La Corte Suprema de Justicia decidió que la medida de aseguramiento no era necesaria, pero seguirá investigado por el delito de concusión.
La Corte Suprema de Justicia se abstuvo de imponer la medida de aseguramiento al exsenador Armando Benedetti en el proceso que le adelanta por el delito de concusión, que presuntamente cometió entre 2009 y 2011 con la Fiduprevisora, administradora del Fondo del Magisterio (Fomag).
“La Sala consideró en la providencia en la que resolvió la situación jurídica del excongresista, que la medida de aseguramiento no era necesaria. La decisión fue adoptada de forma mayoritaria”, afirmó la corporación.
La Corte empezó su investigación en agosto del año pasado. Un mes después, cuando Benedetti aún estaba formalmente fuera del Gobierno, el excongresista respondió en una indagatoria ante el magistrado Francisco Farfán.
De acuerdo con el expediente, Benedetti presuntamente le pidió dinero a abogados y beneficiarios de resoluciones judiciales para que luego la Fiduprevisora pagara liquidaciones y pensiones vitalicias a maestros de Lorica y Planeta Rica.
Cuando el exsenador acudió a la indagatoria, expresó que a alguien se le ofreció un principio de oportunidad a cambio de declarar en su contra.
“Hay una supuesta persona que había echado unos cuentos míos, pero que nunca ha declarado en contra mía. Lo único que hay son dos declaraciones donde él dice, me iban a ayudar con un principio de oportunidad, pero no lo hicieron porque no hablé mal de Benedetti”, aseguró Benedetti.
Quien supuestamente buscó a la persona para declarar fue el fiscal Daniel Hernández, actualmente en juicio en medio del caso Odebrecht. En el pasado, el excongresista cordobés Otto Bula denunció que Hernández lo amenazó por haber empezado a delatar a personas involucradas en ese entramado de corrupción. Junto a Hernández habría actuado otro fiscal de apellido Parada, cuyo nombre no fue revelado por Armando Benedetti.
En la Corte Suprema reposan al menos cuatro expedientes más por los que Armando Benedetti debe responder. Uno de ellos, una supuesta red de corrupción que desvió recursos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) a cambio de coimas que beneficiaron a varios políticos.
Luego de abrir una indagación y vincularlo al proceso mediante indagatoria, el paso siguiente en la Sala de Instrucción era definir si ordenaba una medida de aseguramiento. La posición mayoritaria, de cuatro votos contra tres, fue la de dejarlo en libertad.
Además, la Sala determinó que es competente para seguir procesando al político, aun si ostenta un cargo diplomático y no es congresista, debido a que los hechos presuntamente delictivos investigados ocurrieron cuando era senador.
