La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró este jueves al Territorio del Canal del Dique como víctima del conflicto armado dentro del Subcaso Montes de María y municipios cercanos del Caso 08, en el que se investigan los crímenes cometidos por la fuerza pública en alianza con grupos paramilitares.
Donde también se vieron implicados agentes estatales y terceros civiles, reconociendo el impacto profundo que estas acciones tuvieron en las comunidades y su entorno.
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“De acuerdo con la evidencia judicial, los homicidios, desapariciones forzadas, y otros crímenes de guerra cometidos a lo largo del canal, transformaron el territorio y las relaciones de la gente con el mismo”, señaló el tribunal de paz en su comunicado.
Testimonios recogidos en el proceso relataron que el canal fue utilizado como un cementerio acuático, mientras que su posición estratégica convirtió la zona en un punto de control militar y paramilitar desde los años noventa.
Con la expansión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y posteriormente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la región enfrentó un control territorial intensificado, afectando profundamente a las comunidades étnicas.
Hubo daños profundos en toda la zona
La JEP destacó que las afectaciones documentadas abarcan el deterioro físico del ecosistema, la degradación de las fuentes hídricas y la transformación forzada de los significados culturales y espirituales atribuidos al territorio.
La declaración señaló también violencias específicas contra mujeres y personas LGBTIQ+, incluyendo violencia sexual y de género.
Con esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad respondió a la solicitud de la Ruta del Cimarronaje, una organización que representa a más de 200 colectivos étnicos en el Caribe colombiano.
Este colectivo ha documentado cómo la interacción histórica y espiritual entre el canal y las comunidades étnicas ha definido su identidad, resistencia y supervivencia.
El Canal del Dique, que atraviesa 113 kilómetros y conecta municipios en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre, ha sido escenario de daños sociales, económicos y ecológicos profundos.
Las comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas y palenqueras, que habitan el área, han visto afectadas sus estructuras de vida y sus vínculos con el entorno.
Esto se convirtió en una decisión histórica, ¿por qué?
A partir de esta notificación, el Canal del Dique, considerado ahora víctima acreditada, podrá participar en actos procesales, audiencias públicas de reconocimiento y otros espacios destinados a la búsqueda de justicia, reparación y garantías de no repetición.
Según la JEP, “el territorio no es solo un espacio físico, sino una extensión del ser, vinculado a las dimensiones espirituales y comunitarias de los pueblos”. Por ello, cualquier agresión al territorio constituye una agresión directa contra las comunidades.
La decisión fue sustentada con evidencia del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Comisión de la Verdad, que documentaron los impactos históricos del conflicto en el Canal del Dique.
