Las críticas hacia la decisión del Gobierno de incrementar en un 5,36% la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025 no se han hecho esperar. Expertos y gremios del sector salud han señalado que esta medida es profundamente insuficiente para atender las crecientes demandas y desafíos del sistema de salud colombiano.
La UPC, que define el monto anual que las EPS reciben por cada afiliado para garantizar la cobertura de servicios de salud, es fundamental en la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, los críticos advierten que el ajuste propuesto no responde al incremento real en los costos de atención, insumos médicos y medicamentos, lo que pone en riesgo tanto la calidad del servicio como la estabilidad financiera de las EPS.
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En la mañana de este martes, 7 de enero, se conoció la petición al Gobierno de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (Asocientíficas) que pide revocar la medida, señalando que este ajuste no refleja las necesidades reales del sistema de salud en el país.
En concreto, a través de un derecho de petición, la Asocientíficas solicitó al Ministerio de Salud la revocatoria directa de la Resolución 2717 del 30 de octubre de 2024, que establece el valor de la UPC para financiar los servicios de salud en los regímenes subsidiado y contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud para 2025.
“El aumento del 5,36% calculado para la UPC en 2025 está por debajo del costo real de una atención en salud. De esta forma es insostenible para el Talento Humano en Salud del país y para el sistema mismo, ofrecer un servicio de calidad a todos los colombianos.”, aseguró Agamenón Quintero Villareal, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.
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La Asociación apeló a un estudio de la ANDI, según el cual “el aumento de la UPC en solo 5,36% generará un déficit estimado en 10,4 billones solo para el año 2025, agravando aún más la crisis financiera que hoy atraviesa el sector salud en Colombia”.
En este caso, la resolución fija la UPC del Régimen Contributivo en $1.521.489,60, un aumento del 5,36% respecto al año anterior. Asocientíficas cuestionó que los datos utilizados para calcular el incremento de la UPC no son confiables, tal como lo señaló el Viceministerio de Protección Social en un documento técnico previo, que concluyó que los datos disponibles no eran adecuados para realizar el cálculo.
