Varios líderes políticos independientes y de partidos oposición han anunciado que iniciarán un proceso de demanda contra la aprobación en el Congreso del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Gustavo Petro. Al parecer, según señalan, habría sido aprobado de manera anticonstitucional.
Según explicó el jefe de Estado en días pasados, desde la Casa de Nariño, el PND cuenta con cinco ejes temáticos, los que aún no terminan de convencer a sus opositores, y que buscarían cambios estructurales como, por ejemplo, un nuevo ordenamiento del territorio alrededor del agua, la seguridad humana y la justicia social, la consolidación de una reforma rural integral y la transformación productiva del país. Además, para lograr su cumplimiento, se estima que costaría unos $1.154,8 billones.
A la fecha, la hoja de ruta del gobierno Petro ya cuenta con dos demandas ante la Corte Constitucional. La primera de ellas llegó del lado del concejal de Bogotá por el partido Colombia Justa Libres, quien el pasado 23 de mayo presentó una demanda de Acción Pública ante el órgano de control contra los artículos 100, 101, 364, 366, 367 de la Ley 2294 de 2023, que se expidió con el PND 2023-2027 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.
El cabildante explicó que su decisión la tomó luego de que en el documento quedara consignado que las Juntas de Acción Comunica (JAC) y otras organizaciones de la sociedad civil podrán ejecutar algunos de los recursos y hacerse cargo de algunas de las obras que se desarrollen al interior de su comunidad con dineros del Estado, como por ejemplo, la construcción de infraestructura social, vivienda rural, vías y caminos veredales, entre otras.
“A través de los artículos 100 y 101 de la ley del Plan, se busca que estas organizaciones puedan recibir contratos a dedo hasta por 6.000 salarios mensuales legales vigentes, sin acreditar ninguna experiencia en la materia”, dijo Acosta para medios nacionales.
Para Acosta, lo que el presidente buscaría con esto es el pago de “favores políticos, a través de la contratación estatal, vulnerando los principios de igualdad, imparcialidad, moralidad pública y selección objetiva”. Además, considera que el PND le concede al presidente “superpoderes” para crear y cambiar las dinámicas de algunas de las entidades del Estado.
La segunda demanda fue interpuesta por Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, este 25 de mayo, quien considera que el plan cuenta con “vicios de procedimiento en el tramite legislativo”. A través de un video en Twitter, Uribe anunció su decisión.
El senador expresó que así como pasó con la reforma a la salud y la reforma tributaria, que fueron aprobadas de un “pupitrazo”, el Plan Nacional de Desarrollo también fue votado de la misma manera. “Este gobierno ha cogido la costumbre de ‘ferrocarrilear’ los proyectos en el Congreso para evitar que los colombianos se enteren de lo que allí se discute”, aseguró.
Por lo que cree que las propuestas allí consignadas se convertirían en un “problema para los colombianos”, y espera que con su demanda, y pese a que “el gobierno cuenta con unas mayorías en el Congreso confiamos en las Cortes, para que en el marco de la independencia de poderes, le exijan al gobierno cumplir con la Constitución”, manifestó.
