Un supuesto plan para atentar contra la vida del presidente Gustavo Petro, el asesinato de un líder de las protestas callejeras y un ataque sicarial que se viralizó por las redes sociales, volvieron a poner en la mira de las autoridades a “la Cordillera”, una organización criminal con redes transnacionales que lleva dos décadas delinquiendo en el Eje Cafetero con relativa impunidad.
El pasado 6 de octubre, el Jefe de Estado se quejó en su cuenta de X porque, a su parecer, la Fiscalía no había avanzado en la investigación sobre un presunto plan de la banda para asesinarlo, y que motivó que cancelara su gira proselitista en abril de 2022 en Pereira, cuando era candidato presidencial.
Según él, “ha aparecido una investigación interrumpida en la Fiscalía, donde un dirigente político de extrema derecha de Risaralda aparece como el jefe de la banda ‘La Cordillera’. Banda que quería asesinarme en campaña presidencial. La pregunta es por qué tanto el atentado en Cúcuta en mi campaña presidencial del 2018 como esta investigación nunca llegó a conclusión judicial ni en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez ni en la actual”.
El dirigente al que se refirió en ese mensaje fue César Giraldo, un empresario y activista del Centro Democrático en Risaralda, quien aparece en un organigrama policial de la banda con el apodo de “Calzones”. Ante el señalamiento, Giraldo negó tener nexos con la organización ilegal.
A su turno, la Fiscalía le respondió a Petro, señalando que ya había abierto una noticia criminal por las amenazas, la cual estaba en etapa de indagación, y dio a entender que los avances en el caso se entorpecieron por gente del círculo del entonces candidato, que alertaron sobre el supuesto plan de atentado, pero después no cooperaron con la investigación.
“Las personas entrevistadas, integrantes del Pacto Histórico, señalaron que no brindarían información alguna sobre las fuentes que les habrían dado esa información, indicando que era por motivos de seguridad”, recalcó el ente acusador en un comunicado.
Negocios del bajo mundo
Dos días después de este cruce de declaraciones, fue asesinado en Pereira uno de los jefes históricos de “la Cordillera”: Bernardo Ángel Ocampo (“Berny”).
El 8 de octubre, cuando salía de misa con su pareja y dos escoltas, fue atacado por sicarios contratados en Medellín. Murieron él y su guardaespaldas Óscar Javier Giraldo Agudelo (“Osama”), al igual que uno de los atacantes, Santiago Bedoya Hernández.
El homicidio quedó grabado en cámaras de vigilancia y videos aficionados, que se viralizaron en redes sociales.
La cercanía de la muerte de “Berny” con los reclamos del presidente Petro a la Fiscalía levantó suspicacias en algunos sectores de la oposición al Gobierno, pero fuentes cercanas al caso le contaron a EL COLOMBIANO que detrás del crimen, presuntamente, hay un cobro mafioso de dinero que involucra a un antiguo líder de la estructura ilegal, conocido como “Tres Caras”.
Según una de las fuentes, la enemistad entre ‘Berny’ y ‘Tres Caras’ empezó por el cobro de una deuda que había adquirido este último con un concesionario de vehículos de alta gama, donde compró tres carros valorados en $1.800 millones.
Hizo un primer abono de $350 millones y, cuando finalizaron los trámites legales y los automotores quedaron a nombre de sus testaferros, “Tres Caras” decidió que no iba a pagar el resto de la plata.
La hipótesis investigativa sugiere que los dueños del concesionario le pidieron a “Berny” que cobrara la deuda, a cambio de darle un porcentaje del dinero recaudado.
“Entonces ‘Berny’ se reunió con su antiguo socio y le cobró la plata. ‘Tres Caras’ le dijo que iba a pagar y se dieron la mano, pero después le mandó a los sicarios”, según una de las fuentes consultadas.
La jerarquía delincuencial
Funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía le contaron a este diario que “la Cordillera” surgió entre los años 2003 y 2004, como una especie de oficina mafiosa con redes urbanas en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío.
Uno de sus cofundadores fue el comandante paramilitar Carlos Mario Jiménez (“Macaco”), quien al mismo tiempo participaba en la mesa de negociaciones entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Gobierno.
En la actualidad, no tiene un único cabecilla en su jerarquía, sino una especie de mando colegiado o mesa directiva, similar a la estructura de comando de la organización “la Oficina”, que delinque en el Valle de Aburrá.
De esa cúpula forman parte “Diego Pereira”, “el Burro”, “Marulo”, “Santiago” y “Gordo Eleázar”, entre otros, a quienes la Policía señala de liderar a cerca de 300 integrantes.
Su principal fuente de ingresos es el narcotráfico transnacional, con rutas a Estados Unidos, Centroamérica y Europa, aunque también se dedican al sicariato, las plazas de vicio, la extorsión, pagadiario, cobro de deudas, secuestros, tráfico de armas, lavado de activos, testaferrato y amenazas.
“Ellos tienen sus principales operaciones en Pereira, Dosquebradas (Risaralda) y Armenia, donde prácticamente no se mueve una mosca sin la autorización de ellos. Muchos de los cabecillas viven en fincas de Manizales”, relató un oficial, quien solicitó la reserva de su identidad.
En las áreas urbanas articulan a bandas más pequeñas y algunas deben pagarles “impuestos” para poder delinquir.
Uno de los crímenes recientes que los salpica es el asesinato de Lucas Villa, el 5 de mayo de 2021. Era un reconocido líder juvenil que participó en las marchas del llamado estallido social (2021).
Como sospechoso del caso, el CTI capturó el pasado mes de julio a Jonatan Mejía Hurtado (“Truan”), supuesto coordinador de sicarios de “la Cordillera”.
Según el reporte del ente acusador, “los máximos cabecillas de ‘La Cordillera’ consideraban que la labor que ejercía Villa en las jornadas de protesta afectaba los intereses del grupo. Lo veían como una amenaza porque las movilizaciones que promovía sobre el viaducto que une a Pereira con Dosquebradas impedían el paso de estupefacientes a las dos ciudades, así que fueron interrumpidas las actividades de narcomenudeo y se redujeron las rentas ilícitas”.
¿Será que con tantos crímenes y escándalos, ahora sí las autoridades se proponen desmantelar esta estructura mafiosa?
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ANEXO: OTRAS BANDAS URBANAS DE ALTO PELIGRO
De acuerdo con registros de la Fiscalía, en Colombia hay aproximadamente 2.005 grupos de crimen organizado. Además de las grandes organizaciones de alcance nacional, como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, la lista la encabezan:
- La Oficina (Valle de Aburrá).
- La Cordillera (Eje Cafetero).
- Los Flacos (Cartago).
- La Inmaculada (Tuluá).
- Clan Oriente (Oriente de Antioquia y Magdalena Medio).
- Los Costeños (Barranquilla).
- Los Pachenca (Santa Marta).
- Los Pelusos (Catatumbo).
- Los Puntilleros (Llanos Orientales).
