La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó enérgicamente la muerte de Jimmy Rosero, personero del municipio de Cumbitara, Nariño, quien primero fue secuestrado y posteriormente asesinado por un grupo armado ilegal.
A través de la red social X, la entidad reiteró a estos grupos su “obligación de respetar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.
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El hecho, ocurrido en la conflictiva cordillera nariñense, generó una fuerte reacción de rechazo tanto de organizaciones de derechos humanos como de instituciones nacionales.
La información preliminar de las autoridades indica que este martes Rosero estaba en una reunión con habitantes de la vereda Piedras Blancas, en Cumbitara, cuando llegaron desconocidos armados y lo obligaron a abordar una camioneta. Su cadáver fue encontrado horas más tarde, abandonado en un sector conocido como Puente Rojo.
La ONU urgió al Estado colombiano a implementar medidas efectivas de protección y prevención en la zona para evitar que los grupos armados continúen expandiendo su violencia en los territorios.
“Llamamos a las autoridades a investigar, juzgar y sancionar a los responsables del homicidio del personero de Cumbitara”, señaló la entidad, y expresó su solidaridad con la familia y comunidad de Rosero.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, también repudió el asesinato de Rosero. Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, señaló que la institución ya se encuentra en proceso de verificación de las circunstancias específicas del crimen.
“Recibimos la noticia del homicidio del personero de Cumbitara, quien había sido secuestrado en horas de la tarde. Repudiamos absolutamente este acto y todas aquellas agresiones e intimidaciones que amenacen la vida y labor de los personeros y personeras del país”, expresó Marín Ortiz.
Asimismo, la funcionaria hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que avance con diligencia en la investigación y esclarecimiento de los hechos, destacando que este tipo de agresiones “minan la capacidad de nuestra institucionalidad de derechos humanos de cumplir con su labor en zonas afectadas por el conflicto armado”.
En la zona del crimen hay influencia de la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc.
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