La aeronave tuvo que aterrizar en el Cantón Militar de Carepa. Todos los tripulantes están fuera de peligro.
Una delegación de fiscales, defensores y procuradores tuvo que aplazar su llegada a Tierralta (Córodoba) porque el helicóptero en el que se movilizaban, al parecer, fue atacado.
La misión de los funcionarios era verificar el abuso de autoridad que, según han denunciado, se cometió por parte de un grupo de militares contra los miembros de una comunidad campesina en ese municipio cordobés.
El impacto se produjo en el tanque de gasolina de la aeronave. El piloto tuvo que regresar y aterrizar en el cantón Militar de Carepa (Urabá antioqueño). Imágenes difundidas dan cuenta de un orificio en el tanque que, al parecer, se produjo luego de un impacto de bala.
Los funcionarios del Ministerio Público y de la Fiscalía pretendían llegar hasta la vereda Bocas del Manso de Tierralta. El lugar, horas antes, fue escenario de una intimidación de la que es señalada la fuerza pública contra la población civil.
En video quedó registrado el momento en el que un grupo de hombres –todos encapuchados y disfrazados como si fueran un grupo armado irregular– llegó hasta el caserío. Allí insultaron y apuntaron sus armas contra los civiles desarmados.
El Ejército confirmó que los uniformados ya fueron identificados y que pertenecen al Batallón de Infantería N.33 ‘Batalla de Junín’.
Durante el aparente abuso de autoridad, uno de los soldados le quitó el seguro a su arma y apuntó por varios segundos a la persona que grabó el momento con su celular. En otra ocasión, trataron de enfrentarse a una mujer que tenía a su bebé en brazos.
“Usted a mí no me manda callar, porque yo tengo derechos y usted me los está vulnerando. Son criminales. Vamos a ver si son capaces de meterme un tiro con mi hijo en brazos. Dígame si esto les parece justo: compararse con nosotros, que no tenemos cómo defendernos”, le dijo la madre al hombre armado.
Iván Velásquez, ministro de Defensa, calificó el hecho como “sumamente grave” y prometió “drásticas” sanciones para los uniformados involucrados.
Después de que trascendió el hecho, en Tierralta hubo un consejo extraordinario de seguridad. Uno de los compromisos del Ejército, precisamente, era garantizar el arribo de las comisiones de Fiscalía, Defensoría y Procuraduría a la vereda para que investiguen lo ocurrido.
“Volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública. Esto no puede pasar en este gobierno. Es el mismo ejército quien debe presentar públicamente, al lado del gobierno, su propia investigación en estos hechos”, fue el llamado del presidente Gustavo Petro.
Por su parte, la procuradora Margarita Cabello Blanco pidió “garantías plenas” para poder desarrollar las investigaciones respectivas en la zona tras el atentado que sufrió la aeronave.
“Muy preocupada por los hechos ocurridos el día de hoy, conversé con el Comandante del Ejército, el general Ospina, para exigir garantías de seguridad para la comisión que se encuentra en la zona y para las investigaciones que se continuarán realizando”, aseguró en un breve comunicado compartido por el Ministerio Público.
