Dos funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil resultaron capturados tras un operativo conjunto con la Fiscalía General de la Nación, el Gaula y el Ejército Nacional, que buscaba desarticular una red dedicada al tráfico de migrantes que operaba en Valledupar y Pereira.
Según informó Migración Colombia, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, la Policía capturó a nueve personas involucradas en esta actividad ilícita, entre ellos al registrador de La Paz, Cesar, identificado como Oswaldo Morales, y su secretaria, Liliana Amaury, así como varios auxiliares de la misma entidad, quienes habrían estado vendiendo cédulas de ciudadanía falsas a migrantes venezolanos y dominicanos.
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Esta red criminal de tráfico de migrantes se dedicaba a la obtención fraudulenta de documentos de identidad colombianos para facilitar el viaje de migrantes hacia Estados Unidos y Europa, utilizando registros civiles falsificados y documentación adulterada.
De acuerdo con el informe de la Registraduría, en lo que va de 2024, más de mil cédulas de ciudadanía, principalmente de ciudadanos extranjeros, han sido canceladas por presentar irregularidades y ser utilizadas para actividades ilícitas, identificadas gracias al Centro de Analítica de Datos de la entidad en conjunto con Migración Colombia, la Cancillería y la Dijin.
La entidad canceló “un total de 1.038 cédulas de ciudadanía por falsa identidad, en su mayoría de ciudadanos de nacionalidad dominicana, venezolana y ecuatoriana, que fueron obtenidas de manera fraudulenta para tramitar pasaportes, salir del país o cometer posibles delitos”.
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Además, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, advirtió a los colombianos que se prestan para colaborar en trámites irregulares de la cédula a extranjeros. “Muchos colombianos se han prestado para ir a testificar en la inscripción del registro de ciudadanos extranjeros, como si fueran colombianos, y a estos nacionales hay que decirles que están cometiendo un delito que los puede llevar a la cárcel. Además, le están haciendo un grave daño al Estado colombiano”, señaló.
La entidad detalló que el reporte fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, “que trabaja decididamente en la desarticulación de redes dedicadas a la falsificación de documentos y el tráfico de migrantes”.
