Tras la quema de 6 vehículos y hostigamientos con fusil en el Bajo Cauca, en medio del paro minero, el presidente Petro ordenó “actuar de inmediato”. Se reactivan operaciones ofensivas. Hay alerta en el país.
Justo después de la quema de seis vehículos en el Bajo Cauca antioqueño, en medio del paro minero y con ataque a fusil contra la Policía y el Ejército este domingo, el presidente Gustavo Petro ordenó tumbar el cese al fuego que sostenía desde el 31 de diciembre con el Clan del Golfo.
El Jefe de Estado le ordenó a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares contra esa narcobanda, luego de confirmar que sus cabecillas están detrás de ese ataque.
“He ordenado a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley. No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”, enfatizó Petro.
Y aunque desde que se decretó esa medida no había protocolos claros, y se veía más a una Fuerza Pública maniatada que a un grupo ilegal con voluntad de paz, fue lo sucedido en el Bajo Cauca –una región que completa 19 días en paro– lo que detonó la decisión.
“El ataque con fusil a la fuerza disponible de la Policía por parte del Clan del Golfo rompe el cese al fuego”, agregó Petro, advirtiendo que la Fuerza Pública “debe actuar de inmediato” contra las estructuras de lo que catalogó como una “organización mafiosa”.
El anuncio del Jefe de Estado se dio sobre las 6 de la tarde, y en una rueda de prensa convocada dos horas después con la cúpula militar, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ratificó que, “sin duda”, el ataque de este domingo lo cometió el Clan del Golfo.
“Por la inteligencia de nuestros organismos se ha podido determinar fehacientemente que (detrás se) encuentra el Clan del Golfo”, explicó el ministro, al anunciar que las Fuerzas Militares retomarán acciones ofensivas contra esta organización.
Por su parte, el director de la Policía, general Henry Armando Sanabria, sostuvo que –tras la decisión de Petro– la institución entra en “máxima alerta” y alistamiento de primer grado, “con la consigna de proteger a la población”.
El General indicó que detrás de los hechos de violencia están dos estructuras del Clan: la ‘Jorge Iván Arboleda Garcés’, bajo la dirección criminal de alias Marcos, y la ‘Uldar Cardona Rueda’, al mando de alias Chirimoya (ver recuadro).
La quema de los seis vehículos en el Bajo Cauca fue rechazada también por el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Con nombre propio, señaló al Clan por su responsabilidad en esos hechos.
“Se presentó la quema de por lo menos 4 vehículos de carga y 2 buses de transporte público en carreteras del Bajo Cauca. Repudio total a quienes insisten en sembrar zozobra y terror ante ofensiva de la Fuerza Pública contra los ilegales”, aseguró el gobernador.
Según las primeras informaciones del caso, los vehículos fueron quemados en la Troncal de Occidente, entre los municipios de Valdivia y Caucasia, donde sujetos abordaron a los conductores para que se detuvieran y, posteriormente, les prendieron fuego a los automotores.
Con su política de paz total, el Gobierno Petro le apostó a creer en los grupos al margen de la ley para aliviar el conflicto en las regiones más afectadas del país; sin embargo, el Clan del Golfo continúa con su accionar delincuencial.
El cese al fuego con el Clan del Golfo se acordó el 31 de diciembre del 2022 y, según Petro, se extendería hasta el 1° de junio. La medida incluye a otros grupos armados.
No obstante, desde el mismo Gobierno se había denunciado la intervención del Clan del Golfo en el paro minero que afecta –desde el 2 de marzo– a varias regiones de Antioquia y del sur de Córdoba.
Cabe recordar que, por medio de una carta, el pasado 14 de marzo, el Clan del Golfo expuso cinco puntos para intentar justificar su participación en esta coyuntura que hasta hoy genera problemas de orden público. El grupo descalificó las versiones que han sostenido las autoridades sobre su participación en los bloqueos del Bajo Cauca.
“Rechazamos los actos de violencia que han cometido algunos participantes del paro, como la destrucción de vehículos de carga y, sobre todo, el ataque que han sufrido varias ambulancias que transportaban enfermos en delicado estado de salud”, señalaron en la carta. Toda una manifestación de cinismo.
La narcobanda también envió una carta a Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, en la que expresó que ven con sorpresa las declaraciones de los funcionarios y que siempre han mantenido la voluntad de paz con el gobierno, culpando de los desmanes y el vandalismo al ELN y las disidencias de las Farc.
El anuncio del Presidente generó diversas opiniones entre personalidades y estamentos políticos. El excandidato presidencial Federico Gutiérrez reclamó que “nunca hubo cese bilateral al fuego con el Clan del Golfo”.
Según el dirigente, “el único que suspendió operaciones militares fue el Estado, por orden de Petro. La mayor irresponsabilidad al dejar a la población civil indefensa durante tanto tiempo. Hoy vemos los desastrosos resultados”.
Por su parte, el presidente del Congreso, Roy Barreras, respaldó la decisión: “El Estado recupera el control del territorio y la confianza ciudadana. La noble oferta de paz se acompaña del pulso firme en seguridad”.
Finalmente, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid, insistió en que “nunca hubo cese al fuego; actúe y garantice la seguridad de los colombianos. ¡La seguridad no es guerra! No le dé miedo”.
El cabecilla detrás del paro minero
El responsable del paro minero y de la situación de zozobra es un cabecilla del Clan del Golfo que, buscando consolidar su poderío e influencia, estaría afectando a los pobladores y, de paso, saboteando la paz total del gobierno de Gustavo Petro. Se trata de José Miguel Demoya, alias Chirimoya, quien sería responsable de actos para “amedrentar y atentar” contra la vida de los líderes políticos de la región.
