Según la Dirección Administrativa, los servicios permanecen fuera de servicio debido a que los recursos “se encuentran actualmente congelados” por una negativa del Ministerio de Hacienda.
El Senado de la República, a través de su Dirección Administrativa, emitió una circular dirigida a sus funcionarios y miembros de las unidades de trabajo legislativo (UTL) en la que confirma que, por cuenta de una negativa por parte del Ministerio de Hacienda, están suspendidos varios servicios y aplicativos usados en la labor parlamentaria.
Se trata de servicios a los que acceden los funcionarios en la nube o de forma remota tales como su sistema de gestión documental (Controldoc), su aplicativo para consultar proyectos de ley (App misenado) e incluso, su sistema de nómina (Kactus).
Según la Dirección General Administrativa del Senado, estos permanecen fuera de servicio debido a que los recursos destinados para el proyecto ideado para el fortalecimiento y modernización de los sistemas de información e infraestructura tecnológica “se encuentran actualmente congelados” para la vigencia 2025.
“Lo anterior, en consideración a que durante el año 2024 no se aprobó el tema presupuestal de las vigencias futuras para el año 2025 por parte del Ministerio de Hacienda para proyectos de inversión, situación que impidió la asignación de los recursos para darle continuidad a los servicios alojados en la nube”, se lee en la circular emitida por Dirección en conjunto con la División de Planeación y Sistemas, y conocida por EL COLOMBIANO.
Sin embargo, la Dirección aseguró que, una vez se liberen los recursos, “se iniciará el proceso de contratación de estos servicios de manera inmediata”.
A finales de diciembre pasado, luego de que funcionarios de varias entidades del Estado denunciaron retrasos en el pago de sus honorarios por parte del Ministerio de Hacienda, se conoció una situación similar justamente en el Congreso de la República.
A través de otra circular emitida por la Dirección General Administrativa, el Senado les notificó a sus contratistas que el pago de las cuentas de cobro está sujeto al flujo de caja asignado por la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Hacienda.
Por ello, les advirtió que “las cuentas que no se puedan pagar quedarán constituidas como reservas presupuestales y en los estados financieros serán registradas como cuentas por pagar, en el entendido que corresponden a bienes y servicios recibidos a satisfacción, acorde a los principios contables de esencia sobre la forma y devengo”.
En la misiva se les pedía a los contratistas cumplir estrictamente con los requisitos y procedimientos para las cuentas de cobro, precisando que tenían como plazo entre el 18 y el 20 de diciembre.
Previo al 24 de diciembre, desde varias entidades adscritas a la rama Ejecutiva les aseguraron a algunos de sus contratistas y colaboradores que su remuneración podría demorarse hasta 2025. Inclusive, les hicieron peticiones como trabajar de forma virtual para mitigar los impactos de la medida.
Una de estas entidades es la Agencia Nacional de Tierras (ANT), desde donde se conoció que recibieron una carta con fecha del 19 de diciembre en la que les recomendaron a los directores y altos mandos de la institución prevalecer el trabajo virtual en el cierre del año.
“La Secretaría General, en consideración a la especial situación que se presenta en este cierre del año y en atención a las circunstancias presupuestales sobrevinientes que son de público conocimiento, explícitas en la falta de desembolso de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, recomienda (...) dar prelación a la prestación de servicios contractuales preferiblemente de manera virtual en el cierre de la vigencia 2024”, dice el memorando emitido a los contratistas de la ANT.
