La Comisión de Acusación de la Cámara, el órgano por el que debe pasar cualquier proceso que se quiera adelantar contra el presidente Gustavo Petro –incluyendo el que lo salpica por el presunto ingreso no declarado de $15.000 millones a su campaña–, está rota. Todos sus integrantes andan de pelea y, por lo mismo, ningún expediente de los ya radicados anda.
Esa célula legislativa, que se caracteriza por tener más de 1.000 procesos abiertos y ninguno con avances sustanciales, designó por reparto a 3 de sus 18 congresistas para llevar los expedientes contra Petro, pero no tuvo reparo en que en ese triunvirato quedaran dos del Pacto Histórico y uno más de La U que, a su vez, está procesado por posible corrupción.
En efecto, las denuncias que buscan establecer si entró dinero de procedencia presuntamente ilícita a la campaña de Petro y si él mismo como posible beneficiado estaba enterado, una de ellas impulsada por el excandidato Federico ‘Fico’ Gutierrez, quedaron en manos de Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, del partido de Petro, y Wilmer Carrillo, procesado por un presunto desvío de cerca de $300 millones en Norte de Santander.
Y cada uno de ellos tiene su particularidad, por lo que la Comisión se dividió frente a su idoneidad para asumir los expedientes y en torno a si deben o no continuar con ellos. Por un lado, Uribe es un abogado que viene trabajando junto a Petro desde hace décadas, además hizo parte del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y por la férrea oposición que juntos han hecho a todo aquel que se identifique con las tesis del expresidente Álvaro Uribe.
Arizabaleta, por su parte, es una política valluna que trabaja temas sociales y que fue hasta hace poco, además, la esposa del expresidente del Congreso y ahora embajador en Reino Unido, Roy Barreras. De hecho, aunque ambos en público lo niegan, entre el petrismo se dice que fue él quien la impulsó a ella para que se lanzara a la Cámara en las listas del Pacto.
Y Carrillo, por su parte, tiene una acusación formal de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por cuenta de la liquidación de un contrato de obra por $258 millones en Norte de Santander cuando ofició como Secretario de Infraestructura. El alto tribunal le imputó peculado por apropiación agravado a favor de terceros.
Si bien la Comisión no se ha reunido para analizar estas situaciones, y ni siquiera para revisar las recusaciones que desde la oposición se radicaron quitarles a estos tres representantes los expedientes, el cruce de mensajes entre los integrantes por cuenta de estos asuntos ha sido duro.
EL COLOMBIANO estableció con fuentes del Congreso que se están coordinando agendas para buscar una cita presencial y directa de todos, con el fin de que se analice si el triunvirato cercano al petrismo que se quedó con el caso debe seguir o si, por el contrario, es necesario trasladar los folios judiciales.
Los representantes Hernán Cadavid y Óscar Villamizar, del Centro Democrático, junto a Carlos Alberto Cuenca, de Cambio Radical, están patinando ese escenario para que, a su juicio, el proceso de carácter político se pueda dar con celeridad y garantías, algo que –según ellos– no se tiene si los dos del Pacto y el de La U mantienen el liderazgo de las investigaciones.
A esto hay que sumarle que el representante Christian Garcés, del Centro Democrático y oriundo del Valle, recusó a Uribe y a Arizabaleta por su condición de militantes del Pacto Histórico, tarea en la que encontró el respaldo del senador Miguel Uribe, también de la colectividad uribista.
“Las campañas de los aquí recusados se encaminaron a apoyar la elección presidencial de Gustavo Petro en primera y segunda vuelta”, dijo Garcés, quien agregó que eso es argumento suficiente para que no puedan convertirse en juez y parte del proceso que se le debe comenzar al hoy Jefe de Estado.
La Comisión de Acusaciones de la Cámara, que hace poco estuvo en el debate público por el cierre de un caso que desde la izquierda del país se impulsó contra el fiscal General, Francisco Barbosa -por supuestamente no ser idóneo para el cargo-, tiene que surtir un trámite largo para que se emita algún tipo de decisión que toque directamente al presidente Petro.
En efecto, luego de recoger pruebas y testimonios, el triunvirato investigador, sea este u otro que se designe si prosperan las recusaciones, debe presentar un informe que debe votarse en pleno de la Comisión, ya sea para acusar o absolver formalmente a Petro. Si hay ambiente para lo primero, el caso pasa a la plenaria de la Cámara donde debe darse una votación similar que, de prosperar, haría tránsito del expediente al Senado donde, de la misma forma, debe ser sometida a discusión y votación.
En el caso hipotético de que se avance hasta ese punto, algo que en la historia solo ha sucedido con el general Gustavo Rojas Pinilla en la década de los 70, se le quita el fuero presidencial al Jefe de Estado, se le declara indigno político y debe afrontar una investigación penal en la Corte Suprema de Justicia.
Este último paso es el que el propio Petro ha llamado el intento de “golpe de Estado”, porque si bien se mueve con fuerza y burocracia en el Congreso para que se avalen sus polémicas reformas, el Gobierno no tiene mayorías aseguradas en el Capitolio y de ahí el susto de que un expediente en la Comisión de Acusación se les salga de las manos y termine votado en contra del Presidente.
Y eso por eso, precisamente, que él se quiere comparar con el capturado Pedro Castillo del Perú, aunque allá fue ese personaje el que quiso atentar contra la democracia cerrando el Legislativo porque no le era afín a sus intereses.
En todo caso, esta semana es clave para que esa Comisión defina si se cambian o no a los investigadores y para que el Pacto demuestre si puede controlar o no la única célula legislativa que tiene funciones judiciales y que, por lo mismo, tiene empapelado a Petro.
