario habría irrespetado el ordenamiento normativo y su deber de actuar siempre en defensa de la legalidad y la promoción del bienestar general, a la que estaba obligado por su rol y la representación popular de la que estaba investido”.
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