Toda una “holding” empresarial de carácter ilegal para controlar todos los eslabones del robo y comercialización de combustible robado fue la que desarticularon en los últimos días la Policía y la Fiscalía.
Los operativos pusieron en evidencia la articulación de tres redes delictivas que trabajaban coordinadas para extraer, refinar, comercializar y transportar los hidrocarburos. Como parte del resultado se cuenta la captura de 14 personas y la ocupación de bienes avaluados en más de 1,3 billones de pesos con fines de extinción de dominio.
Las primeras acciones policiales, en Girón y Barrancabermeja (Santander), lograron la captura de cinco presuntos que integrarían una organización encargada de instalar válvulas en el tubo del oleoducto Caño Limón-Coveñas en Tibú (Norte de Santander) y de coordinar su transporte mediante camiones tipo cisterna, apoyados en manifiestos y guías de carga falsificados.
Entre los aprehendidos está Albaneris Pérez alias “La Patrona”” o “La Monja”, cuyo rol sería el de financiar todo el funcionamiento del engranaje y de pagarle a las estructuras del ELN que dominan la zona. El resto serían conductores. Todos fueron afectados por medida de aseguramiento en centro carcelario.
Como complemento, había un aparato logístico para proveer de documentos falsos, almacenar y llevar el producto extraído del tubo en el sector de Astilleros, en Cúcuta, desde donde lo movilizaban en camiones cisterna a centros de acopio de Ocaña (Norte de Santander), Aguachica (Cesar), Barrancabermeja (Santander) y Madrdir (Cundinamarca).
Por ese motivo, la Fiscalía les imputó cargos a seis capturados por concierto para delinquir, uso de documento falso, y receptación de hidrocarburos y derivados, entre los cuales está la administradora de una planta de Asfaltos a quien señalan de adquirir y acopiar el crudo; la propietaria de un parqueadero en el que se hacía el cargue; un hombre que sería el coordinador logístico y otro que al parecer se encargaba de conseguir manifiestos de carga falsos, así como dos conductores.
El otro eslabón de la cadena que también fue atacado por las autoridades fue el componente empresarial, consistente en varias compañías que, desde el año 2021 habrían usado personerías jurídicas, permisos del Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Medio Ambiente y de las cámaras de comercio para crear y mantener actividades comerciales relacionadas con la instalación de las plataformas de extracción del crudo, el desarrollo de sistemas de almacenamiento y refinación, así como con la comercialización de hidrocarburos. Además, mediante la relación con el resto de las redes, le daban un “vestido” de legalidad al combustible que sacaban irregularmente del tubo del Caño Limón-Coveñas, el cual llevaban hasta los sitios de comercialización.
Aparte de las aprehensiones, la Fiscalía y la Dijín de la Policía ocuparon, con intención de avanzar en el proceso de extinción de dominio, 101 propiedades que habrían sido obtenidos con las ganancias de este ilícito. Entre estos hay 9 inmuebles rurales y 15 urbanos en trece ciudades del país, 37 vehículos, 7 naves,18 sociedades y 15 establecimientos de comercio. Su valor superaría los 1,3 billones de pesos.
